CIDH pide medidas cautelares para tres políticos ecuatorianos acusados de rebelión durante las protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el viernes al Estado ecuatoriano la adopción de medidas cautelares para tres personas acusadas del delito de rebelión durante las violentas protestas de octubre, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, informó su abogado.

«Por haber peligro inminente a la vida y a la integridad de los señores (Virgilio) Hernández, (Christian) González y la prefecta de Pichincha (cuya capital es Quito), Paola Pabón, se conceden las medidas cautelares», dijo Ramiro Aguilar, abogado de los tres detenidos, en una conferencia de prensa en Quito.

Aguilar también publicó en su cuenta de la red social Twitter una decisión de la CIDH que solicita a Ecuador que «adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal» de Pabón, Hernández y González, «particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos».

La decisión también pide al Estado que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar y evitar su repetición.

La CIDH, además, solicitó al gobierno ecuatoriano que en 15 días informe sobre la adopción de las medidas acordadas y actualice de forma periódica esa información.

La CIDH destacó en el documento que el otorgamiento de medidas cautelares y su adopción por parte del Estado «no constituyen prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables».

Pabón y González están detenidos, preventivamente, desde el pasado 15 de octubre, mientras que Hernández está detenido desde el 5 de noviembre.

Los tres son investigados por el presunto delito de rebelión durante las protestas de octubre.

Aguilar afirmó que en su dictamen la Comisión también hizo una reflexión sobre el daño irreparable de los derechos políticos de Pabón, e instó al Estado a respetar su condición de prefecta en funciones, pues si se le priva del cargo -como consecuencia de la prisión- se afectarían irreparablemente sus derechos.

Los 60 días de licencia sin sueldo que solicitó Pabón para defenderse del proceso judicial en su contra terminan el 8 de diciembre.

Aguilar aspira a reunirse el lunes con representantes de distintas funciones del Estado ecuatoriano para implementar las medidas, y espera que éstas «permitan la liberación de los tres detenidos y la protección de la función de la prefecta».

Tanto los tres procesados como su abogado sostienen que el proceso judicial en su contra es una persecución política y que no existen pruebas del delito del que se les acusa, mientras la Fiscalía dice tener esas pruebas.

La Fiscalía dijo que los tres intervinieron en las manifestaciones con la finalidad de subvertir al pueblo y desconocer el orden constituido y el orden constitucional, y que en conversaciones telefónicas disponían salir al paro y armarse con instrumentos de defensa para ocasionar actos violentos, entre otras cosas.

Durante las movilizaciones y protestas de octubre hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.

Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.

Sputnik

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