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Vicepresidenta venezolana dice que crisis de empresa Citgo es una «gran estafa» mundial

La decisión de un tribunal de EEUU que autorizó a la minera canadiense Crystallex a hacerse de las acciones de la red venezolana de refinerías Citgo para cobrar una deuda de 1.400 millones de dólares es una estafa internacional contra Venezuela, dijo este miércoles la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

«Denunciamos ante el mundo que es una operación de crimen organizado internacional para robarse los recursos de Venezuela, una gran estafa mundial, y Venezuela, el Estado venezolano, seguirá ejerciendo las acciones que le competen en todas las instancias internacionales», dijo Rodríguez a la prensa.

Una corte de apelaciones de EEUU decidió el lunes que Crystallex podía rematar acciones de Citgo, una empresa que posee refinerías en EEUU y que es propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), para cobrarse una deuda de 1.400 millones de dólares en la que incurrió el Gobierno venezolano al nacionalizar yacimientos de oro.

Este fallo, que puede ser apelado o puede ser incluso bloqueado por la administración de Donald Trump, liquidaría la capacidad de Venezuela de refinar crudo y obtener recursos por la venta de los combustibles resultantes.

«Denunciaremos también ante la Organización de las Naciones Unidas, porque se están lesionando resoluciones de la Asamblea General; vamos a ir a todas las instancias internacionales a defender los derechos legítimos del pueblo venezolano», dijo la vicepresidenta.

Rodríguez responsabilizó de este hecho al diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó en enero presidente encargado.

“Es un acto de crimen organizado en connivencia con el Gobierno de Estados Unidos; yo le voy a decir algo al señor (Juan) Guaidó, dicen en los pasillos del Departamento de Estado (cancillería estadounidense) que el señor Guaidó es un pelele (…), pero descubrieron (que) es muy bueno, muy bueno para robar”, agregó.

Rodríguez atribuyó al partido político de Guaidó, Voluntad Popular, un plan para despojar a PDVSA de todos sus activos.

“Es una operación para robarse los recursos de Venezuela, no es un objetivo ya político”, dijo.

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, designó en mayo a un abogado para negociar con los acreedores internacionales y señaló que EEUU debía apoyar sus esfuerzos para garantizar que Venezuela no perdiera el control de activos externos como Citgo.

El Gobierno y PDVSA dejaron de cancelar unos 10.000 millones de dólares de deuda a sus acreedores, en medio de la imposibilidad de refinanciamiento.

El litigio del Estado venezolano con Crystallex comenzó a finales de 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) anunció una nacionalización y suspendió licencias para la exploración de oro y otros minerales.

En aquellas condiciones varias empresas extranjeras suspendieron sus proyectos de exploración, entre ellas Gold Fields, de Sudáfrica, y Hecla Mining, de Estados Unidos.

Crystellex comenzó una batalla legal contra Venezuela cuando el Gobierno le retiró en 2011 la licencia que el propio presidente Chávez había aprobado en 2002 para explotar la mina Las Cristinas, uno de los yacimientos de oro más grandes de este país sudamericano.

La empresa minera ganó en 2016 un arbitraje internacional que ordenó al Estado venezolano pagar 1.200 millones de dólares más intereses.

Sputnik

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