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Qué significa ser ‘tercer país seguro’, la condición que EEUU quiere imponer a México

Aunque la posibilidad de someterse a la voluntad del Gobierno de EEUU había sido negada sistemáticamente por el de México, el canciller Marcelo Ebrard finalmente amitió que lo que sigue en la negociación es un acuerdo de ‘tercer país seguro’. Sputnik te cuenta cómo se gestó esta situación que tiene a México en jaque.

Por Eliana Gilet*

Convertir a México en una gran barrera para la población migrante que busca entrar a EEUU es un proyecto de larga data que se han trazado las autoridades al norte del río Bravo. Y si se considera la larga historia migrante del continente, se concretó en un plazo corto.

Fue en el inicio de este milenio —con la aplicación de la legislación antiterrorista— que EEUU cerró sus puertas de manera legal y comenzó a expulsar de su territorio a las otras nacionalidades que habían trabajado en la construcción reciente de ese país como potencia.

Lo que sigue en este camino es salirse de la obligación internacional de brindar protección humanitaria a quien se lo solicite y depositar esa responsabilidad en México, al consolidarlo como un ‘tercer país seguro’.

Una historia migrante

Aunque la ida y vuelta de población entre México y EEUU ha sido una constante en la vida de ambos países desde que existen como tales, en el comienzo del milenio, el camino hacia el norte comenzó a enfrentar trabas.

Durante la década de 1980, se fue sumando al movimiento migrante la gente que se refugiaba de las guerras civiles que explotaron en Centroamérica, muchos de ellos pobladores rurales e indígenas de Guatemala y El Salvador, que sufrieron masacres —y las sobrevivieron— provocadas por los Ejércitos de sus países y grupos paramilitares vinculados a Washington.

Sobre el 2000, los salvadoreños presos en EEUU fueron los primeros en ser devueltos de manera masiva como evidencia del cambio de la política, causando una crisis social en el ‘pulgarcito’ de Centroamérica.

Hay decenas de lecturas de académicos y periodistas que señalan cómo este retorno fue el germen de la masificación de las pandillas, que fueron bautizadas como ‘maras’ y que son un conflicto abierto en el país.

Hoy, hay una abrumadora proporción de salvadoreños que migran huyendo de estos ejércitos informales de jóvenes pobres, que imponen en los barrios populares el reclutamiento forzado y ofrecen el crimen como única forma de sobrevivir en un país empobrecido y sin oportunidades.

A la par de esta expulsión, EEUU promovió que México restringiera el paso legal a los nacionales de Centroamérica, imponiendo una visa obligatoria a todos sus vecinos. El resultado de esta política fue el paso por vía de la clandestinidad, a bordo de un tren de carga, conocido como ‘la Bestia’.

Tanta era la cantidad de gente que pasaba por México a bordo del techo de este tren, que la economía de pequeños pueblos que pasaron a conformar esta ‘ruta migrante’ tenían su economía basada en el derrame económico que la gente del tren dejaba a su paso. Porque aunque hubiera entrado irregularmente, en México podía comer en una fonda y dormir en un hotel sin ser perseguido.

Pero esto cambió en 2014.

Cerrar el sur

Así como Donald Trump exige con el ceño fruncido y el aspecto de la amenaza, también lo hizo Barack Obama con una cara amable, de protección humanitaria. El planteo fue el mismo en ambos: exigir que México controle al movimiento migrante antes de que llegue a su frontera.

Entonces, se le llamó ‘crisis de los niños migrantes’: Obama echó mano a las cifras de detenciones en la frontera, que señalaban un «crecimiento» en la cantidad de adolescentes y niños que llegaban a EEUU sin sus familias.

El entonces inquilino de la Casa Blanca exigió que México actuara para contener esta situación. La respuesta fue elaborada por la Marina Armada de México y se llamó Programa Frontera Sur.

Aprovechando el desastre que el huracán Stan había causado en la costa de Chiapas en 2005, —que, entre tantos muertos y heridos, también había destruido la estación de tren de Tapachula— se interrumpió la conexión ferroviaria con Guatemala.

El comienzo del la línea de la Bestia se trasladó a Arriaga, en el final de Chiapas, obligando a los migrantes a atravesar este Estado a pie, en donde se montaron grandes retenes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal. En torno al resto de la línea de tren al norte, se contrataron empresas privadas de seguridad, que detenían a la gente y la entregaban a las autoridades.

Para entonces, el miedo había disminuido el flujo migrante. Las masacres cometidas en Tamaulipas y Nuevo León en 2010 y 2011 habían sido un mensaje violentamente potente, cuyas consecuencias no terminan de apreciarse completamente aún.

Entonces, investigaciones periodísticas revelaron cómo grupos paramilitares que actúan en el norte de México secuestraron autobuses completos. En ellos viajaban migrantes hacia el norte, que fueron fusilados por las milicias.

El nuevo control de la migración incluyó un programa de registro biométrico de las personas que hacen su ingreso legal a México por la frontera con Guatemala, que es gestionado y almacenado por el Gobierno de EEUU.

El resultado de esta política se vio rápidamente: en 2015, México revirtió una tendencia histórica y deportó a más gente de su territorio —118,000 personas— de las que había deportado EEUU (55.000) durante ese año.

A la par de esta modificación en México, Obama se valió de una herramienta creada en 2008 por el Gobierno de George Bush llamada ‘Comunidades Seguras’, que causó la deportación de más de 350.000 personas de EEUU en seis años.

La iniciativa permitía que cualquier policía pudiese tener acceso a la base de datos migratorios del país. Así, miles de mexicanos que tenían una estancia irregular en EEUU fueron deportados tras cometer faltas menores, como una infracción de tránsito.

Por eso, aunque en EEUU el momento actual se presente como una ‘victoria’ del Gobierno de Donald Trump, el proceso que camina hacia el cierre del asilo en ese país, comenzó varios años atrás.

Lo que se viene

Como resultado de las negociaciones abiertas ante la amenaza arancelaria de Trump —que dijo que gravaría al 5% el ingreso de mercaderías mexicanas a EEUU— el canciller Marcelo Ebrard anunció que México envió  a Chiapas 6.000 policías federales y soldados que forman parte de la Guardia Nacional a Chiapas.

Este esfuerzo de México permitió que Trump aplazara la aplicación de la represalia comercial al paso de migrantes. Los miles de elementos armados que se desplegaron en la zona fronteriza con Guatemala tienen como fin controlar el ingreso irregular de gente proveniente de Centroamérica. También, México se comprometió a «registrar» a todas las personas que crucen la frontera.

La tercera parte del acuerdo para «evitar los aranceles», que durante breves horas de esta semana se rumoreó como «secreto», es que cuando el equipo negociador mexicano se presente en Washington dentro de 45 días, deberá reconsiderar aceptar un acuerdo de tercer país seguro si para entonces no logró disminuir la cantidad de gente que haya atravesado su territorio para llegar a la frontera con EEUU.

El otro punto de discusión está en la frontera norte, donde Washington puso en práctica —»de manera unilateral», denuncia México— la devolución de solicitantes de asilo, para que esperen allí la resolución de su trámite en EEUU.

Según se supo oficialmente, 10.000 personas aguardan ya su suerte en México, sin que el Gobierno de este país haya dispuesto aún ningún tipo de atención especial para esta población en riesgo.

Si el acuerdo para que México se vuelva un tercer país seguro, se abrirá una nueva etapa en la historia de la población migrante, que busca cerrarle el paso al que durante 100 años fue su destino.

*Sputnik

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