Gobierno de facto de Bolivia y CIDH acuerdan investigación independiente por violencia en contexto electoral

El Gobierno de facto de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciaron este jueves la firma de un acuerdo con el fin de instalar un Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) para investigar hechos violentos ocurridos en el contexto de las elecciones nacionales, informó el organismo en su cuenta de Twitter.

«Gobierno de Bolivia y la CIDH anuncian que firmaron hoy un acuerdo para instalar un GIEI – Grupo Independiente de Expertos Internacionales – para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia del contexto electoral entre septiembre y diciembre de 2019», informó la CIDH.

El acuerdo señala que el GIEI en Bolivia estará integrado por cuatro personas designadas por la CIDH y su mandato durará seis meses, aunque podría extenderse por acuerdo de las partes por el tiempo que consideren necesario.

La investigación abarcará actos de violencia cometidos contra personas, «organizaciones y autoridades en Bolivia, incluyendo fallecimientos individuales o colectivos, lesiones personales, detenciones irregulares o arbitrarias, actos de racismo o discriminación, lesiones de la libertad de expresión persecución judicial o extrajudicial».

Además, el organismo señala que se investigará la «desaparición forzada tortura, incendio y destrucción de propiedad pública y privada, amenazas y hechos afines o similares cometidos en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales».

Asimismo, el GIEI podrá proponer medidas adicionales que garanticen la seguridad de quienes colaboren con las investigaciones (peritos, testigos, etc.) y recomendar qué acciones podría implementar Bolivia para la reparación integral de las víctimas y sus familiares.

El Estado boliviano, por su parte, se compromete a fortalecer las investigaciones en materia penal de acuerdo a las recomendaciones de los expertos.

Bolivia deberá brindar a los expertos el acceso a toda la información necesaria como expedientes, información pública gubernamental y garantizarles la seguridad para el desarrollo de su trabajo.

El acuerdo además establece que la Cancillería será el canal «permanente de comunicación del Estado boliviano con el GIEI».

El miércoles el Gobierno de facto de Bolivia calificó «sesgado» y pro «narcoterrorismo» un informe de la CIDH que denunció que las fuerzas de seguridad cometieron «masacres» al reprimir protestas contra el golpe de Estado en noviembre.

El informe de la CIDH, basado en observaciones de una comisión enviada al país a fines de noviembre, subió a por lo menos 36 la cifra de muertos y a más de 800 la de heridos en el conflicto político que vivió Bolivia en los dos meses pasados, durante el cual el presidente Morales fue derrocado y sustituido por Jeanine Áñez.

Sputnik

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