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Gobierno boliviano impulsa plan de violencia contra población y DDHH, denuncia activista

El Gobierno de facto de Bolivia amenaza a los activistas sociales porque no quiere que el mundo descubra el plan de violencia que impulsa contra sus ciudadanos y los derechos humanos, denunció el viernes en diálogo con Sputnik la socióloga y feminista argentina Victoria Freyre.

«No nos sorprende que el gobierno de facto nos amenace, porque quiere tapar a los ojos de la comunidad internacional que está llevando adelante un plan de violencia contra la población y sin respetar ninguna clase de derecho de la comunidad boliviana», afirmó a esta agencia Freyre, quien integra la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano y es Coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas.

El viernes la delegación argentina recién llegada a Bolivia, que está integrada por dirigentes de varias organizaciones sociales y de derechos humanos, denunció presuntas amenazas por parte del ministro de Gobernación, Arturo Murillo.

«Extranjeros que están llegando al país, hechos a mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo», dijo Murillo en declaraciones a la prensa.

El ministro añadió que «el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición se van a ver con los policías».

La comitiva argentina, que incluye al líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, fue hostigada el jueves por fuerzas de seguridad a su llegada al aeropuerto Viru Viru en la ciudad de Santa Cruz (este), según denunció el propio expresidente Evo Morales, (2006-2019).

Por su parte, Freyre afirmó que los integrantes de la delegación en Santa Cruz fueron «interrogados» y «amedrentados» por la Policía.

«Incluso un grupo de provocadores en convivencia con la policía nos abucheó y amenazó, también recibimos unos golpes; eso no nos detuvo, ahora estamos llegando a La Paz y estamos hablando con los familiares de víctimas, detenidos, desaparecidos y personas heridas por la represión y por los grupos locales de la derecha que están también actuando como fuerzas de choque», agregó.

Afirmó que hace responsable al gobierno de facto de la seguridad de los integrantes de la delegación y consideró que la actitud del Estado «no sorprende», ya que no quiere que hayan observadores internacionales en Bolivia registrando la situación que se vive en el país.

«Hay muchísimos detenidos, personas heridas y muertos a partir de los hechos represivos que impulsaron las fuerzas de seguridad; esa es la razón fundamental por la cual nos atacan (…) nosotros estamos convencidos del rol que tenemos los organismos de derechos humanos, los militantes sociales y populares de transmitir el testimonio y la voz de la comunidad boliviana», reflexionó.

La delegación está en contacto con las agrupaciones locales pero también ha solicitado la colaboración de otras organizaciones internacionales para que velen por la vida de los activistas que están en Bolivia, señaló.

«Nuestra delegación viene en misión de paz, a entrar en contacto con las personas que están sufriendo las consecuencias del golpe de Estado; lo único que queremos hacer es poder romper el cerco informativo y transmitir a la comunidad internacional lo que está pasando en Bolivia para construir articulaciones más sólidas que logren frenar la violencia», expresó.

El contingente argentino, del que forman parte una treintena de miembros, llegó a La Paz para elaborar un listado de personas que hayan visto vulnerados sus derechos por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, que asumió poco después de la renuncia de Morales el 10 de noviembre presionado por las Fuerzas Armadas y policías, además de protestas civiles, luego de que la OEA dijo que observó irregularidades en las elecciones del 20 de octubre.

Integran la comitiva la Asociación Americana de Juristas, el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha y la ONG Xumek.

También forman parte de la comitiva integrantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, entre otros.

Sputnik

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