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Frenar el modelo extractivista es un gran reto para López Obrador en México

Detener el impacto ecológico de la minería a cielo abierto y contener la «política extractivista» enfocada en la industria petrolera relegando las energías limpias, es un gran desafío para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles a Sputnik la investigadora del Centro de Análisis Fundar, Beatriz Olvera.

«La minería, sobre todo a cielo abierto, en la que predominan compañías canadienses y estadounidenses, y también mexicanas, no ha sido un motor de desarrollo local ni de empleo en las comunidades afectadas, por ello, es fundamental eliminar de las leyes el carácter de utilidad pública y de actividad preferente que tiene esta actividad», dijo la experta vía telefónica.

La investigadora participó en la elaboración del «Anuario 2018 de actividades extractivas en México: retos para la cuarta transformación», que analiza el rol de la minería y la extracción de hidrocarburos fósiles en las finanzas públicas y la economía nacional.

El documento describe la dimensión del impacto social y ambiental que tienen la extracción y explotación de riquezas naturales en regiones de comunidades originarias.

Fundar hizo los siguientes hallazgos en los centros productores de plata: casi 60 por ciento de la población está en la pobreza; la tercera parte no cuenta con servicios básicos en la vivienda y la cuarta parte tiene rezago educativo; además, una de cada tres personas no cuenta con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria.

La especialista lamenta que de parte del Poder Ejecutivo no hay un claro impulso a reformas constitucionales que limiten la flexibilidad de las leyes que favorecen a las firmas mineras.

Redes ecologistas a las que pertenece Fundar apoyan una proyecto de ley en el Congreso que busca prohibir la minería en los núcleos de áreas protegidas selváticas, montañosas o desérticas, donde hay al menos 73 proyectos amparados en concesiones mineras.

Olvera mencionó, por ejemplo, minas abiertas en la zona boscosa de la Mariposa Monarca, que migra desde Canadá a reproducirse en esos santuarios, la reserva de la biósfera del desierto de Zacatecas (centro), o en la península de Baja California (noroeste).

En México hay un marco legal regulatorio minero que es «muy laxo y autoriza las actividades extractivas vinculadas al despojo (y) la invasión de territorios de comunidades», denuncia la investigadora.

Se trata de un gran número de concesiones que los ecologistas han contabilizado en 25.000 en todo el país, «sobre todo para explotar oro, plata y minerales preciosos a través de técnicas altamente contaminantes, a cielo abierto».

Ese modelo se fortaleció en los 25 años que lleva vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy reformulado y denominado Tratado entre México, EEUU y Canadá, «cuando ocurrió un boom de llegada de empresas canadienses y estadounidenses, gracias a leyes que no han cambiado».

Con un Congreso bajo control del partido gobernante, los ambientalistas llaman «a que se retire el carácter de utilidad pública a esa industria minera y el trato preferencial que recibe», enfatizó Olvera.

De 2013 a 2018 los proyectos mineros aumentaron 77 por ciento, y a finales del año 2018, 92 por ciento de las empresas que realizaban exploración de recursos metálicos eran extranjeras, principalmente canadienses, dedicadas a explorar oro y plata.

CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA

Olvera recomienda llevar a la práctica las innumerables declaraciones del presidente López Obrador, que se opone abiertamente utilizar la técnica de la fractura hidráulica en las rocas de esquisto o lutitas, en los reservorios fósiles del país, técnica conocida como «fracking».

«Resulta indispensable que el Poder Legislativo lo prohíba en el próximo periodo de sesiones», plantea la experta.

Los ecologistas consideran que «no hay atención en esta administración, que pone mucho énfasis en la explotación de combustibles fósiles, con el nuevo lanzamiento de Pemex (la estatal Petróleos Mexicanos) y deja de lado la transición energética a energías limpias».

Esa política no solo debe declarativa, sino «basada reformas constitucionales que impulsen la energía solar, eólica, y la cogeneración energética, para cumplir con los compromisos de México en el Acuerdo de París» para combatir las causas del cambio climático.

México se comprometió para el año 2024, cuando termina la administración de López Obrador, a producir 35 por ciento de energías limpias y 50 por ciento en 2050.

Olvera criticó además que se hable entre líderes políticos de energías limpias, al mismo tiempo que «incluyen megaproyectos de grandes presas hidroeléctricas, plantas atómicas y hasta el gas».

Ese método de extracción se encuentra prohibido en varias partes del mundo por los graves efectos que provoca en la salud y el medio ambiente, por los elevados consumos de agua y peligro de contaminación de mantos friáticos.

La investigación presenta un recuento de los compromisos asumidos en muchas ocasiones por López Obrador en contra de la técnica de fractura hidráulica de rocas de esquisto, «pero esta práctica, en los hechos, se sigue permitiendo», observó la especialista.

La paradoja es que López Obrador, quien rechaza en forma tajante métodos contaminantes, «quiere a la vez relanzar la producción petrolera, sin cuestionar el modelo basado en los combustibles fósiles, sino lo profundiza», puntualizó Olvera.

Los ingresos petroleros disminuyeron de 33 por ciento en 2013, a 19 por ciento en 2018, a raíz de un declive de 28 por ciento en la producción petrolera mexicana al comenzar el nuevo gobierno.

Sputnik

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