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México sufre la peor violencia en un siglo y riesgo de respuesta militarizada

El Gobierno de México reconoció que existe una emergencia de inseguridad que no se vivía desde la Revolución Mexicana de 1910, con cuerpos de seguridad corrompidos, pero la respuesta centrada en una nueva Guardia Nacional militarizada encara a una sociedad desconfiada que exige resultados inmediatos, estimaron expertos consultados por Sputnik.

Por Víctor Flores García*

«La nueva Guardia Nacional que comenzará el 30 de junio en todo el país arrancará con una fuerte desventaja: la profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones», dijo a esta agencia Edgar Cortés, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Para ganar la confianza ciudadana, la nueva corporación «va a tener que salir a conquistarla en territorios muy lastimados por la brutal violencia criminal y la corrupción policial y abusos de uniformados, por ejemplo en Michoacán (sudoeste)», donde una patrulla militar fue desarmada y humillada por pobladores, después de que hirieron de bala a dos civiles, uno de ellos un niño.

El mapa de la violencia está saturado de puntos rojos en una docena de estados, donde la población y las autoridades reclaman con urgencia la presencia de la nueva Guardia Nacional (GN).

Antes de contar con un pie de fuerza completo de 250.000 guardias, previsto para 2023, la nueva corporación comenzará con 82.000 efectivos procedentes de cuerpos policiales, militares, navales y federales.

Qué tan rápido estará lista para operar y qué eficacia mostrará esa corporación son preguntas aún sin respuesta; pero al Gobierno le urgen resultados.

El tamaño del reto lo definió el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, en el mismo territorio donde ocurrieron los hechos insólitos de Michoacán, en el municipio de Apatzingán, donde la población se alzó en las llamadas «autodefensas armadas».

«Por muchos años, la violencia y la criminalidad se han sustentado en la desviación de funcionarios que amparan y protegen a grupos criminales y conductas delictivas; y el resultado ha sido la más grave crisis de violencia que ha vivido nuestro país desde la Revolución Mexicana», diagnosticó esta semana Durazo.

Cortés, quien ha participado en capacitación en derechos humanos de mandos policiales, señala que «este proceso de violencia se combina con una grave debilidad institucional del Estado y una perversión de instituciones desprestigiadas».

RIESGO DE MILITARIZACIÓN

Las estrategias de seguridad pública aplicadas en los últimos 12 años fracasaron, y sobre los militares pesa un expediente de abusos perpetrados.

«No va ser fácil el despliegue de la GN, porque el mero traslado de los militares a sus filas no los convierte en automático en policías ni los dota de nueva mentalidad», advirtió Cortés.

Asimismo, la reforma constitucional que dio vida a la GN autorizó a las fuerzas armadas a desplegarse en operativos de seguridad pública hasta 2023, un año antes del fin del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Deben cumplir un proceso de preparación para habilitarlos en la aplicación del plan nacional de seguridad, y hasta ahora no se conocen los planes concretos de formación», comentó.

Cortés, defensor de víctimas de abusos de militares antes organismos internacionales, dijo que el proceso está inconcluso, a pesar de que el Congreso aprobó las leyes de la GN, de «uso de la fuerza» y «registro de detenidos», apegadas al respeto de garantías individuales.

«Todavía falta un buen paquete de protocolos e instructivos para normar el desarrollo de operativos», reveló.

El experto participó en el «Parlamento Abierto» del Senado que dio luz verde a la reforma constitucional para crear la GN.

«El mayor riesgo es terminar con una corporación en la que prevalezca la mentalidad militar y no la policial, como debería suceder», resumió.

El tiempo corre en contra.

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron el jueves que al menos 10 personas defensoras fueron asesinadas entre enero y abril de este año.

Esa cifra está cercana a los 13 casos documentados durante todo el año 2018, una prueba del significativo aumento de la violencia.

La directiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de DDHH, Mariclaire Acosta, dijo a Sputnik que la GN «es más de lo mismo con otro nombre».

La nueva corporación que es presentada por López Obrador como la llave maestra de su estrategia de seguridad «presuntamente va a ser una guardia civil, pero en realidad es una guardia militar», dijo Acosta.

La experta consideró «preocupante que ya empiece a operar sin haberse sometido a una capacitación de Naciones Unidas».

Más desafortunada le pareció la ausencia de planes para rescatar a las policías locales penetradas por el crimen, y las policías de las 32 entidades federales.

«No se considera una reestructuración de las fiscalías ni del corrompido sistema judicial, que son las instancias donde se puede mitigar la crisis», enfatizó.

Así, el nuevo uniforme es «sencillamente un disfraz», dijo.

«Hay mucha retórica, pero no vemos cambios, vamos por la misma senda que ya ha fracasado», puntualizó.

Más de 200.000 personas perdieron la vida en 12 años de confrontación militar contra el crimen organizado, y en los cuatro primeros meses de 2019 fallecieron 11.221 personas, lo que hace del período el cuatrimestre más violento de la historia.

*Sputnik

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