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El Supremo rechaza poner en libertad a los presos del ‘procés’, pero da vía libre a su traslado a cárceles catalanas

Da el visto bueno a su traslado a Cataluña «al no existir obstáculo ni diligencias» que requieran su intervención.

El tribunal rechaza excarcelar a los presos al no ver «razones sobrevenidas» y responde al dictamen de la ONU.

El Tribunal Supremo ha rechazado poner en libertad a los presos por la causa del procés independentista una vez terminado el juicio, que ha quedado visto para sentencia, pero ha dado su visto bueno al traslado de los nueve presos a cárceles catalanas al no existir «obstáculo» ni diligencias pendientes que «exijan la intervención personal» de los líderes independentistas.

El propio presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena, ha sido quien ha remitido un oficio al secretario general de Instituciones Penitenciarias en el que manifiesta que no hay obstáculo para hacer efectivo el traslado a prisiones catalanas solicitado por los líderes independentistas juzgados.

En cambio, en relación a la solicitud de excarcelación hecha por los acusados, salvo por Oriol Junqueras y Raül Romeva, los magistrados «no aprecian razones sobrevenidas» para ello y señalan la necesidad de salvaguadar «los fines del proceso» que está ya en el último tramo y con la deliberación que definirá su desenlace iniciada.

Además, el auto señala que  en este momento del proceso, una vez ‘visto para sentencia’ el juicio, la Sala se encuentra «en una posición privilegiada, hasta ahora inédita, para valorar la intensificación del fumus boni iuris que ha venido sosteniendo las medidas cautelares acordadas por el Excmo. Sr. Magistrado instructor y ratificadas por la Sala de Recursos».

La «procedencia» de mantener como medida cautelar la prisión provisional se hace «más evidente», señala el tribunal, «al constatar que el desarrollo del juicio oral no ha eliminado el riesgo de fuga».

«Afirmaciones extravagantes» en el dictamen del grupo de la ONU 

El auto responde también específicamente a la petición de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que respaldaban su solicitud en el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, que recomendó su puesta en libertad.

El dictamen de la ONU, según el auto, «no tiene valor vinculante y no se refiere a los presupuestos que hacen imprescindible la medida cautelar de prisión, sino que hace una valoración de los elementos de los tipos penales objeto de la acusación a espaldas de la actividad probatoria» desarrollada durante el juicio. Los magistrados lamentan que el dictamen ignora la separación de poderes por pedir que sea el Gobierno español el que tome las medidas necesarias para la libertad de los ‘Jordis’.

Considera el tribunal que en el informe de la ONU hay «afirmaciones extravagantes, carentes de toda lógica y de imposible encaje en nuestro sistema procesal» y niega que se pretenda «coaccionar o inhibir a los líderes políticos» por sus ideas independentistas, que son, puntualiza, «las mismas que identifican a los partidos políticos que sostienen al actual gobierno» de Cataluña.

El Supremo se apoya además en los informes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado en relación al dictamen del Grupo de Trabajo. Así, destaca que la Fiscalía tiene razón cuando lo califica de grupo puramente auxiliar e informativo de eventuales y futuros posicionamientos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En relación con la Abogacía del Estado, la Sala recuerda que ha solicitado la revisión del mencionado dictamen por falta de imparcialidad y objetividad en los miembros del Grupo de Trabajo, aludiendo entre otros extremos a la sospecha de filtración del informe por el abogado de Cuixart, Sànchez y Junqueras, que habría sido relator de Naciones Unidas hasta 2017 y habría desarrollado una actividad concomitante con dos miembros del Grupo de Trabajo.

Vía libre al traslado a cárceles catalanas

En cuanto al traslado a cárceles catalanas de los nueve líderes independentistas juzgados, el oficio remitido al secretario general de Instituciones Penitenciarias por el juez Marchena no pone ningún impedimento para hacerlo efectivo.

Se trata de Oriol Junqueras, Joaquim Forn Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Cuixart, que habían solicitado volver a prisiones catalanas para estar cerca de su entorno una vez terminado el juicio, que ha durado cuatro meses, durante los cuales han permanecido en las cárceles madrileñas de Soto del Real y Alcalá-Meco.

«En este momento, no está prevista la práctica de actos procesales que exijan intervención personal de los procesados. De ahí que no exista obstáculo para hacer efectiva la decisión adoptada de proceder al traslado», señala la respuesta de la Sala al oficio que envió el departamento dependiente del Ministerio del Interior tras recibir la solicitud de los nueve presos preventivos.

Según las previsiones de Interior, para llevar a cabo el traslado los presos, éstos serán reunidos en la cárcel madrileña de Valdemoro, desde donde saldrán y, mediante conducción ordinaria a cargo de la Guardia Civil, serán llevados a la prisión de Zuera (Zaragoza) para una parada, como ya se hizo en el primer traslado a prisiones catalanas el pasado mes de julio.

Desde allí, los nueve presos irán hasta la cárcel de Brians 2, en Barcelona, y en este punto serán agentes de los Mossos d’Esquadra los que los trasladarán a las cárceles que disponga Servicios Penitenciarios de la Consejería catalana de Justicia.

RTVE

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