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Represa colombiana Hidroituango rechaza medidas cautelares ordenadas por la justicia

La colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM), propietaria de la polémica de represa Hidroituango (noroeste) rechazó mediante varios recursos las órdenes de un juez para evaluar la viabilidad del proyecto, reactivar planes de contingencia y atender a las comunidades afectadas por la crisis ambiental de la obra.

«EPM interpuso de forma inmediata los recursos en relación con la decisión del juez, toda vez que desde que se presentó la contingencia (un derrumbe en sus túneles) se han realizado cuatro actualizaciones del estudio del macizo rocoso», señaló la compañía en un comunicado.

El juez 75 de control de garantías ordenó el miércoles la instalación, en un plazo de cinco días, de una mesa para determinar la viabilidad del proyecto que debe sesionar en forma pública y entregar un dictamen en un plazo no mayor a dos meses.

En esa mesa técnica deben participar representantes de la comunidad, de la Fiscalía General, la Procuraduría General (Ministerio Público), el Ministerio de Medio Ambiente y EPM, entre otros actores.

Además, dispuso que se reactiven los planes de contingencia y de atención social de las comunidades afectadas.

El magistrado advirtió que en la ejecución de la obra «hubo ocultamiento de la verdad por parte de Hidroituango y de EPM», pues se comenzó a excavar un túnel en la montaña para desviar las aguas del río Cauca 10 meses antes de haber obtenido la licencia para hacerlo.

Además, el juez ordenó definir cuál es la situación de riesgo de los habitantes de la zona pues «la alerta roja persiste».

La represa en construcción sufrió el derrumbe de varios túneles de desviación de aguas en abril de 2018, lo que derivó en una emergencia para al menos 12 municipios vecinos ante el represamiento y desviación del Cauca, uno de los más caudalosos del país, en la parte alta del embalse.

Unas 120.000 personas debieron ser evacuadas y muchas comunidades continúan sufriendo desplazamientos, confinamientos y continua zozobra sobre lo que pueda pasar con la obra.

El juez sostuvo que se deben «amparar los derechos a la vida, la salud, mínimo vital, medio ambiente, vida digna, salubridad pública y dignidad humana con ocasión al estado de calamidad pública decretado por la Gobernación de Antioquia» a raíz del derrumbe y de la emergencia que se mantiene desde entonces

EPM contestó este jueves que desde el año pasado realizó más de 250 reuniones con socorristas y autoridades, y agregó que desarrolla un monitoreo constante para examinar las variables del proyecto.

«Desde octubre de 2018, en cumplimiento a los requerimientos realizados por la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales), se está ejecutando un contrato con el objeto de ‘emitir un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo sobre las condiciones de estabilidad y futuras del proyecto hidroeléctrico Ituango, el cual incluye un análisis adicional del macizo», indica el comunicado de la empresa.

La apelación de la empresa no suspende el cumplimiento de las órdenes dispuestas por el juez.

Sputnik

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