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Guatemala afronta unas nuevas elecciones bajo la sombra de la corrupción

Hastiada de la corrupción, la población de Guatemala eligió en 2015 al cómico Jimmy Morales como su presidente, pero cuatro años después se mantiene este flagelo estructural. Ahora los guatemaltecos están frente a unas nuevas elecciones en las que deben decidir por un nuevo futuro o la continuidad de lo mismo.

Candidatos señalados por corrupción o financiación electoral ilícita figuran entre los aspirantes a dirigir los destinos del país entre 2020-2024 en sustitución de Morales, quien dejará el cargo el próximo 14 de enero.

El eslogan «ni corrupto ni ladrón» llevó a Morales al puesto más alto del país. Pero al ser detenidos su hermano y un hijo por un supuesto fraude al Estado y al ser señalado él mismo por un presunto delito de financiación electoral ilícita, el jefe de Estado la emprendió contra el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo auspiciado por las Naciones Unidas.

Un organismo al que durante su campaña y al inicio de su mandato había respaldado.

1. EL COMIENZO

La Fiscalía y el organismo auspiciado por las Naciones Unidas, que se estableció en 2007 para contribuir a desbaratar las mafias dentro del Estado, intentaron, sin éxito, quitar el desafuero a Morales para someterlo a una investigación por delitos electorales durante la campaña que lo llevó al poder, la de 2015. Pero los diputados del Congreso, de diferentes partidos, fueron sus mejores aliados y decidieron protegerlo.

En agosto de 2017 comenzó la «guerra» entre el mandatario y el jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, a quien declaró «non grato» y lo quiso sacar del país. Pero su decisión fue frenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia de justicia.

2. EL QUE LA SIGUE LA CONSIGUE

Sin embargo, aprovechando una salida del comisionado Velásquez en septiembre de 2018, ya no le permitió volver por considerar que representaba un riesgo para la seguridad y la democracia.

Y en enero pasado puso la guinda. De forma unánime, el presidente canceló el acuerdo que creó la CICIG y ordenó su expulsión de Guatemala bajo el argumento de que sus miembros, pero principalmente el abogado colombiano, se inmiscuyeron en asuntos internos. Aún así, buena parte de su personal ha seguido en el país.

3. DOCE AÑOS

Desde su puesta en funcionamiento en 2007, el organismo de las Naciones Unidas contribuyó a desmantelar una gama de estructuras criminales en la que participaban altos cargos públicos, empresarios, operadores de justicia, diputados y civiles.

La primera y la más importante trama de corrupción, «La Línea», desarticulada en abril de 2015, le costó el puesto al entonces presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos encarcelados y procesados.

Pero no fue la única.

Por la causa del «Transurbano» fue detenido el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), cuya exesposa, Sandra Torres, compite por la primera magistratura con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que, según los primeros sondeos, es una de las favoritas a gobernar el país durante los próximos cuatro años (2020-2024).

Torres fue denunciada por financiación electoral ilícita en 2015, pero el caso no ha prosperado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no le levantó la inmunidad de la que goza como candidata. Por ello sigue intacta con la aspiración de llegar al puesto en el que acompañó como Primera Dama de la Nación a Colom.

4. ¿Y AHORA QUÉ?

Los más de ocho millones de guatemaltecos registrados en el padrón electoral están convocados a las urnas el próximo 16 de junio. Unas elecciones que se consideran como las «más cuestionadas» desde la reinstauración de la democracia en 1986.

La mayoría de aspirantes a la primera magistratura del país, más de una veintena, ni siquiera han revelado sus planes de gobierno o no han sido claros en cómo van a combatir unos de los peores flagelos estructurales que frena el desarrollo y aumenta la pobreza: la corrupción.

Una de las mujeres que destacó por el combate a la corrupción y la impunidad en el país cuando dirigió la Fiscalía (2014-2018), Thelma Aldana, del partido Movimiento Semilla, quedó fuera de la contienda por denuncias en su contra de una supuesta plaza fantasma y por no contar con finiquito.

Contra ella existe una orden de captura internacional y se le considera una prófuga de la justicia, aunque ella asegura que ha sido el «pacto de corruptos», liderado por Jimmy Morales según ella, el que bloqueó su participación, por primera vez, como candidata a la presidencia de Guatemala.

5. UNA LACRA

La Conferencia Episcopal de Guatemala ha alertado a la población para que estén atentos a la idoneidad moral de los candidatos para evitar que personas con viejos vicios de la política o movidos por intereses personales sean elegidos, sobre todo de aquellos que se sospecha hayan participado en actos de corrupción.

Según las estimaciones, un 30 % del presupuesto general del Estado es vulnerable a la corrupción y un estudio presentado en enero pasado por Transparencia Internacional (TI) aseguró que en 2018 Guatemala obtuvo la calificación más baja de los últimos 12 años en el índice de percepción de la corrupción: 27 puntos y el puesto 144 de 180.

6. CICIG, ¿SÍ O NO?

Solo algunos de los candidatos, como Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC), ha expresado su apoyo incondicional a la CICIG, cuyo mandato vence el 3 de septiembre.

Edmond Mulet, del Partido Humanista, plantea una CICIG reformada para seguir luchando contra la corrupción que «nos ha destruido y nos ha corroído», una opinión parecida a la de la única aspirante indígena, Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

El candidato de VAMOS, Alejandro Giammattei, promete hacer un Gobierno electrónico y acabar con el sistema del «dedazo» con el apoyo de «países amigos» porque «esa maldita y asquerosa corrupción es la que nos ha robado el sueño de vivir en una Guatemala diferente».

EFE

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