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El juez decide no televisar el juicio de los ordenadores de Bárcenas

El magistrado accede a la petición del PP y prohíbe la emisión de la vista oral que comenzará el próximo viernes.

El auto recuerda que en el juicio hay testigos que no son públicos y supondría «una exposición desproporcionada».

El juez Eduardo Muñoz Baena ha accedido a la petición realizada por el PP  y por la Fiscalía y ha prohíbido la retransmisión en directo del juicio por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas, donde la formación política se encuentra acusada, que comienza este viernes, 14 de junio.

En un auto dictado este lunes, el magistrado rechaza autorizar la cobertura íntegra de la vista oral mediante señal institucional, pero no impone restricciones para que los medios de comunicación accedan a la sala de vistas para que puedan informar sobre el desarrollo del juicio. En este sentido, el juez comunica que «la emisión de imágenes se limitará a grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales».

El titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid admite que es «lógico y notorio el interés social y mediático» del juicio, pero recuerda que hay tres acusados distintos del PP y testigos que no son personajes públicos y estima que televisarlo les puede suponer «una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación».

Además del PP, están acusados en este caso la extesorera del partido Carmen Navarro; José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del Sistema de Informática; y el abogado Alberto Durán, que era asesor jurídico del PP.

Interés mediático y social

Para conciliar «en la medida de lo posible» el interés social y mediático del caso con «una razonable preservación del anonimato» de los tres acusados, resuelve, la emisión de imágenes se limitará a grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con los planos de los acusados posteriores o laterales.

Además de preservar ese anonimato, el juez recuerda que la vista tendrá varias sesiones y considera que facilitar señal de televisión completa no es compatible con las cautelas que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que permitiría que los testigos puedan seguir la declaración de los acusados y de otros testigos citados antes.

De otros juicios sí que se facilita señal a los medios de comunicación y el juez reconoce que ello no compromete necesariamente la validez de las declaraciones, pero considera que «impide minimizar el riesgo» de que intervención se vea influida o condicionada por el contenido previo del juicio.

El Ministerio Público ha argumentado que se traba de «garantizar el derecho de defensa» y evitar «que los testigos que hayan de declarar en el juicio oral puedan tener conocimiento de lo que hubiesen declarado otros testigos o, incluso, los propios acusados».

En este sentido el magistrado explica en su resolución que esta circunstancia hace comprensible «otorgar las máximas facilidades a los medios de comunicación acreditados para quepuedan llevar a cabo su labor informativa del desarrollo del plenario».

Bárcenas y Cospedal, citados

Entre los testigos que acudirán a la sede judicial se encuentra el propio perjudicado, Luis Bárcenas, que tampoco acusa, ya que se retiró del procedimiento en septiembre de 2016. No obstante, tendrá que acudir a la sede judicial el día 20 de junio, ya que las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida y Adade han solicitado su testifical.

Ese mismo día también comparecerá como testigo la que fuera ‘número dos’ y la ex secretaria general el PP María Dolores de Cospedal.a petición de estas dos acusaciones y el Observatori Desc por su «condición de superior jerárquica» sobre el informático y la extesorera.

También destacan que habría tenido «conocimiento de los hechos investigados» por la declaración que prestó como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, durante la instrucción del caso Gürtel y los denominados ‘papeles de Bárcenas’.

Izquierda Unida es la acusación popular que interesa las condenas más severas para los acusados. Solicita que el PP sea penado con una multa de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y seis meses de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.

Por su parte, el Observatori Desc solicita para la extesorera del PP la pena de dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático interesa la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, por las mismas conductas penales. Para la formación política pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones por un plazo de cinco años.

Por último, Adade considera necesario que el PP sea multado con 109.500 euros por el delito de daño informático y que la extesorera y el abogado de la formación sean condenados con dos años de prisión por ese delito.

RTVE

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