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Cárceles privatizadas, las ganancias del crimen

Las cárceles privadas son un negocio altamente rentable para las corporaciones, y eso lo sabe el presidente Trump, quien además recibió apoyo de esas empresas en su campaña electoral. Ahora junto a su colega y amigo, el presidente brasilero Jair Bolsonaro quieren aplicar ese modelo privatizador en Brasil.

Por María Luisa Ramos Urzagaste*

El reciente anuncio del presidente Bolsonaro sobre su plan para la privatización de cárceles hace saltar las alertas, más aun cuando ha expresado simpatía por los torturadores e intentado desbaratar la institucionalidad contra la tortura.

La ONU reconoce que el mundo sufre una crisis penitenciaria a nivel global, lo que ha llevado a buscar diferentes soluciones. Mayormente los gobiernos no orientan esas soluciones hacia la reforma y rehabilitación social de las personas condenadas, sino que su finalidad es simplemente castigar a las personas mediante su encarcelamiento.

Es así que la población penitenciaria en el mundo crece exponencialmente y eso hace que La privatización de las cárceles sea un negocio floreciente de muy bajo riesgo, pues no están sujetos a shocks, al contrario, los problemas socioeconómicos en los paises solo les aportará más ‘clientes’.

EEUU tiene más de dos millones de personas tras las rejas, seguido de China con más de 1,6 millones y Brasil supera los 675.000 presos. La población penitenciaria de EEUU equivale a la cuarta parte de los presos de todo el planeta, en tanto que Brasil en menos de 15 años ha duplicado la tasa de reclusos y ahora tiene 336 presos por cada 100.000 habitantes.

Los paises buscan solucionar esta crisis y se recurre a diferentes modalidades, que incluye ahora la incorporación actores privados, bajo el sistema de leasing, la privatización o una mezcla de ambos.

En EEUU la encarcelación masiva es una ‘industria’ rebosante

En el caso de EEUU por ejemplo, hay 130 cárceles privadas y son dos grandes empresas las que controlan el 80% del negocio, CoreCivic (antes CCA Corrections Corporation of America) y el grupo GEO. Dichas corporaciones tienen ingresos combinados de 3.500 millones de dólares a partir de 2015.

Políticos norteamericanos se han manifestado a favor de restringir el funcionamiento privado de las cárceles públicas y ante la presión mediática grandes bancos ahora entienden que ‘afecta su prestigio’ el financiar a operadores de prisiones privadas.

La mayoría de los más de 1,5 millones de personas en las cárceles estatales y federales trabajan mientras están encarcelados. Hoy en día la industria del trabajo penitenciario privado está creciendo a un ritmo acelerado en Estados Unidos debido a que los presos representan una mano de obra barata.

Se sabe incluso de denuncias públicas sobre trabajo obligado a inmigrantes detenidos que trabajan por tan solo 1 dólar por día para limpiar, cocinar, entre otras actividades.

Empresas financian campañas políticas

Las industrias hacen millonarias inversiones y consiguen un gran poder político cuando logran que sus candidatos sean congresistas e incluso presidentes, como el caso de las empresas Corecivic y Geogroup que habría financiado la campaña presidencial de Donald Trump.

El influyente senador norteamericano Marcos Rubio también tiene una historia de estrechos vínculos con la segunda compañía penitenciaria con fines de lucro más grande de EEUU, GEO Group.

El escándalo de corrupción «kids for cash»

Hace varios años en EEUU sucedió un escándalo conocido como «kids for cash», cuando miles de jóvenes fueron llevados ante jueces sin abogado, recibieron audiencias que duraban solo uno o dos minutos, y luego era enviados a prisión juvenil durante meses por delitos menores.

La explicación, dicen los fiscales, fue la corrupción ya que jueces recibían millonarios sobornos para enviar adolescentes a centros privados de detención juvenil, a quienes los condados norteamericanos les pagan una tarifa general fija o una cierta cantidad por joven, por día.

Un informe concluyó que después de estudiar la ‘letra chica’ de 62 contratos de empresas de prisiones privadas con gobiernos locales, el 65% contiene cláusulas que obligan al estado a garantizar una ocupación mínima del 80-100% de las camas, aunque la tasa de criminalidad disminuya.

En general es tal el escándalo que algunas empresas financieras, como el BNP Paribas de Francia dijo que «ya no financiará a los operadores de prisiones privadas de EEUU» en su intento de distanciarse de la controversia sobre las políticas de detención de la administración Trump.

El polvorín brasilero

La violencia, las masacres, los motines son moneda corriente en las cárceles brasileras y su sistema penitenciario ha sido caracterizado como «un polvorín, superpoblado, insalubre, listo para explotar en cualquier momento».

Es en este escenario, que el ministro de Infraestructuras de Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, presentó al secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, más de 40 proyectos de privatizaciones y concesiones, donde se incluye el negocio de cárceles privadas.

Tomando en cuenta que Brasil cuenta con una población penitenciaria aproximada de 700 mil personas, las empresas privadas norteamericanas, amigas de Trump, tendrían garantizado el negocio.

Las empresas carceleras en Uruguay, Chile y Argentina

En Latinoamérica, destaca el caso de Uruguay pues al amparo de la Ley de Contratos de Participación Público-Privada de 2011 se construyó una cárcel donde el Estado invirtió más de 90 millones de dólares con un pago de 20 millones anuales durante 20 años a una empresa.

A los pocos meses, los presos en la cárcel Punta de Rieles se quejaron que el Consorcio Unidad Punta de Rieles SA no garantiza los derechos de los privados de libertad, por lo que realizaron una huelga de hambre en reclamo por las condiciones de reclusión y contra el lucro de la empresa que gestiona el lugar.

El Consorcio a cargo de brindar servicios en dicha cárcel está integrado por Abengoa Teyma, que, en conjunto con otros grupos está a cargo de servicios como el mantenimiento, limpieza y alimentación.

En este punto es necesario refrescar la memoria: la transnacional española Abengoa fue una nefasta protagonista de la llamada «guerra del agua», cuando se privatizó el líquido elemento vital para la vida, en Cochabamba, Bolivia y la empresa incrementó las tarifa, más de 200%, lo que ocasionó un gran rechazo popular. No obstante el desastre social causado, Abengoa se atrevió a exigir multimillonaria indemnización.

En Chile la ejecución de cárceles a través del modelo de concesión a privados fue planteada en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. En una evaluación de este sistema, el ministro de Justicia del pais andino, Hernán Larraín señaló que «el resultado desde el punto de vista de la reinserción, que es el indicador para ver el éxito, es cero».

En cuanto a Argentina, la sobrepoblación en cárceles es tal, que garantizaría que el ‘negocio’ sea lucrativo. Así lo saben varios de los interesados en el negocio público-privado, compuesto por empresarios españoles, mexicanos y la empresa china Huawei.

Al amparo del modelo macrista de contratación mixta entre el Estado y capitales privados, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal se ocupa de construir una cárcel-fábrica donde la empresa privada «comercializará el producto del trabajo de los reclusos, cuyas utilidades compartirá con el estado provincial».

Los falsos dilemas

La crisis de la justicia, los problemas socioeconómicos y la crisis del sistema penitenciario han generado una especie de falso dilema: atención estatal versus privatización.

La experiencia demuestra en distintos paises que el modelo privatizador es muy eficiente en términos de su rentabilidad privada y beneficia a la corporación a cargo, pero no lo es en términos sociales ni para la salud del pais en general.

Por otro lado, es claro que un pais con altos índices de delincuencia, con justicia corrupta, políticos involucrados en negocios privados, pero más grave aún, sociedades adormecidas, sin proyectos políticos esperanzadores, son la presa fácil para estos esquemas.

En un tema tan delicado como este, la pregunta de fondo es, ¿cuál debe ser el rol del Estado? Algunos proponen que su actividad debe limitarse a regular actividades, otros consideran que no debe delegar sus funciones al sector privado.

Lo que queda claro es que el estado actual de la administración pública, que es la encargada del gestionar parte del Estado, no responde a los retos actuales y ese es un desafío importante que tienen las sociedades.

*Sputnik

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