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Fundación revela politización en planes de seguridad salvadoreños tras fin de guerra civil

La politización, las incoherencias y la falta de transparencia caracterizaron los planes de seguridad pública implementados por los diferentes gobiernos de El Salvador tras el fin del conflicto armado (1980-1992), reveló una investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

«Los planes de seguridad fueron politizados en lugar de ser convertidos en políticas de Estado, para que cada nuevo gobernante no limpiara la mesa e iniciara un nuevo programa», consideró el abogado Saúl Baños, director de Fespad, en declaraciones facilitadas a Sputnik tras un foro sobre seguridad pública y derechos humanos.

El Salvador es uno de los países más violentos de la región, debido a las pugnas territoriales de las pandillas y a la herencia de una guerra civil que desangró al país durante 12 años y lo polarizó tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.

Los gobiernos de Alianza Repúblicana Nacionalista (Arena, derecha) optaron por enfrentar la inseguridad mediante un uso de la fuerza que generó más violencia, en tanto la segunda administración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) apostó por la prevención y el abordaje territorial del problema.

Así nació en 2015 el Plan El Salvador Seguro (PESS), considerado por Baños una política bien concebida pero pobremente ejecutada, y lastrada por incoherencias entre discurso y realidad.

«El PESS fue un plan muy bien diseñado, con una amplia participación democrática y varios ejes prioritarios, con énfasis en la prevención, pero con muy pocas posibilidades de ser bien ejecutado porque tenía un débil presupuesto», señaló el abogado.

El estudio de Fespad también descubrió que los ingresos de un impuesto especial cobrado a la telefonía para financiar planes de prevención fueron destinados al pago de salarios en el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales.

Baños admite que, sin ser perfecto, el PESS fue elaborado con rigor, pero con la llegada del presidente Nayib Bukele fueron desechados incluso sus aspectos positivos, para dar paso a un plan del que se conoce poco y que arrastra vicios de proyectos anteriores.

Al respecto, el titular de Fespad señaló que el plan Control Territorial, propuesto y defendido por la administración Bukele, también tiene referentes de utilización política y peca de obviar elementos positivos del PESS, como el trabajo con las comunidades.

«Primero hay que dar a conocer el Control Territorial, se sabe que por motivos de seguridad no van a revelarlo en su totalidad, pero eso cierra espacios de participación ciudadana, de las comunidades y de los defensores de los derechos humanos», advirtió Baños.

Por lo pronto, el actual Gobierno centraliza más la toma de decisiones en seguridad pública y rompe el engranaje que fomentó el PESS en las comunidades, cuyos líderes no son tomados en cuenta en una estrategia que goza, empero, de abundante promoción y visibilidad.

Sputnik

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