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El ex juez Moro se saltó la ley al intervenir en acuerdos de empresarios con la Justicia

El exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, intervenía en los acuerdos que empresas implicadas en casos de corrupción firmaban con la Justicia para colaborar, algo que es ilegal porque corresponde al Ministerio Público Federal, según reveló este jueves el diario Folha de São Paulo.

En conversaciones de Telegram de 2015, por ejemplo, el fiscal responsable de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, expresaba a su colega Carlos Fernando dos Santos Lima su temor de llegar a un acuerdo con la empresa Camargo Corrêa sin el visto bueno de Moro: “¿Quieres hacer los acuerdos de Camargo aún con el riesgo de que Moro no esté de acuerdo? Me parece peligroso para la relación hacerlo sin hablar con él, lo que no significa que seguiremos”.

Los mensajes obtenidos por The Intercept Brasil y publicados por Folha revelan que Moro avisó a los procuradores de que solo homologaría los acuerdos de colaboración con la Justicia si la pena propuesta para los ejecutivos de la empresa incluía al menos un año de cárcel.

La ley brasileña de organizaciones criminales, de 2013, defiende que, en este tipo de acuerdos, los jueces deben mantenerse distantes de las negociaciones, y su única obligación es verificar la legalidad de sus acuerdos después de firmados.

En otro de los mensajes, Dallagnol sugiere a Santos Lima que consulte a Moro sobre las penas propuestas para los delatores: “A título de sugestión, estaría bien sondear a Moro sobre las condiciones establecidas”.

Los mensajes indican que el procurador temía, además de la reacción de Moro, los daños que la Operación Lava Jato sufriría de cara a la opinión pública, si se interpretara que los beneficios concedidos a los empresarios corruptos eran excesivos.

Los fiscales de la Operación Lava Jato (sobre todo Dallagnol) están en el centro de un escándalo desde hace más de un mes, después de que el medio The Intercept filtrara conversaciones privadas que revelan que hubo colaboración entre ambas partes en la lucha anticorrupción.

Los primeros mensajes divulgados certificaron esa colaboración en el proceso contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), lo que sus abogados están usando para probar que el líder izquierdista no tuvo un juicio justo e imparcial, por lo que su condena debería ser anulada.

Lula fue condenado por Moro en primera instancia, y desde abril de 2018 está cumpliendo una condena de ocho años y diez meses de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero en Curitiba (sur del país).

Sputnik

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