Los fiscales de Cataluña se muestran favorables a que los presos del ‘procés’ disfruten de un segundo grado flexible

La Generalitat deberá ratificar u oponerse al segundo grado acordado este jueves por las instituciones penitenciarias.

Las defensas prevén pedir que los presos puedan salir para trabajar o hacer voluntariado.

Los fiscales catalanes se muestran favorables a que los presos del ‘procés’ independentista disfruten de un segundo grado «flexible» con el que puedan hacer salidas puntuales de prisión siempre que se ajusten a la ley, según ha podido saber TVE. Las defensas de los presos prevén solicitar que éstos puedan salir de prisión para trabajar o hacer voluntariado, después de que las instituciones penitenciarias donde cumplen condena acordaran el régimen de segundo grado para ellos.

La Cúpula de la Fiscalía de Cataluña se ha reunido este viernes con los jueces de Vigilancia Penitenciaria para aunar criterios sobre cómo actuar cuando la condición del segundo grado sea ratificada por la Generalitat o en caso de que sea recurrida por los presos.

Tras una reunión que ha durado más de tres horas, fuentes fiscales han anunciado a TVE que evaluarán de forma individualizada la situación de cada preso, pero se muestran favorables con la condición de un segundo grado que ordinario que, aunque en principio no prevé salidas de prisión, pueda flexibilizarse mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

El 100.2 es el mismo artículo que ya se aplicó a Oriol Pujol. Sin embargo, los fiscales se muestran tajantes a la hora de afirmar que ‘no sirve cualquier cosa’ para acogerse a este artículo con el que encubrir un estado de semilibertad, como supone de facto el tercer grado penitenciario. Con ello, inciden que para acogerse a él, las solicitudes deben estar bien fundamentadas y acogerse a la legalidad.

La decisión no es firme

Sin embargo, los fiscales no han tomado una decisión definitiva ya que destacan que la condición del segundo grado a los presos del ‘procés’ todavía no es firme.

Desde el miércoles, hay un plazo de dos meses para que la Generalitat ratifique la resolución de la junta, un órgano integrado por psicólogos, educadores, trabajadores sociales y juristas y por un representante de la administración catalana que cuenta con voto de calidad, pero insuficiente para imponer su criterio. La última palabra, en cualquier caso, corresponde al Poder Judicial, ya que la Fiscalía tiene potestad para recurrir la clasificación penitenciaria de los presos.

Éstos también pueden recurrir su condición después de la decisión de la Generalitat en caso de no estar conforme, con lo que el proceso se elevaría al Tribunal Supremo.

RTVE

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