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Policía en Chile actúa «con intención de dañar y castigar» a manifestantes, dice Amnistía

Carabineros de Chile (policía militarizada) y las Fuerzas Armadas han reprimido las múltiples manifestaciones ciudadanas con la intención de dañar y castigar a quienes se manifiestan legítimamente, violando los derechos humanos de la población, señaló este jueves la organización Amnistía Internacional (AI) en una conferencia de prensa.

«Las Fuerzas Armadas y Carabineros han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población chilena, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a aquellas personas que valientemente continúan en las calles exigiendo legítimamente sus derechos», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas del organismo.

Amnistía aseguró que es posible corroborar que los ataques de uniformados a manifestantes no son casos aislados, sino que responden a patrones que se repiten en distintos puntos del país de manera organizada.

«Se registraron 2.400 personas heridas con distintos tipos de armas, y 287 personas presentan traumas oculares graves», dijo.

Además, el organismo criticó a las autoridades políticas y principalmente, al presidente Sebastián Piñera, por el manejo durante la crisis, «lamentablemente, y pese a los llamados internacionales de escuchar a la ciudadanía, el presidente decidió sacar al Ejército a las calles, los mismos quienes retraumatizan a la ciudadanía tal cual lo hicieron en dictadura».

«El Gobierno está fomentando una política de castigo que pretende disuadir a las personas para que no se manifiesten, pero todos los intentos de Piñera por bajar la tensión social solo han logrado alentar las demandas de la población, quienes exigen una rendición de cuentas frente a estas graves violaciones a los derechos humanos», señaló.

Por último, pidió que el presidente Piñera ponga fin a la represión, que el Gobierno genere todas las medidas necesarias para atender las demandas de los ciudadanos, reformar profundamente la policía chilena, actuación inmediata de tribunales y del Ministerio Público para condenar los crímenes y delitos durante el estallido social, entre otras.

Desde el comienzo de las protestas masivas en octubre 30 personas han fallecido, y al menos cinco de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha presentado 346 acciones judiciales contra uniformados por su actuar durante las protestas, acusando torturas, tratos crueles, homicidios, homicidios frustrados y abusos sexuales.

Sputnik

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