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Argentina implementa garantías procesales a nivel nacional para evitar arbitrariedades

Desde este viernes regirá en Argentina un compendio de normas incluidas en el nuevo Código Procesal Penal Federal que aclaran las pautas que deben estar vigentes de inmediato, como en qué casos aplicar la prisión preventiva, informó en una entrevista exclusiva con Sputnik el director de la Comisión Bicameral que redactó la normativa, Héctor Rodríguez.

El Gobierno argentino publicó el martes en el Boletín Oficial una resolución que «tiende a homogeneizar la vigencia de las garantías constitucionales en todo el territorio», dijo Rodríguez, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal.

El texto dispone que en cuatro días «comenzarán a aplicarse los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 (…) para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional».

Dos provincias argentinas, Salta y Jujuy (norte), comenzaron a implementar desde el 10 de junio de este año el Código Procesal Penal Federal, que introduce el sistema acusatorio en la justicia federal para que el fiscal asuma la investigación, y no el juez, como ocurría hasta ahora.

Dado que en el resto del país el Código Procesal Penal se asentará de manera progresiva, el Ejecutivo argentino publicó la resolución 2/2019 porque «hay una cantidad de normas del Código mencionadas en la resolución que la Comisión considera que deben ser de aplicación general en todo el país», explicó su director.

En una reunión el pasado miércoles, 13 de los 16 legisladores integrantes de la Comisión dictaron esta resolución junto con el equipo técnico dirigido por Rodríguez para adelantar la aplicación a nivel nacional de algunos de los artículos del Código Procesal, «sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde se aplica un código procesal que en algunas de sus definiciones es bastante vetusto», aclaró Rodríguez.

La resolución fue consensuada junto a la Procuración General de la Nación «porque el código acusatorio implica la intervención protagónica de la fiscalía en el procedimiento, al ser la que lleva adelante la investigación a través del fiscal», puntualizó el abogado.

«El problema con los códigos procesales es la legislación local en Argentina, ya que cada magistrado que interviene aplica determinado criterio de la manera que le resulta más conveniente, pero hay cuestiones que consideramos deben ser uniformes, y tienen que ver con el hecho de que no sea diferente el modo de tratar la situación de libertad de un imputado en Salta y en Jujuy que en capital», profundizó.

PAUTAS CLARAS

Uno de los criterios que se aclara es cuándo no debe aplicarse la prisión preventiva.

Las causales que contemplaba la legislación hasta ahora, el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, «eran conceptos difusos o sujetos a interpretación, pero hoy se dan unas pautas objetivas que lo hacen más claro», indicó Rodríguez.

Los más de 8.000 presos sin condena firme que se encuentran en prisión preventiva en el sistema federal podrían beneficiarse de la entrada en vigor de la resolución, si bien los tratados internacionales también sirven de amparo ante una ley que estipula que ningún imputado debe estar en prisión preventiva por más de dos años, aunque sea prorrogable por un año más en determinados casos.

En definitiva, es posible que se revisen algunas prisiones preventivas porque «se trataría en algunos casos de aplicar la ley penal más benigna, y esa legislación es de aplicación retroactiva, así que (su aplicación) estará sujeta a condiciones y circunstancias de cada causa en particular», concedió el titular de la Comisión Bicameral.

Por otro lado, el Código Penal prevé que el fiscal pueda aceptar un acuerdo entre partes, pero en la ciudad de Buenos Aires «fiscales y jueces lo supeditaban a la entrada en vigencia del código acusatorio y, de esta manera, no aplicaban la ley de fondo a los ciudadanos de la ciudad, lo que era un modo directo de violar la igualdad ante la ley, algo que ahora está más claro», razonó.

En paralelo, el nuevo Código Procesal rescata la celebración de audiencias, conocidas como la oralización, como «el mejor método de trabajo en la administración de justicia».

«El sistema acusatorio tiene ventajas muy importantes respecto al sistema escrito porque la velocidad en la toma de decisiones y la inmediación entre la actividad de las partes y el juez que tiene que decidir se resuelve a partir de la celebración de audiencias, en las que el juez escucha directamente a las partes y no está siguiendo la información a partir de la presentación de escritos», resumió el especialista.

El Nuevo Código Procesal elaborado durante los últimos cuatro años por la Comisión Bicameral es, en suma, «una política pública que tiene la posibilidad de que esté vigente por los próximos, 30 o 40 años», celebró su director.

«Se va a aplicar por las próximas décadas, porque en el mundo no hay ningún método superador al acusatorio para el juzgamiento penal, que es lo que se aplica en casi todo el país y lo que ahora se aplicará también en la justicia federal», consideró.

La Comisión Bicameral, integrada por ocho diputados, ocho senadores y un equipo técnico de nueve personas, colaboró durante el proceso con el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Casación, la Corte Suprema, la Procuración General y el Ministerio público de Defensa, que serán las entidades que apliquen el Código.

El Código Procesal Penal sancionado por el Congreso y promulgado el pasado 7 de enero a través de la Ley 27.482 se aplicará de manera progresiva en todo el país para que cada provincia pueda adaptar su infraestructura edilicia e incorporar los nuevos recursos humanos y materiales que requiere.

Sputnik

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