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Justicia de Perú sentencia a cárcel a gobernador indígena por liderar protestas contra minera canadiense

La justicia de Perú condenó este miércoles a seis años de cárcel al gobernador regional del departamento de Puno (sur), Walter Aduviri, por liderar las protestas sociales contra un proyecto minero adjudicado a una empresa canadiense en 2011, en el caso conocido como el «Aymarazo».

«Juzgado Penal Colegiado de Puno condena a seis años de prisión a gobernador regional Walter Aduviri, como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, caso ‘Aymarazo’, ordenando su inmediata captura y reclusión en un penal que disponga el Inpe (Instituto Nacional Penitenciario)», informó el Poder Judicial en su cuenta en Twitter.

Se conoce como el «Aymarazo» a una serie de protestas durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) en el departamento de Puno (frontera con Bolivia), realizadas por miembros del pueblo indígena aymara.

El conflicto se desencadenó cuando el Gobierno emitió un decreto que exceptuaba a la minera canadiense Bear Creek de la prohibición constitucional de ejecutar proyectos extractivos a menos de 50 kilómetros de una zona fronteriza.

Bear Creek iba a desarrollar un proyecto en el yacimiento de plata de Santa Ana.

Aduviri, entonces presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur, dirigió las protestas que terminaron en bloqueo de carreteras, y saqueo e incendios de locales de entidades públicas y privadas.

Se estima que las pérdidas económicas de los 45 días de protestas fueron de 115 millones de dólares.

Según el fallo contra Aduviri, éste deberá además pagar una reparación civil de dos millones de soles (600.000 dólares) en favor del Estado.

Aduviri postuló al cargo de gobernador regional de Puno en 2017, resultando electo para el periodo 2018-2021; actualmente se encuentra prófugo.

El proyecto Santa Ana, luego de las protestas, fue cancelado y la minera inició un juicio contra el Estado ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El juicio se resolvió a favor de Bear Creek en 2014, teniendo el Estado que pagarle 30 millones de dólares por indemnización.

Sputnik

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