El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), tras su salida de la cárcel, está dispuesto a liderar la oposición al presidente Jair Bolsonaro, pero todavía se enfrenta a numerosos desafíos judiciales: no fue declarado inocente, no puede ser candidato y tiene varias causas pendientes de resolución.

Lula dejó la cárcel de Curitiba (sur de Brasil) donde estaba preso desde abril de 2018 después de que el Tribunal Supremo Federal decidiera que es inconstitucional que alguien esté preso antes de que haya agotado todos los recursos disponibles.

El expresidente había sido condenado en segunda instancia a ocho años y diez meses de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero; Lula no fue declarado inocente, pero ahora podrá esperar en libertad hasta que las instancias superiores (el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo) decidan sobre su caso.

En ese tiempo gozará de libertad total, no usará tobillera electrónica ni tendrá restricciones para viajar; de hecho, es muy probable que acuda a la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina el próximo 10 de diciembre.

A pesar de que la libertad posibilita que Lula empiece a articular la oposición a Bolsonaro con más facilidad y renueve el optimismo en el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), lo cierto es que de momento no puede ser candidato.

La Ley de la Ficha Limpia, que él mismo aprobó cuando era presidente, impide que personas con una condena en segunda instancia puedan ser candidatas en unas elecciones, lo que aleja las posibilidades de un Lula presidenciable en 2022, como espera buena parte de su partido y la militancia.

Para que eso ocurriera la Justicia tendría que anular la condena que le impuso el exjuez Sérgio Moro (actual ministro de Justicia de Bolsonaro) y que fue ratificada por una corte de apelación, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región.

Esta es precisamente la estrategia central de los abogados de Lula a partir de ahora: buscar la nulidad de todo el proceso; para ello, cuentan con dos recursos presentados ante el Tribunal Supremo hace tiempo que alegan que Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato no actuaron de forma imparcial y que por tanto Lula no tuvo derecho a un juicio justo.

Los abogados reforzaron las peticiones más recientemente con los diálogos filtrados por el portal The Intercept, que muestran que Moro y los fiscales colaboraron para crear las condiciones óptimas para poder encarcelar a Lula.

No hay una fecha para que el Supremo evalúe esos recursos, pero se espera que sea en las próximas semanas o meses; si la corte anula el proceso Lula pasaría automáticamente a ser inocente, el proceso volvería al punto inicial y podría ser candidato a presidente.

En cualquier caso, a pesar de que se diera ese panorama favorable, Lula no lo tendría fácil, porque aún tiene siete procesos pendientes de resolución.

El más avanzado de ellos es el de la finca de Atibaia; una casa de campo en las afueras de Sao Paulo en la que empresas vinculadas en el escándalo de Petrobras habían hecho reformas para satisfacer a Lula; la casa no pertenece a Lula, sino a un amigo, pero él solía frecuentarla con su familia, por lo que la Justicia entiende que él era el principal beneficiario.

El próximo 27 de noviembre el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre (sur del país) decidirá sobre el caso, después de que en febrero de este año Lula ya fuera condenado en primera instancia a 12 años y 11 meses.

A pesar de que fuera eventualmente condenado de nuevo en esta corte de apelación Lula no volvería a la cárcel de momento, ya que la decisión del Supremo establece que sólo se puede encarcelar a una persona cuando agote todas las instancias posibles.

Sputnik