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Bolsonaro sueña con construir una Cancún en el último reducto de selva atlántica de Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sueña con levantar una Cancún brasileña en la costa entre los estados de Río de Janeiro y São Paulo, una franja de litoral verde casi virgen sobre el océano Atlántico que en su opinión podría convertirse en el motor del turismo nacional, lo que enciente las alarmas de ecologistas y del propio sector turístico de la zona, que vive de sus atractivos naturales.

Por Joan Royo Gual*

El presidente repite desde mayo su intención de anular por decreto la reserva natural de Tamoios para construir resorts y grandes infraestructuras turísticas al estilo de las que existen en el Caribe mexicano y en particular en la ciudad de Cancún.

Según el mandatario, hay inversores de Japón, Israel y Emiratos Árabes Unidos con «miles de millones» para colocar en la zona.

La Estación Ecológica de Tamoios fue creada en 1990 y comprende 29 islas e islotes de la bahía de Angra dos Reis (150 kilómetros al sur de Río de Janeiro).

Nadie puede adentrarse en estas islas, ni pescar o fondear el barco en sus inmediaciones; la zona, que representa apenas el cinco por ciento del total de la bahía de Angra, cuenta con el nivel máximo de protección que otorga el Estado brasileño.

«La reserva tiene un altísimo valor ecológico porque funciona como un criadero para toda la fauna de la región», explicó a Sputnik el biólogo marino João Victal, que trabaja en la reserva desde hace décadas y que recuerda que otra de las razones que llevaron a la creación de este parque es que funciona como zona de amortiguación de las centrales nucleares de Angra, emplazadas en la franja costera, muy cerca de las playas sobre el Atlántico.

En su opinión, no tiene mucho sentido que Bolsonaro insista en este lugar para construir grandes infraestructuras turísticas, porque la mayoría del parque es marítimo y porque los islotes no son precisamente grandes.

“Parece que él está muy empeñado en eso porque fue multado aquí”, dijo.

El actual presidente, que tiene una casa en las inmediaciones del parque, fue sorprendido en 2012, cuando era diputado, pescando cerca de la isla de Samambaia y multado con 10.000 reales (2.500 dólares), aunque nunca pagó esa cantidad.

Cuando llegó a la presidencia, consiguió que la multa fuera anulada, y el fiscal que lo multó, José Augusto Morelli, fue destituido, lo que provocó la apertura de una investigación fiscal.

Ecologistas de la zona creen que la obsesión de Bolsonaro con esta región tiene mucho de venganza personal.

“Desde entonces está librando una batalla para destruir esta reserva y los órganos ambientales de la región, que están totalmente moribundos”, dijo Ivan Marcelo Neves, del Instituto Socio Ambiental de la Bahía de Ilha Grande.

La sede Angra dos Reis del Instituto Brasileño de Medios Ambiente (Ibama, órgano estatal que se encarga de perseguir los delitos ambientales) está clausurada por su excesivo deterioro, y las labores de fiscalización empeoraron considerablemente en los últimos meses, según denuncian ambientalistas, que relacionan esta situación con las continuas críticas del presidente a la “industria de las multas”.

En el sector turístico, las ambiciones del presidente se reciben con cautela, ya que precisamente la preservación del ambiente es “el principal producto de la zona”, según dijo a Sputnik el presidente de TurisAngra, João Wylly Seixas, órgano de promoción turística de la zona.

“El desarrollo turístico de Angra es responsable, porque prioriza el turismo sostenible (…) no estamos en contra de ninguna reserva ambiental, incluso estamos a favor de que se amplíen algunas, pero de manera que pueda haber un desarrollo responsable en esas áreas”, comentó Seixas.

La bahía de Angra recibió el año pasado 1,6 millones de visitantes.

Si saliera adelante el plan turístico del presidente, de momento apenas una idea, se podría llegar a cuatro millones de turistas, según estimaciones de Ilha Grande Convention & Visitors Bureau, una entidad empresarial.

Pero el equilibrio de la región es delicado, tal como reconoció recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Ilha Grande, la ciudad colonial de Paraty y la Bahía de Angra fueron declaradas en junio Patrimonio de la Humanidad por ser “un ejemplo excepcional de uso de la tierra y el mar y de interacción humana con el medio ambiente”, según la valoración de la Unesco.

El territorio reconocido por la Unesco abarca casi 150.000 hectáreas, todavía cubiertas en su mayor parte de una frondosa vegetación tropical: son los últimos resquicios de la mata atlántica, una selva que cubría buena parte de la costa de Brasil, desde el norte hasta el sur del territorio, y que ahora solo ocupa 12 por ciento de su superficie original.

Además de las verdes montañas, protegidas por cuatro reservas naturales entre la sierra y el mar (una de ellas es la que quiere anular Bolsonaro), el título de la Unesco también reconoce el valor histórico de la ciudad colonial de Paraty, varias aldeas indígenas, pueblos de pescadores y quilombos, comunidades rurales donde viven descendientes de africanos esclavizados que huyeron de sus explotadores y fundaron esas zonas liberadas.

Para los activistas locales, la declaración patrimonial de la Unesco puede ayudar a frenar los planes del presidente, aunque algunos, como Neves, se muestran pesimistas.

“El título de la Unesco es valiosísimo y nosotros los ecologistas evidentemente lo usaremos para evitar que Bolsonaro destruya la región, pero (el presidente) es un tipo que no obedece a nadie, es vengativo y gobierna con el odio, su estrategia pasa por destruir todos los marcos legales del país”, dijo.

En las últimas semanas, el presidente elevó el tono contra la protección ambiental, negando veracidad a los datos oficiales que apuntan un aumento acelerado de la deforestación de la Amazonía, y llegó a bromear autoproclamándose “capitán motosierra”.

*Sputnik

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