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Gobernador condenado por protestas contra minera en Perú irá a instancias internacionales

El gobernador del departamento peruano de Puno (sur), Walter Aduviri, condenado por liderar protestas contra una minera canadiense en 2011, dijo este martes que analiza la posibilidad de acudir a instancias internacionales para que atiendan su caso.

«Con mi defensa voy a agotar todas las vías legales que corresponden (para probar su inocencia) en el país, y probablemente tenga que acudir a instancias internacionales», dijo Aduviri en entrevista con el multimedio RPP.

El 14 de agosto, la justicia peruana impuso 6 años de cárcel a Aduviri por las protestas contra el proyecto Santa Ana, adjudicado a la canadiense Bear Creek.

Al entonces dirigente del pueblo aymara se le consideró coautor no ejecutivo de los desmanes que produjeron saqueos y destrucción de edificios de entidades públicas y privadas, en el caso conocido como el «Aymarazo».

El conflicto se desencadenó porque el Gobierno emitió un decreto que exceptuaba a la minera canadiense de la prohibición constitucional de ejecutar proyectos mineros a menos de 50 kilómetros de una zona fronteriza; Puno está en la frontera con Bolivia.

Luego de emitida la sentencia condenatoria, Aduviri se mantuvo en calidad de prófugo.

El gobernador no ha afirmado que se entregará a la justicia, pues considera que se le ha sentenciado sin medios probatorios válidos.

«Creemos en una justicia objetiva en donde se debería sentenciar con medios probatorios. El hecho de sentenciar leyendo algunos periódicos y leyendo alguna información de Inteligencia creemos que no es un medio probatorio justificable», denunció Aduviri.

Asimismo, sostiene que las personas que cometieron los actos vandálicos fueron infiltrados del servicio de inteligencia del Estado.

Luego de las protestas, el proyecto Santa Ana fue cancelado y la minera inició un juicio contra el Estado ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El juicio se resolvió a favor de Bear Creek en 2014, teniendo el Estado que pagarle 30 millones de dólares por indemnización.

Sputnik

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