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Chile y la COP 25: una relación desafiante

El 11 de abril se lanzó oficialmente la cumbre por el cambio climático de Naciones Unidas (NU), que se realizará entre el 2 y 13 de diciembre de 2019 en Chile. Sputnik entrevistó a la ministra de Ambiente y presidenta de la cumbre, Carolina Schmidt, y te cuenta por qué el evento ha desatado un debate ciudadano.

Por Angelina de los Santos*

Largo y angosto, Chile es hogar de montañas y volcanes, glaciares y géisers, salares y desiertos; tiene áreas silvestres protegidas y paisajes naturales que han sido considerados maravillas del mundo y —también— áreas donde el Estado tolera el «sacrificio» de aire, suelo, agua y habitantes en pos del «progreso» nacional.

En ese territorio tan dispar, entre el 2 y 13 de diciembre se celebrará el evento medioambiental más importante del mundo: la Conferencia de las Partes por el Cambio Climático de NU número 25 (COP 25).

La ministra de Ambiente chilena y presidenta de la COP 25, Carolina Schmidt, contestó algunas preguntas de Sputnik a través de un correo electrónico.

Santiago dará alojamiento a entre 20.000 y 25.000 personas pertenecientes a delegaciones de 195 países. La COP 25 es el evento más grande organizado por Chile desde la Copa Mundial de Fútbol de 1962.

santiago de chile

Santiago de Chile.

El Ejecutivo sólo tiene ocho meses para su organización, ya que recién en diciembre de 2018 —durante la COP 24 en Katowice (Polonia)— Chile se propuso como candidato, después de que Brasil y Costa Rica retiraran su oferta para ser anfitriones del evento. Su propuesta fue aceptada en marzo de 2019.

Además, en noviembre Chile será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que también se realizará en la capital. A los posibles problemas de congestión en la Región Metropolitana y al poco tiempo para organizar la COP 25, se suman la insuficiente capacidad hotelera de Santiago, dificultades de transporte y logística.

Los inconvenientes fueron reconocidos por Schmidt en una carta que envió desde Polonia al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país para consultar sobre la posibilidad de realizar el evento, y que fue publicada por El Mercurio en su edición impresa del domingo 24 de marzo de 2019.

«Es crucial que los miembros del comité [de NU] estén plenamente conscientes de los desafíos y entiendan que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, podríamos no estar en la posición de proveer las mejores soluciones, porque las condiciones de la ciudad están más allá de nuestro control», escribió Schmidt.

La ahora presidenta de la COP 25 solicitó realizar el evento en enero de 2020, pero NU rechazó el pedido alegando que muchos países, sobre todo africanos, no podrían asistir a la cumbre por sus festividades religiosas.

Se sobreentiende que otro de los desafíos que debe enfrentar el Ejecutivo es juntar el dinero necesario para financiar el mega evento. En marzo de 2019 el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, dijo al multimedio chileno PAUTA que costaría aproximadamente 83 millones de dólares.

Consultada al respecto, la presidenta de la COP 25 dijo que «la inversión necesaria puede variar y cada COP se adapta al país anfitrión». Aunque Sputnik le preguntó por la cantidad de dinero que se necesitará para la número 25 y quiénes son los financistas, se limitó a mencionar que el Congreso chileno aprobó 35 millones de dólares del fisco, y que el resto serán «contribuciones de privados».

«Estamos en etapa de reuniones con distintos actores del mundo público-privado para diseñar junto a la Secretaría la mejor sede posible», dijo a Sputnik Schmidt, quien en marzo explicó ante la Cámara de Diputados que la idea es «promover» la presencia de empresas que puedan mostrar cómo están avanzando en la «reconversión hacia procesos productivos sustentables y limpios».

El Gobierno aún no ha hecho pública la lista de las empresas que financiarán la COP 25. Sin embargo, organizaciones ciudadanas y parlamentarios se alarmaron ante el rumor de que una podría ser AES-Gener, dueña de cinco de las 28 termoeléctricas a carbón instaladas en el país, y demandada por daño laboral y moral a causa de más de 300 varamientos de carbón en las costas de la Bahía de Quintero, Valparaíso.

«Una de las cuestiones mínimas que la ciudadanía demanda en relación con el cambio climático —y también en relación a dejar de dañar la salud de la población—, es el cierre de las termoeléctricas», dijo a Sputnik Ezio Costa, director de FIMA.

Uno de los legisladores que expresó públicamente su desasosiego fue el senador Juan Ignacio Latorre, perteneciente a Revolución Democrática, quien advirtió que la COP 24 fue financiada por empresas con «múltiples antecedentes de desarrollo de actividades altamente contaminantes». Considera que para algunas empresas financiar la COP 25 puede ser una oportunidad de publicidad y lavado de imagen.

Ante la pregunta de qué precauciones se están tomando desde la organización de la COP 25 para evitar el «lavado de imagen», Schmidt guardó silencio.

Chile y el cambio climático

Lo que le interesa al Gobierno es «sensibilizar e involucrar a los chilenos en la acción climática», porque «el cambio climático no distingue límites geográficos ni nacionalidades», escribió la presidenta del evento en el correo electrónico que envió a Sputnik.

Chile es el responsable de apenas el 0,25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sin embargo, es «muy vulnerable» al cambio climático, se lee en la web oficial de la COP 25.

El país andino tiene zonas costeras bajas, otras forestales expuestas al deterioro forestal, algunas propensas a los desastres naturales, expuestas a la sequía y la desertificación, zonas de alta contaminación atmosférica urbana, con ecosistemas montañosos.

Además, Chile es un país cuya «economía depende en gran medida de los ingresos generados por la producción, el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados de energía intensiva, o de su consumo».

Todas estas características sitúan a Chile entre las 10 naciones más afectadas por el calentamiento global, según el reporte de Índice Global de Riesgo Climático 2017, presentado por Germanwatch en la COP 22 citado en la web del evento.

En esa sintonía habló el presidente de Chile, Sebastián Piñera, durante la presentación oficial de la COP 25, el pasado 11 de abril en el Palacio de La Moneda. Allí aseguró que en el evento «van a participar los gobiernos, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y aquellas que están dedicadas a la protección del medio ambiente, los medios de prensa, toda la comunidad», dijo el presidente. “Llegó el tiempo de la acción”, agregó.

Hasta ahora, los ciudadanos organizados sostienen que el Gobierno ha impulsado el evento de la mano de actores privados; una relación que se ha construido sobre la base de financiar, o no, la organización de la cumbre.

Mientras Piñera discurría, más de 60 grupos de ciudadanos organizados estaban reunidos lejos de lo suntuoso planificando una «contracumbre». Quieren presionar al Ejecutivo para que sea coherente entre lo que plantea a nivel internacional y las acciones que se desarrollan a nivel local, aseguró Costa.

Los nudos de tensión

En el territorio chileno todavía están funcionando 28 termoeléctricas a carbón, responsables del 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) del país, según un informe elaborado por informe elaborado por Chile Sustentable en 2018.

Estas industrias pertenecen a cinco empresas (AES-Gener Engie, Enel, Colbún y la Compañía de Generación Industrial), y están concentradas en sólo seis comunas, que casualmente son de las más pobres del país.

En noviembre de 2018 la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que el Gobierno y las empresas firmaron un acuerdo para no construir más centrales a carbón y que estaban elaborando un plan para cerrar las 28 ya existentes. Jiménez se comprometió a presentar un cronograma durante el primer trimestre de 2019, pero aún no lo ha hecho público.

A menos de que lo haga antes, para la fecha de la COP 25 Chile también tendrá pendiente la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata del primer tratado medioambiental que aboga por acceso a la información, participación pública y accionar de la Justicia en asuntos ambientales que el propio Chile patrocinó desde 2012, pero que a fines de septiembre de 2018 Schmidt prefirió no firmar para no poner en «riesgo» la «soberanía del país».

A su vez, Chile ha sido escenario de severos episodios masivos de intoxicaciones de personas por emisiones de gases en la Bahía de Quintero, donde hay 19 industrias instaladas.

Desde 1988 se han registrado envenenamientos e incidentes ambientales en la zona. El episodio de intoxicación más grande hasta el momento se dio entre agosto y septiembre de 2018, cuando unas 1.700 personas resultaron envenenadas, principalmente niños. Hasta la fecha no se sabe cuáles fueron los gases que produjeron los envenenamientos, ni de qué empresas provinieron.

En febrero de 2019 la ciudadanía organizada llegó a demandar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo ocurrido en la Bahía de Quintero en 2018.

Otra de las situaciones controversiales en las que se encuentra Chile se relaciona con el agua. Diversas organizaciones sociales han denunciado que el país anfitrión de la COP 25 tiene un sistema de agua privatizado con un mercado de precios fijados por particulares y escasa capacidad regulatoria del Estado.

En abril de 2019 La Tercera publicó un artículo en el que advertía que «la grave situación de sequía que vive el país se mantiene silenciosa, pero latente».

El director de la Dirección General de Aguas, Óscar Cristi, explicó en un informe al que accedió el periódico que «la menor disponibilidad de agua se debe en gran parte al cambio climático y al aumento en la frecuencia y duración de las sequías, y también al sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento por parte del Estado, la sobreexplotación de las aguas subterráneas y las mayores necesidades para el consumo humano y otras actividades».

Lo sucedido con la Laguna de Aculeo, en la Región Metropolitana de Chile, es un ejemplo. Hasta mayo de 2018 tuvo agua y vegetación, hoy en los 12 kilómetros cuadrados que la conforman hay cascotes de tierra seca y pastos amarillos.

Ante la disminución del caudal de agua que los vecinos del lugar venían constatando desde 2014, las autoridades locales y gubernamentales decían que se debía al calentamiento global. La precipitación media anual en esa zona de Chile durante la década de 1980 fue de casi 350 mm. En 2018 cayó la mitad de agua.

No obstante, en agosto de 2017 los vecinos constataron que «todos los principales esteros afluentes de las lagunas habían sido desviados a terrenos agrícolas, para que tomen otros cauces, a otras cuencas». El de la sequía, fue un proceso lento, dijo a Sputnik Jenny Caru, vocera de la organización civil Que no muera Aculeo.

La laguna tenía 41 mil millones de litros de agua. Técnicamente, Aculeo ya no es laguna. «La secaron», resumió Caru.

La contracumbre ciudadana tiene el objetivo de dejar «en evidencia estos temas», señaló Costa a Sputnik. «Queremos presionar al Gobierno por soluciones que tomen en cuenta a la ciudadanía y que quienes han estado causando los problemas, las empresas contaminantes, no sean los que se vean beneficiados con las soluciones», agregó.

Esta cumbre puede ser una oportunidad para lograr la transformación hacia el desarrollo sostenible que la presidenta de la COP 25 y el presidente Piñera dijeron deseaban para Chile. Pero también puede ser una oportunidad para que el Gobierno genere una real apertura a los reclamos y propuestas ciudadanas. Juntos pueden empezar a construir un Estado protector del medio ambiente y garante de los derechos de todos. El «tiempo de la acción» es hoy.

*Sputnik

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