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Cataluña: una sentencia que no convence a nadie

Ya hay veredicto para los líderes independentistas catalanes presos. Los principales organizadores del referéndum de autodeterminación ilegal realizado el 1 de octubre de 2017 han sido sentenciados por un delito de sedición, que contempla penas que oscilan entre los 10 y los 15 años de prisión.

Por Francisco Herranz*

El fallo del Tribunal Supremo de España se supo dos días antes de que se hiciera público gracias a una filtración a dos medios de comunicación nacional. El secretismo de las deliberaciones de los magistrados la Sala Penal, presididos por el juez Manuel Marchena, quedó en evidencia. Los reos se enteraron de su destino antes de recibir una comunicación oficial.

De los 12 políticos acusados en el juicio del ‘procés’, nueve formaban parte del Gobierno autonómico encabezado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la Justicia (o exiliado a la fuerza, según el relato de los secesionistas).

Según el artículo 544 y siguientes del Código Penal español, se considera que han cometido delito de sedición quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes» o para «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». El propio artículo excluye el delito de rebelión, mucho más grave que el de sedición.

La rebelión hubiera supuesto incluso una pena mucho más dura. La clave radica en el uso de la violencia y en el objetivo del delito. En el caso de la rebelión la violencia debe existir desde el primer momento para conseguir el fin propuesto, esto es, la declaración de independencia. En el caso de la sedición, la violencia surge tras el alzamiento público y de forma espontánea, no provocada. La diferencia supone 10 años más de cárcel, nada menos. Desde el punto de vista penal hay matices importantes.

La sedición es un delito contra el orden público mientras que la rebelión atenta contra el orden constitucional.

Los siete magistrados no han visto, por tanto, como hecho probado el acto de rebelión estipulado en el artículo 472 y siguientes del Código Penal que, en su apartado quinto, recoge como uno de los supuestos penados la posibilidad de «declarar la independencia de una parte del territorio nacional».

Todos los indicios hacen pensar que el juez Marchena negoció una resolución unánime, es decir, que evitara votos particulares en contra o fisuras. El dictamen no da pues la razón a la petición del Ministerio Fiscal y sí a la Abogacía del Estado (el Gobierno), lo que también tiene implicaciones no solo jurídicas sino también políticas.

Todo el mundo en España esperaba este veredicto, el más importante de la Justicia de ese país desde la Transición desde la Dictadura de Franco a la democracia. Ni tan siquiera los juicios contra los implicados en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 tuvieron una relevancia tan considerable.

La sentencia no cierra las profundas heridas del actual conflicto catalán ni suaviza la polarización política que vive esta región desde hace una década. Al contrario. Es muy posible que amplíe el distanciamiento entre los dos grupos sociales enfrentados entre sí en Cataluña. El odio y el malestar no van a desaparecer. Los españolistas (o constitucionalistas) hubieran preferido una condena por rebelión mientras que los catalanistas (o nacionalistas) defendían la libre absolución.

  • Los primeros sostienen que hubo un intento organizado de quebrar la unidad de España, socavando la soberanía popular. Los segundos creen que los políticos condenados llevaron hasta sus últimas consecuencias la defensa de la libertad de expresión y el derecho a decidir. Unos y otros discrepan sobre si es justificado o no que lleven dos años en prisión preventiva.
  • Los primeros estiman que habría que haber dado un castigo ejemplar a los amotinados. Los segundos piensan que la democracia española ha generado sus primeros presos políticos.

Cataluña tiene una cultura y una lengua distintas a la castellana. Las ansias de independencia de los catalanes se remontan al siglo XVII cuando se enfrentaron sin éxito a Felipe IV. La guerra de los segadores fue sofocada en 1652, pero solo después de que Francia perdiera interés en Cataluña tras la Paz de Westfalia. La sublevación se reprodujo 50 años después cuando se negaron a aceptar a un Borbón como rey español. Eso desató una guerra civil entre Castilla y Aragón que se saldó con la pérdida de los históricos fueros catalanes, De hecho, los catalanes celebran desde 1886 la Diada, su día nacional, que conmemora cada 11 de septiembre la caída de Barcelona en 1714 a manos de las tropas borbónicas. Durante las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco estos actos quedaron prohibidos y solo se recuperaron en 1980.

El dictamen del Tribunal Supremo tendrá efectos en los dos clanes independentistas hasta ahora divididos. Por un lado, están los pragmáticos encabezados por la formación separatista Esquerra Republicana de Catalunya y la organización cultural Omnium, para quienes la secesión es un objetivo crucial, pero cuya fórmula debe ser negociada con el poder central. Por otro están los radicales, para quienes la separación unilateral es innegociable y para quienes el tiempo apremia.

En este segundo grupo están el otro gran partido secesionista Junts per Catalunya, al que pertenece el sucesor de Puigdemont, Quim Torra, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la poderosa entidad que organiza la Diada, los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y el movimiento callejero Comités de Defensa de la República (CDR). ERC y su principal líder, Oriol Junqueras, uno de los sentenciados, quieren adelantar las elecciones regionales, conquistar el poder y negociar con Madrid.

Por el contrario, los radicales rechazan un escrutinio anticipado. El duro varapalo recibido terminará con la tregua entre ambos bandos, lo que inclinará la balanza bien a favor de los comicios, bien a favor del enfrentamiento con un Gobierno central que ahora se encuentra en funciones y en una situación delicada, a la espera de las elecciones del 10 de noviembre.

La decisión de la Justicia representa indudablemente un punto de inflexión para el movimiento separatista catalán vertebrado por los errores de los sucesivos gobiernos españoles que no quisieron ver el problema que se les venía encima o que adoptaron posiciones ambiguas y oportunistas. A partir de ahora se antoja más difícil una solución negociada que, en todo caso, pasaría por una reforma de la Constitución y una consulta popular vinculante.

*Sputnik

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