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Los indígenas toman Quito y ponen en jaque al gobierno de Moreno

Miles de indígenas y campesinos de todo el país siguen llegando este martes a Quito para protestar contra un acechado presidente Lenín Moreno, que tuvo que trasladar la sede del gobierno a Guayaquil.

En su largo trayecto hacia la capital, cubierto a pie y en vehículos, los aborígenes de numerosas provincias bloquean decenas de vías y han ocupado pozos petroleros en la Amazonía, provocando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Ni el estado de excepción decretado por el gobierno el pasado jueves ni la presencia de los militares en las calles han sido suficientes para sofocar el estallido social que desencadenó el alza de los combustibles.

Los manifestantes, que el lunes intentaron en Quito ocupar el Legislativo y atacaron el edificio de la Contraloría, son acusados por Moreno de avanzar un «intento de golpe de Estado» con la complicidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El parque El Arbolito y el vecino complejo de la Casa de la Cultura se convirtieron en un fortín de grupos de protesta, vigilado este martes por personas armadas con palos, verificó en la madrugada un periodista de la AFP.

Los indígenas, que planean realizar su gran protesta el miércoles, tomaron distancia de los incidentes violentos.

Ecuador, cuya economía dolarizada enfrenta problemas de iliquidez y un alto endeudamiento, eliminó subsidios a los combustibles más utilizados en el país como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios aumentaron en consecuencia hasta 123%.

Fuera el FMI 

Moreno, en el poder desde mayo de 2017, desplegó a las Fuerzas Armadas ante las movilizaciones. El decreto de estado de excepción de 60 días lo faculta además para restringir derechos e imponer la censura previa a los medios.

El lunes las protestas volvieron a aproximarse al Palacio de Carondelet, la ahora desocupada sede del Ejecutivo en el centro colonial de Quito.

En una aparición en televisión, rodeado del alto mando militar, el gobernante de 66 años acusó a Rafael Correa, su antecesor y exaliado que vive en Bélgica, y a Maduro de querer desestabilizar a su gobierno en un proyecto en el que se están «usando» a sectores de aborígenes «aprovechando su movilización, para saquear y destruir a su paso».

El gobierno español llamó este martes a evitar «nuevos hechos violentos» y a buscar una salida negociada en Ecuador.

La ocupación de pozos llevó a la caída de 12% en la producción de crudo (de 531.000 barriles por día), principal producto de exportación, según el ministerio de Energía.

El martes se mantienen bloqueadas carreteras en 17 de las 24 provincias ecuatorianas, de acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, y las clases están suspendidas desde el pasado jueves.

Las fuertes protestas sociales, no vistas desde que Correa asumiera en 2007, dejaban un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 570 detenidos.

Estados Unidos, aliado de Moreno, dijo que sigue de cerca la situación en Ecuador, donde manifestaciones provocaron el derrocamiento de tres gobernantes entre 1997 y 2005.

«Rechazamos la violencia como una forma de protesta política», manifestó por Twitter el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

AFP

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