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Fiscal general de Brasil se opone a anular la condena de expresidente Lula

La Procuraduría General de la República de Brasil (fiscalía) se pronunció este viernes en contra de anular la condena por corrupción del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), que sus abogados piden en base recientes filtraciones de la Operación Lava Jato que indicarían parcialidad del juez que lo condenó, Sérgio Moro, actual ministro de Justicia.

La fiscal general Raquel Dodge remitió de nuevo este viernes al Supremo Tribunal Federal su postura «negativa a la petición de anulación de la acción penal que condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva», alegando que hay «fundada duda jurídica» sobre las informaciones divulgadas por el medio The Intercept.

Este portal digital sacó a la luz conversaciones entre Moro y el fiscal jefe de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, en las que se evidencia colaboración indebida entre ambos en el caso que acabó condenando a Lula por corrupción pasiva y lavado de activos.

La defensa del exmandatario quiere usar esos elementos para demostrar que el magistrado no debió seguir adelante con el proceso y que por tanto la condena debe ser anulada.

Los abogados de Lula ya habían presentado esta petición ante el Supremo cuando se anunció que Moro sería ministro de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno de Jair Bolsonaro.

La defensa del expresidente interpretó el nombramiento como una “recompensa” por haber ayudado a apartar a Lula de la carrera electoral del año pasado, en la que partía como favorito, por delante de Bolsonaro.

Los abogados añadieron las nuevas informaciones a la petición que ya estaba en curso, para reforzarla.

Dodge, en cambio, no cree que haya que tomar en cuenta los diálogos de Telegram entre Moro,  Dallagnol y otros fiscales.

“El material publicado por la página The Intercept, al que se refiere la petición hecha por la defensa, aún no fue presentado a las autoridades públicas (…) su autenticidad aún no fue analizada y mucho menos confirmada”, dice Dodge en uno de los fragmentos del documento.

La fiscal general también se refiere a la forma en que se habrían obtenido esos mensajes.

Según ella fue accediendo de forma ilegal a los teléfonos celulares de los implicados, algo que considera un “grave atentado contra las autoridades brasileñas constituidas”.

El Supremo Tribunal Federal juzgará el martes 25 la petición de los abogados de Lula, pero según fuentes cercanas al caso es muy probable que algunos magistrados pidan más tiempo para estudiar el recurso y que la decisión se vea aplazada.

Lula está preso desde abril del año pasado en Curitiba (sur), cumpliendo una condena de ocho años y 10 meses de prisión por la presunta recepción de un apartamento de lujo entregado por la constructora OAS como dádiva a cambio de la obtención de negocios fraudulentos con la empresa estatal Petrobras.

Sputnik

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