El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia advirtió el lunes que utilizará su mayoría en el parlamento para sancionar una polémica «Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos», pese al anticipado veto del gobierno de facto que la considera una norma de impunidad a favor de Evo Morales.
«La democracia pasa por respetar las ideas del otro, esta Ley no habla de impunidad para nadie y va a ser sancionada para evitar un nuevo brote de conflictos», dijo la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, al justificar el proyecto.
Copa hizo la declaración ante declaraciones de rechazo a la también llamada «ley de garantías», tanto desde el gabinete ministerial como desde la minoría parlamentaria que apoya a la presidenta Jeanine Áñez.
El MAS de Morales, que controla con más de dos tercios de votos las dos cámaras del parlamento, demoró la aprobación de la norma en espera de acomodarlo a las previsiones de un pacto de pacificación firmado a fines de noviembre entre el gobierno de facto y los sectores leales al depuesto presidente indígena.
Copa dijo que el proyecto final es producto de consultas con organizaciones sociales y con organismos internacionales, y recoge también las observaciones del gobierno de facto.
La Cámara de Diputados, que aprobó la versión inicial de la ley que el Senado ratificó con cambios de detalle el viernes pasado, prevé volver a votar sobre el proyecto esta semana, anunció el lunes a reporteros el presidente de la cámara baja, Sergio Choque.
El proyecto provocó un duro rechazo del gobierno de facto y líderes conservadores desde que fue propuesto por el MAS a fines de noviembre con objeto de proteger a Morales de lo que sus seguidores definieron como «persecución política».
Tras el pacto de pacificación, las bancadas políticas en el parlamento acordaron un texto que eliminó las referencias directas a Morales, proclamando la vigencia plena de derechos humanos de todos los bolivianos y extranjeros residentes en el país.
El senador Carlos Klinsky, del partido Demócratas que respalda a Áñez, anunció que demandaría la nulidad de la ley con el argumento de que el proyecto no fue revisado previamente por la comisión de constitución de esa cámara, pero Copa replicó que la comisión revisora fue la de derechos humanos.
Sobre el fondo de la norma, Klinsky afirmó que el proyecto no tenía sentido porque «ya existen disposiciones constitucionales y legales a las que pueden acudir todas las personas que crean que sus derechos están siendo vulnerados».
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, dijo en una declaración separada que la presidenta Áñez vetará la ley y aseguró que el supuesto propósito de ratificación de derechos humanos ocultaría «un afán de protección al expresidente» Morales.
La senadora Copa respondió que el proyecto «no tiene ningún parágrafo, ningún artículo que defienda la impunidad».
El proyecto protege a todos los habitantes del país contra «acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos» posteriores a las elecciones de octubre pasado.
Copa añadió que, al contrario de lo que sostiene el gobierno de Áñez, hay todavía decenas de víctimas de la represión posterior al golpe de noviembre que no reciben tratamiento médico adecuado ni recibieron indemnización por las muertes de familiares.
Sputnik
