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Diputado de FARC denuncia que ‘Jesús Santrich’ está herido en una cárcel de Bogotá

El exlíder guerrillero colombiano ‘Jesús Santrich’, cuya extradición a EEUU fue denegada esta semana por el tribunal de justicia transicional Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se encuentra herido en la cárcel de La Picota, en Bogotá, y no ha recibido atención médica, denunció un diputado de su fuerza política.

«Atención nuestro compañero Jesús Santrich se encuentra en este momento herido en la cárcel La Picota y no le prestan atención médica», escribió en su cuenta de Twitter el representante Benedicto González, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Periodistas y seguidores de Santrich, cuyo verdadero nombre es Zeuxis Pausias Hernández Solarte, esperaban afuera de La Picota la demorada liberación del dirigente, cuando aparecieron las denuncias de que se encontraría herido, según el diario El Tiempo.

El periódico citó al abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, quien dijo: «No sé si se intentó suicidar o si alguien lo lesionó; está herido en su celda de aislamiento; estamos pidiendo que en Colombia alguna autoridad responda».

A su vez, el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, confirmó que ‘Jesús Santrich’ sufrió heridas leves en la cárcel bogotana de La Picota y está recibiendo atención médica.

«Entiendo que tiene unas heridas menores; la causa no la conocemos, pero está siendo atendido en el centro penitenciario», dijo Carrillo, según declaraciones citadas en la página web de la emisora local RCN Radio.

La JEP, sistema de justicia transicional creado para juzgar crímenes de los combatientes en la guerra civil que terminó en 2016, dictaminó el 15 de mayo que no concedería la extradición de Santrich a EEUU, donde se lo pedía para juzgarlo por narcotráfico, y ordenó a la fiscalía ponerlo en libertad de manera inmediata.

Se acusaba al exguerrillero de las ahora extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) un supuesto acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del acuerdo de paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplables por la justicia transicional de la JEP.

La JEP solicitó a EEUU a través de la cancillería colombiana «las evidencias que soportan el pedido de extradición» de Santrich para evaluar en particular las fechas de los hechos.

El Departamento de Justicia de EUU rechazó la petición de la JEP por considerar que todas las pruebas en contra de Santrich estaban citadas en la petición de extradición.

La JEP sostuvo en su comunicado del 15 de mayo que «con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte [Santrich] ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización».

Así, «la aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la Sección [de Revisión de la JEP] no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición».

La JEP observó además irregularidades en el trámite de extradición, porque la fiscalía no presentó la «solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera».

Con todo, el tribunal advirtió que esta decisión «no implica que la conducta se quede sin investigar y, en consecuencia, de conformidad con el principio aut dedere aut judicare [extraditar o juzgar] (…) compete a las autoridades judiciales nacionales [transicionales u ordinarias, según corresponda] definir si tienen competencia para investigar los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente».

La decisión de la JEP fue seguida de la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez y de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

En virtud del acuerdo de paz, el partido FARC obtuvo 10 escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado) por un plazo de 12 años como parte de lo establecido en el acuerdo de paz.

Santrich resultó elegido en los comicios de marzo de 2018, pero un mes después fue detenido, por lo que se presumía que, una vez liberado, ocuparía su escaño en la Cámara de Representantes.

Sputnik

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