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Principal problema de cárceles federales argentinas es la sobrepoblación, dice procurador

El crecimiento desmesurado de la población carcelaria en prisiones federales de Argentina lleva a que se haya alcanzado un récord histórico de 14.216 personas privadas de libertad, un problema que deriva en otras vulneraciones a los derechos de los reclusos, afirmó en entrevista exclusiva con Sputnik el procurador penitenciario Francisco Mugnolo.

«Con las prisiones llenas de presos, la sobrepoblación es la principal situación que hoy tiene que resolverse respecto de las cárceles federales», dijo Mugnolo, director de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), un ente descentralizado y autónomo de los tres poderes del Estado.

El número de personas recluidas en los 35 centros penitenciarios federales de Argentina supera en 1.981 la capacidad máxima de esas prisiones, que es de 12.235 internos, por lo que la sobrepoblación supera el 16 por ciento, de acuerdo a las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal.

La inmensa mayoría de los reclusos están procesados y no condenados, pero aun así están privados de su libertad «por prolongados tiempos procesales, lo que se transforma en una condena anticipada», observó Mugnolo.

«Esta condición de sobrepoblación conlleva otra serie de conflictos y cuestiones que son violatorias de los derechos fundamentales de las personas, desde la alimentación y la asistencia médica a los casos de tortura y muerte bajo custodia», profundizó el titular de la PPN.

La institución que dirige registró en 2018 más de 500 denuncias de malos tratos o torturas.

Además, hay «personas que no se atreven a declarar por las represalias que se toman del servicio penitenciario, si bien hemos ganado confiabilidad de los presos y hemos pasado a tener bastante más acompañamiento de aquellos que sufren casos de tortura», dijo.

De las víctimas que sufrieron algún tipo de abuso o maltrato, 330, que representan el 59 por ciento del total, no prestaron su consentimiento para declarar, frente a un 41 por ciento que sí lo hicieron (228 personas).

«Estas situaciones demandan la intervención judicial, pero nosotros realizamos las denuncias sobre hechos de tortura que son difícil de probar», constató Mugnolo.

Uno de los casos más emblemáticos fue la condena en marzo de este año a 14 agentes penitenciarios, ocho de ellos a cadena perpetua, por haber torturado y asesinado a un interno en la Unidad 9 de la provincia de Neuquén (suroeste), Argentino Pelozo Iturri.

«Hace 10 años lo denunciamos y seguimos el proceso judicial, que fue objeto de todo tipo de deformaciones incluso a través de los peritos, pero conseguimos con persistencia alcanzar los objetivos de la denuncia», resaltó el procurador.

Estos son algunas de las observaciones del último informe anual de la PPN presentado este martes en conferencia de prensa y elevado a la comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo y al presidente de Argentina, Mauricio Macri.

MUERTES BAJO CUSTODIA

Entre 2009 y 2018 se contabilizaron 425 muertes bajo custodia en el servicio penitenciario federal, 189 de las cuales fueron violentas, especifica el documento.

La cantidad de casos anuales oscila entre la treintena hasta llegar a un pico de 56 en 2012, con 42 fallecimientos registrados el año pasado, 17 de ellas violentos.

La PPN también observó que entre los colectivos más vulnerables dentro de la población carcelaria se encuentran las mujeres, que hace una década casi no representaban un porcentaje significativo.

En el último trimestre de 2018 se encontraban alojadas en las prisiones federales 37 mujeres con sus hijos y ocho embarazadas.

«Es tal vez producto de alguna legislación respecto de los casos de tráfico de estupefacientes, siendo la mujer el eslabón más débil», conjeturó Mugnolo.

El análisis brindado por la PPN en su informe anual corrobora, en suma, que «en general es poco lo que se ha mejorado, si bien se han hecho esfuerzos, pues los penitenciarios han tenido que acomodarse a algunas mejoras y hay una corriente de pensamiento de gente joven que quiere replantear el sistema».

Pero la política argentina está encuadrada en un marco «muy punitivo, entonces se aboga por la construcción de más prisiones, cuando lo que hay que hacer es una política que intente que no ingrese la gente a la cárcel, sino establecer acciones alternativas», afirmó al procurador penitenciario de la Nación.

En Argentina sigue vigente la ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal sancionada durante la dictadura de Alejandro Lanusse en 1973.

«Todos los organismos de control y los de seguridad han renovado su ley orgánica en base a criterios más democráticos, pero los servicios penitenciarios siguen con la misma normativa», censuró Mugnolo.

El titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación abogó por la búsqueda de un sistema, con la ayuda de todos los sectores sociales, «que ofrezca otro resultado en la manera de recuperar a la gente y de transmitir la realidad a la gente para que sea más receptiva con respecto a los que tuvieron un conflicto con la ley penal», concluyó.

El Gobierno de Macri admitió en marzo de este año el estado de emergencia en que se encuentran las cárceles a través de una resolución del Ministerio de Justicia.

Sputnik

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