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Junqueras y los presos independentistas electos piden al Supremo la libertad para ejercer como diputados

Fueron elegidos en las pasadas elecciones generales del 28 de abril.

También Raül Romeva pide la libertad provisional para ejercer como senador.

Las defensas de los acusados en el juicio del ‘procés’, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, que resultaron electos en las elecciones generales del 28 de abril, han presentado este miércoles un escrito en el Tribunal Supremo solicitando que se revoque su prisión provisional y les ponga en libertad provisional para poder «ejercer con plenitud» como diputados y senadores.

En concreto, el escrito de la defensa de Sánchez, Turull y Rull pide el Supremo que solicite el suplicatorio de sus defendidos a las Cámaras Baja y Alta para poder seguirles juzgando y que se suspenda el juicio mientras éste se tramita y que alce la medida cautelar de prisión provisional que pesa sobre sus defendidos que ya son parlamentarios electos.

Así lo han explicado a las puertas del alto tribunal los abogados Jordi Pina, que representa a los elegidos para el Congreso de los Diputados por JxCat Jordi Sánchez, Josep Rull, y Jordi Turull; y Andreu Van Den Eynde, que ejerce la defensa del elegido para la cámara baja Oriol Junqueras y del designado para el Senado Raül Romeva.

Ejercer con «todas las garantías y derechos»

Ambos abogados consideran fundamental que se les otorgue la libertad provisional para que sus defendidos puedan ejercer sus derechos políticos con «todas las garantías y derechos», no sólo para jurar o prometer el cargo en dicha jornada, sino para ejercerlo plenamente a lo largo de la legislatura.

Los letrados recuerdan que antes de la constitución de las Cortes, los diputados y senadores deben presentar sus credenciales para poder luego asistir al pleno de constitución. En este caso, el abogado de Junqueras y Romeva, en su escrito solicita que «para poder cumplimentar dichos trámites» sus defendidos, «precisan de la tutela del Tribunal para que sus funciones representativas puedan desarrollarse sin perturbación».

Además, ambos letrados recuerdan que la tramitación del suplicatorio obliga también a «revisar y dejar sin efecto las medidas cautelares que puedan limitar o condicionar el ejercicio del cargo, especialmente las que afecten a la libertad personal».

En este sentido, Pina argumenta la necesidad de solicitar «la autorización necesaria (del Congreso) para proceder con la continuación» del juicio y recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 753 «da un paso más» al prever «la suspensión del proceso judicial a la espera de la resolución de los suplicatorios de los encausados».

Inmunidad parlamentaria

También ambos abogados afirman que, en base al Reglamento del Congreso, la inmunidad parlamentaria comienza desde el momento mismo en que los diputados son proclamados electos. Van den Eynde entiende que «la protección de la función parlamentaria debería vincularse con el otorgamiento de la libertad provisional» o en todo caso con medidas menos gravosas como la fianza.

La petición también se fundamenta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos de 750 a 756) que según esta parte incluye una previsión específica respecto al procedimiento a seguir contra diputados o senadores que son proclamados electos «después de haber sido procesados», como es el caso.

De lo contrario, segun el abogado de Junqueras y Romeva, «se estaría vulnerando su derecho de sufragio pasivo como candidato electo, y también el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos que, con su voto, contribuyeron a su elección». A las puertas del Supremo, también ha hecho hincapié en que piden el «amparo» de un «derecho fundamental», el de representación política.

«Pedimos la libertad para que pueden ir no solo el día 21, sino también a otras actuaciones posteriores que tienen que ser presenciales, no pedimos ninguna alternativa más que la libertad», ha señalado a los medios Pina.

Van Den Eynde ha manifestado también que sus representados, «de una forma u otra ya ha sufrido la limitación de sus derechos cuando se presentaron como parlamentarios en el parlamento catalán», y que «ahora por primera vez han asumido un estatus diferente de diputado o senador, que les otorgan incluso un haz de garantías que van mucho más allá que las que tiene un paralamentario en Cataluña». Ello implica incluso la necesidad de solicitar una autorización de las Cámaras», ha añadido.

Representantes de la ciudadanía

El escrito de Van Den Eyden abunda también en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para apuntalar sus peticiones e incide en que la propia doctrina jurisprudencial establece que una vez que el candidato recibe el apoyo del electorado, «se convierte en representante del conjunto de la ciudadanía, y no sólo de los votantes directos, en virtud de la prohibición del mandato imperativo».

Se trata, según la defensa de Junqueras y Romeva de derechos «que encarnan la participación política de los ciudadanos en el sistema democrático, en conexión con los principios de soberanía del pueblo y del pluralismo político consagrados en el artículo 1 de la Constitución» y que aparecen como modalidades o variantes del mismo principio de representación política.

También cita otro artículo de la Constitución, el 23.2, que garantiza a su juicio «que los que hayan accedido a los cargos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas», y añade que «la necesidad de suplicatorio de las Cámaras aboga a favor de dicha idea».

Entretanto, la Sala todavía no se ha pronunciado en ningún sentido, si bien ha establecido el fin de las testificales para el 20 de mayo, mientras que el 21 no ha fijado sesión, día en el que se constituyen las Cortes y en el que, según el Reglamento del Congreso, los diputados electos deben acudir al pleno de la Cámara para jurar o prometer su cargo.

RTVE

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