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Más de 1300 casos de exclusión sanitaria que el Gobierno español achaca a exceso de celo

Un año después de la aprobación de la norma que recupera la sanidad universal, varias ONG han denunciado este miércoles tener constancia de al menos 1.358 casos de exclusión sanitaria, entre ellos embarazadas y niños, lo que el Ministerio de Sanidad achaca a «un exceso de celo» o a «alguna disfuncionalidad».

Amnistía Internacional, Reder (integrada por más de 300 organizaciones, entre las que está Médicos del Mundo) y Yo Sí Sanidad Universal han organizado un acto frente al Ministerio de Sanidad para denunciar que miles de personas siguen sin poder acceder a los servicios básicos de salud y, por tanto, siguen sufriendo exclusión sanitaria.

Entre los más de 1.300 casos documentados por las ONG se encuentran 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones de urgencias, 35 personas reagrupadas o 626 inmigrantes «que no han podido ver reconocido su derecho a la sanidad por las barreras administrativas existentes».

Como resultado de esas exclusiones, «no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves» como 23 casos de cáncer, 22 de patologías cardiovasculares, 24 de diabetes, 21 de VIH o 14 de salud mental.

«No se trata de casos aislados, sino de una profunda falla del sistema que urge corregir», han advertido en un manifiesto leído por los portavoces de las ONG convocantes.

Desde el Ministerio de Sanidad, su secretario general, Faustino Blanco, ha subrayado que «hoy es un día para recordar, una fecha de recuperación de derechos» con una nueva ley, aprobada el 27 de julio de 2018, que garantiza la asistencia sanitaria de los ciudadanos «más vulnerables que el PP dejó fuera» del sistema.

Blanco ha recordado que la reforma sanitaria de 2012, aprobada por el Gobierno del Partido Popular siendo ministra de Sanidad, Ana Mato, excluyó a 900.000 inmigrantes irregulares de la sanidad, aunque establecía excepciones para las embarazadas, los menores de edad y la atención a través de las urgencias.

Ahora, según Blanco, «ya no hay que pensar en niños, adolescentes o mujeres embarazadas, sino en ciudadanos que residen en España y tienen derecho a la asistencia sanitaria».

Por eso, ha recalcado que «cuando se habla» de no atender a embarazadas y niños «tenemos que decir que en este país eso no ocurre y, por tanto, yo no sé si hay un exceso de celo o alguna disfuncionalidad en alguna parte» de un sistema sanitario «muy diverso», con más de 13.000 centros de salud y muchos hospitales.

Blanco ha recordado, además, que frente a los 900.000 excluidos con la anterior normativa, las ONG reportan 1.300 casos en un sistema en el que se producen millones de actos sanitarios, que se pueden deber a «interpretaciones erróneas», «documentación insuficiente» o «a una burocracia sanitaria», que pueden producir «algún tipo de anomalía».

La tramitación parlamentaria del real decreto impulsado por la exministra Carmen Montón quedó paralizada por el adelanto electoral, si bien Blanco ha asegurado que «cuando recuperemos el Gobierno se pondrá nuevamente en marcha y perfeccionaremos lo que se pueda detectar como insuficiencias».

Las ONG han coincidido en calificar de «declaración de intenciones» la norma e, incluso, el portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, Antonio Saiz, ha ido más allá al asegurar que «se ha ahondado en las exclusiones presentes con el PP».

Las ONG han colocado frente al Ministerio de Sanidad un muro formado por piezas de cartón para denunciar las trabas en el acceso a la sanidad, en el que un grafitero iba escribiendo los datos más significativos de la exclusión sanitaria, y que finalmente ha sido derribado.

Entre tanto, algunos de los afectados por la exclusión han ofrecido su testimonio personalmente o través de otras personas, como Francisca, una chilena que llegó a España embarazada de cinco meses y que no pudo someterse a ninguna revisión hasta dos meses después tras «un ir y venir de la administración».

También Ivonne, una ciudadana de Venezuela que llegó a España en marzo del año pasado, ha denunciado que fue excluida deliberada y sistemáticamente en varias ocasiones a pesar de tener «la tarjeta roja» de solicitante de asilo político.

EFE

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