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Juez argentino confirma continuidad de causa sobre acuerdo de Gobierno con empresa postal

El juez federal argentino Ariel Lijo ratificó la causa que investiga la presunta responsabilidad del Gobierno en un acuerdo que intentó cerrar con la empresa estatal de servicios postales a partir de una deuda contraída por la compañía cuando era propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri.

«La continuación del proceso resulta ineludible», sostuvo el juez en una de las resoluciones.

El mandatario argentino se encuentra involucrado en este caso, que investiga un acuerdo que aceptó en 2016 su Gobierno, en representación del Estado, para condonar una deuda de la estatal Correo Argentino.

Ese acuerdo suponía «una quita velada de 98,82 por ciento» de la deuda, lo que equivalía «a una condonación», según argumentó la fiscal del fuero comercial, Gabriela Boquín, en un dictamen previo que era parte del proceso de homologación del convenio.

A través de esa «condonación», el Estado perdonaba al padre del presidente 70.000 millones de pesos (unos 4.400 millones de dólares al cambio de la época).

En su resolución este lunes, Lijo rechazó los planteamientos que formuló el presidente de la empresa Correo Argentino para anular el caso y confirmó de este modo la continuidad del expediente penal.

El caso investiga la responsabilidad de funcionarios del Ejecutivo argentino, entre ellos el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien entonces estaba al frente de la cartera de Comunicaciones.

La defensa del titular de la empresa había argumentado que el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, se había basado en el dictamen de la fiscal Boquín en el expediente concursal, y que según los abogados tenía una «finalidad política».

Los representantes del Correo también rechazaron el monto de la deuda como «absurda» por ser el resultado de un procedimiento «inédito» que tuvo «errores conceptuales y jurídicos».

De acuerdo al fiscal, el juez sostuvo que pudo haber existido un accionar irregular por parte de los representantes del Estado dirigido a beneficiar a una empresa privada en perjuicio de intereses públicos.

En su momento Pollicita verificó en su dictamen «que en el contexto de un procedimiento concursal no carente de irregularidades existió un accionar por parte de los representantes del Estado Nacional que estuvo dirigido a beneficiar a una empresa privada e importaba un claro y abultado perjuicio para los intereses públicos comprometidos».

El juez también ratificó las citaciones indagatorias de los imputados de la causa, entre ellos la que citó a Aguad en marzo de este año, al declarar como «improcedente» la declaración de nulidad presentada por la defensa.

A cargo del servicio postal oficial, Correo Argentino se declaró en concurso de acreedores en 2001 por una deuda impaga al Estado cuando por entonces estaba en manos de Sideco Americana, a su vez controlada por Sociedades Macri (Socma), propiedad del hoy fallecido Franco Macri, padre del actual mandatario.

La compañía fue reestatizada en 2003 por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), debido en buena parte a la deuda que arrastraba la empresa bajo la gestión de la familia del actual jefe de Estado.

Sputnik

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