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El juicio a los líderes independentistas catalanes queda visto para sentencia

El juicio contra doce líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y otros delitos en el marco del proceso que llevó al referéndum del 1 de octubre de 2017 quedó visto para sentencia este miércoles tras 52 sesiones celebradas a lo largo de cuatro meses.

«El juicio queda visto para sentencia», proclamó el magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal, después de que los doce acusados hicieran uso de sus últimos turnos de palabra.

En la última sesión del juicio, los líderes independentistas rechazaron los cargos formulados en su contra y defendieron su actuación, alegando que fue la ejecución de un «mandato democrático».

Esto difiere de la interpretación de la Fiscalía, que unos días atrás, en la exposición de sus conclusiones, calificó como un «golpe de Estado» al proceso sobreanista catalán.

En concreto, la Fiscalía cree que los líderes catalanes llevaron a cabo «un ataque al orden constitucional» donde «la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia».

Por su parte, la Abogacía del Estado considera que «la violencia no fue uno de los elementos estructurales» del proceso independentista, por lo que no formula acusaciones por rebelión sino por sedición.

El exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, es la persona que afronta mayores penas de prisión en este juicio: la Fiscalía pide para él 25 años de prisión como culpable de delitos de rebelión agravada y malversación mientras que la Abogacía del Estado pide una condena de 12 años por sedición.

En un segundo escalón se encuentran la vicepresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que afrontan una petición de 17 años por un delito de rebelión por parte de la Fiscalía y de 8 por sedición desde la Abogacía del Estado.

En un tercer grupo se sitúan Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa –todos ellos exintegrantes del Gobierno catalán–, que afrontan una petición de 16 años por rebelión y malversación por parte de la Fiscalía y de 12 por sedición desde la Abogacía del Estado.

Finalmente, otros tres exintegrantes del Gobierno catalán –Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó– afrontan peticiones coincidentes por parte de la Fiscalía y la Abogacía, que les reclaman 7 años de prisión por malversación y desobediencia.

A estas peticiones hay que añadir las de la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, que reclama penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para once de los doce acusados bajo la consideración de que todos los delitos anteriores fueron cometidos en el marco de una «organización criminal».

La sesión de este miércoles se puso fin a un juicio iniciado hace justo cuatro meses, el 12 de febrero, y que llevó a más de 400 personas a pasar por el Tribunal Supremo para prestar prueba testifical, encontrándose en la lista de testigos personas tan destacadas como el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, varios de sus ministros, o los mandos policiales encargados del dispositivo para frenar el referéndum.

La base de las acusaciones por rebelión y sedición –las más graves de las formuladas– descansa sobre la interpretación de que las grandes movilizaciones independentistas del 20 de septiembre de 2017 y del 1 de octubre tuvieron un carácter «tumultuario» y «violento».

En la exposición de sus informes finales, las defensas rechazaron de plano esa interpretación recordando que en las manifestaciones del 20 de septiembre, aunque varios coches de policía fueron vandalizados, no hubo heridos ni detenidos.

Del mismo modo, las defensas argumentan que los varios centenares de heridos que se produjeron el 1 de octubre durante la operación policial para detener el referéndum fueron fruto de una actuación irresponsable por parte de las autoridades españolas.

En opinión de las defensas, ninguna de las acusaciones formuladas tiene fundamento a excepción de la referente a la desobediencia, un asunto sobre el que sí admitieron una posible comisión de irregularidades ya que el referéndum fue convocado desoyendo al Tribunal Constitucional.

Las sesiones del juicio tuvieron un gran seguimiento, hasta el punto de que este miércoles se colocaron pantallas gigantes en distintos puntos de Cataluña para seguir los alegatos finales de los acusados.

En esas intervenciones, los acusados reiteraron su compromiso con la causa independentista, denunciaron una persecución ideológica, manifestaron su pesar por la situación de prisión preventiva de nueve de ellos y, finalmente, instaron al Tribunal Supremo a ser conscientes de la relevancia política de la sentencia que deben dictar.

«Ustedes tienen una oportunidad de decir cuáles son los límites derechos y libertades. La democracia se defiende con más democracia y los derechos con más derechos», dijo Jordi Sànchez dirigiéndose al tribunal, al que deseó «toda la luz» de cara a la redacción de la sentencia.

La complejidad del caso y la extensión del juicio hacen que no se prevea la emisión de sentencia al menos hasta que termine el verano.

Sputnik

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