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Tribunal de Colombia ordena libertad de líder de FARC ‘Jesús Santrich’ y niega extradición

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) anunció este miércoles que decidió no avalar la extradición a Estados Unidos del líder de la antigua guerrilla FARC Seuxis Paucias Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, y ordenó a la Fiscalía ponerlo en libertad de manera inmediata.

«ATENCIÓN. JEP aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a Fiscalía de Colombia disponer libertad inmediata», indicó la JEP a través de su cuenta en Twitter.

La decisión de la JEP (tribunal de paz creado en el marco de los diálogos de La Habana para juzgar a militares, excombatientes de FARC y terceros que financiaron el conflicto armado) significa que el exguerrillero deberá cumplir en el país con los compromisos adquiridos tras la firma del Acuerdo Final de Paz, como la reparación de víctimas, la contribución a la verdad y la garantía de no repetición.

‘Santrich’, uno de los negociadores del acuerdo de paz en La Habana entre las FARC y el Gobierno, fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos quince millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo y por lo que es pedido en extradición.

Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, ‘Santrich’ no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP, que este miércoles emitió su fallo sobre el tema.

A finales de 2018, los magistrados de la JEP manifestaron su oposición por la forma en la que Estados Unidos hizo el pedido de extradición de ‘Santrich’ (quien permanece detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá) con base en un acuerdo entre ambos países, lo que generó un fuerte debate en el país.

En una decisión inédita, la JEP, a través de la Cancillería colombiana, reclamó a EEUU «las evidencias que soportan el pedido de extradición» de ‘Santrich’, lo que, a juicio de varios sectores políticos y analistas colombianos, viola los principios internacionales, según los cuales Colombia no evalúa o cuestiona las pruebas que asegura tener otro país.

La decisión de reclamar a EEUU las pruebas contra ‘Santrich’ fue votada a favor por los magistrados de la JEP Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck y Adolfo Murillo, lo que también generó división al interior del tribunal, ya que las magistradas Claudia López y Gloria Amparo Rodríguez se apartaron de esa medida.

A juicio de ambas magistradas «la decisión desconoció la autoridad judicial extranjera y los tratados internacionales sobre cooperación judicial internacional, pues dudó de la legalidad del indictment presentado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York».

Dicho de otro modo, a juicio de las magistradas López y Rodríguez «controvertir el indictment invade la jurisdicción penal» de EEUU con el fin de dar curso a un procedimiento penal ordinario paralelo, lo cual es impropio del trámite de extradición.

Por su parte, el Departamento de Estado de EUU rechazó en su momento la petición de la JEP tras considerar que todas las pruebas en contra de ‘Santrich’ estaban citadas en la petición de extradición.

La decisión de no extraditar a ‘Santrich’ será apelada por la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público), que en un comunicado dijo que considera que el caso debe ser decidido por la Corte Suprema de Justicia.

«La Procuraduría ha sido enfática en que la acusación de la autoridad judicial extranjera contra ‘Jesús Santrich’ goza de presunción de legalidad; y que la valoración de las pruebas que reposan en la JEP deben orientarse a establecer si los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz», indicó la Procuraduría.

El Ministerio Público tiene cinco días para sustentar su apelación, que será decidida por la Sección de Apelaciones de la JEP en un máximo de 30 días hábiles.

Sputnik

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