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Reflexiones sobre «seguridad interior»

Las políticas de seguridad que implementará la Argentina dependerán de la adopción de una  agenda ad hoc,  es decir, una agenda que sea eficaz para garantizar la seguridad de los argentinos y que, por ello, deberá ser confeccionada por el Estado nacional y que designará como enemigos no a quienes son designados como tales en otras latitudes sino a quienes el propio Estado argentino reputará amenazas a su seguridad.

Por Juan Chaneton*

*jchanedton022@gmail.com

Se trata de interrumpir el muy perjudicial círculo vicioso iniciado por el incomprensible gobierno de ese personaje mínimo llamado Mauricio Macri que, exhibiendo una incapacidad para la gestión francamente sin antecedentes en Argentina, sustituyó su falta de atributos para pensar por sí mismo por el expediente de entregar, alegremente, decisiones vinculadas a la seguridad del Estado a potencias extranjeras que son las mismas que vienen colocando a la Argentina  -desde la época de Menem y Carlos Corach y cada vez que pueden-  en el casillero del peón que va al frente a jugar la partida que el ajedrecista jefe ha dispuesto para él.

Las políticas de seguridad también constituyen, en sentido propio, manifestación del Poder. Y el poder no es sólo represión. En el principio, fue guerra  -dice Nietzsche- , y si no es así, la trashumancia humana, hoy, se parece bastante a una guerra cuya procedencia tal vez haya que buscarla en donde dice el autor de Genealogía de la Moral que hay que buscarla. Hoy el poder es, además,  política y régimen de verdad.

Por caso, en el plano jurídico, el funcionalismo sistémico penal y el garantismo  -antónimos-    viven bajo la forma de discursos que circulan y de enunciados que se formulan y se reformulan permanentemente. Toda sociedad tiene un régimen de verdad propio y una política general de la verdad. El conjunto de discursos que circulan en una sociedad y que ésta acoge y hace funcionar como verdaderos, es lo que se llama régimen de verdad. Y la sociedad hace funcionar como verdaderos ciertos discursos valiéndose de la familia, de la escuela, de la universidad, de las religiones … y de los medios de comunicación.

Es decir que los discursos circulan en el espacio societal. Niklas Luhmann (1927-1998) va a decir en su La ciencia de la sociedad,  que sin la comunicación no habría hoy sociedad; en particular, no habría derecho penal, pues éste existe cuando su destinatario, el pueblo, sabe que hay una norma que castiga. La norma y el castigo  -según Luhmann-  deben ser, ante todo, noticia. El derecho penal, así, no existe en la conciencia individual sino en la comunicación. Es  lo no dicho implícito en los dichos de Luhmann.

La consecuencia es que, una vez que dos discursos antagónicos  (como mano blanda-mano dura) se autoconstruyen como discursos, la comunicación los hace circular como verdaderos o como falsos. Es esto lo que está ocurriendo en la Argentina  y en todo el mundo.

La policía debe armarse y defender a la sociedad de una delincuencia que, frecuentemente, por no decir siempre, vive y actúa asociada al narcotráfico y al terrorismo: hay que bajar la edad de imputabilidad penal. Ese es, ni más ni menos, un régimen de verdad. Aunque no sea verdad. Y es un régimen de verdad porque circula como discurso y enunciado en una sociedad, en un país, en una región, en el occidente capitalista todo. Los medios controlan la circulación de ese discurso. Dice la verdad el que enuncia en adecuación perfecta con ese régimen de verdad.

Las sociedades no tienen un único régimen de verdad. En materia de seguridad interior, por caso, circulan, en la Argentina de hoy, por lo menos dos discursos constitutivos de sendos regímenes de verdad. Berni-Frederic expresan una oposición discursiva y sus respectivos discursos configuran, cada uno, un específico régimen de verdad.

Es ilustrativo hacer alusión aquí a un fragmento de nota periodística que resulta menos anecdótico de lo que parece. Sobre esa «tensión de opuestos» que configuran Frederic y Berni, se ha expresado, en modo desopilante, Carlos Pagni, una vez más. No entiende, dice el hombre, cómo ha podido Alberto Fernández pasar de Diego Gorgal  -que era su elegido, al principio, para atender la seguridad a nivel Nación-  a Sabina Frederic. Y deja plasmado su estupor con la siguiente tirada: Berni, al lado de Gorgal, es Michel Foucault, ha dicho el periodista de La Nación. Felicitaciones a Pagni. Es una pena que tanto ingenio provenga de un cuadrante ideológico como el suyo, respetable como todos, pero incompartible. Incompartible, digo. Está diciendo que apadrinar a Gorgal y luego hacerlo con Frederic involucra algo parecido a una contraditio in adjecto, que es una de las especies del oxímoron.

Infiere el periodista de La Nación que Frederic  -con sus declaraciones públicas sobre las pericias en el caso Nisman y sobre lo actuado en el caso Maldonado-  ha disparado la preocupación de Berni, pues éste estaría necesitando a una Gendarmería con la moral alta y el músculo dispuesto para hacerse cargo de la agenda de seguridad en la provincia de Buenos Aires como ministro de Axel Kicillof. Frederic, según Berni, enerva (debilita) a la institución.

Parecería que Berni está preocupado y, por ello, reclamando una fuerza en condiciones de reprimir con dureza un delito que, en el conurbano, y atento la histórica ausencia de políticas sociales, si no se ataca duro y parejo, puede hacer fracasar su gestión. El delito disparado por la necesidad debe ser reprimido sin concesiones al garantismo, sería la política de Berni. Si los pobres tienen hambre y no van a la escuela, no por eso tienen que delinquir. ¿Qué tienen que hacer?

Se verá. Lo único cierto, hasta ahora, es que Berni es mejor político que Frederic. Comunica y, desde el período kirchnerista, lo hace con él como centro del mensaje. El crimen abominable cometido por diez alienados en Villa Gesell, lo tiene nuevamente como declarante compulsivo en los canales de televisión. El caso es que juega y gusta. No golea, pero gusta. Le gusta al medio pelo. Frederic, con una sutileza, una formación y una visión de conjunto de lo que ocurre en materia de seguridad en los espacios nacional, regional y global, le ofrece al país el acucioso y solvente discurrir de una intelectual de lujo en busca de una concepción de seguridad integrada a un proyecto de país. Lo suyo rinde insertado en una planificación china: a largo plazo. Lo suyo es lo mejor. Es lo más humano y, a la larga, lo más eficaz.

Pero la turba, azuzada siempre por la «libertad de expresión» de los canales de televisión, exige, también siempre, que las hogueras ardan pronto y bien y, si es posible, con leña verde, que es la única que garantiza un sufrimiento lento y una goteante efusión de sangre. La otra, la otra leña, la leña seca,  quema rápido, y quema hasta la sangre que, así, no se puede ver, y el espectáculo pierde adrenalina.

Pero el nudo de la cuestión y el éxito o fracaso de la gestión en seguridad, se asienta, una vez más, en las políticas antitráfico de narcóticos y cuidado de las fronteras con el fin de desalentar el uso de la Argentina como plataforma de concentración de droga  para su posterior envío al exterior.

El tema podría decantar, nuevamente, en torno de si las fuerzas armadas deben hacerse cargo de esta lucha o ésta debe ser encarada por las fuerzas de seguridad, en particular, Gendarmería Nacional, que para eso fue creada, para cuidar las fronteras, no para hacer pericias o vigilantear barrabravas en los estadios.

Desde 2007, las fuerzas armadas (ejército y fuerza aérea) prestan apoyo logístico a las fuerzas de seguridad integrándose al sistema de vigilancia y control del espacio aéreo en las fronteras noroeste y nordeste. La política oficial de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner contra el narcotráfico fue integral y aumentó su dimensión en 2011 cuando se lanzó, en coordinación con el anterior, el Operativo Escudo Norte, que extendió la actividad represiva a trata de personas y contrabando. La nueva ministra decidirá cómo y qué tipo de continuidad se le dará a esas políticas.

Mientras tanto, y en relación con lo anterior, Sabina Frederic ha recibido a Edward Prado, el embajador top del cuerpo diplomático. Lo hizo el miércoles 22, y la amena charla giró en torno a los «programas» que Estados Unidos tiene en la Argentina para «enfrentar al terrorismo, al narcotráfico y a la COT», como le dicen en las escuelas de inteligencia a la criminalidad organizada transnacional. Nada se dijo acerca de si hablaron de los programas que Argentina tiene en Estados Unidos para enfrentar allí a los mismos enemigos. Tal vez haya sido porque Argentina no moja la medialuna en Estados Unidos más que a través del turismo de plástico de los argentinos que van a comprar  menudencias a Miami. Es lo más probable.

En todo caso, la ministra de Seguridad de la Argentina ha estado reunida con el embajador de un país que acaba de asesinar a un jefe de Estado (o casi) de otro país, y lo escandaloso del asunto es que el asunto no suscita ningún escándalo. Prado habla en nombre de ese presidente.

La definición de seguridad interior que contiene la ley 24.059/92 consta en su artículo 2º que dice:  «A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional».

Es decir que la ley de seguridad interior está para hacer posible que todos los argentinos puedan usar y gozar de los derechos que les confiere la Constitución Nacional.

Una lectura posible de ese  texto legal podría ser ésta: la connivencia dolosa entre dueños de supermercados para subir precios, atenta contra el derecho constitucional a una vida digna y sin apremios para las familias y los hijos (Perón, en 1948, con una inflación del 30 %, dijo en un discurso que iba a pasar por las armas de la crítica y por la crítica de las armas a los que se plegaran a la joda del agio y la especulación. La inflación, en dos meses, bajó al 4 %).

En cambio, otra lectura, la de un «mano dura» diría: el piquete que corta la ruta a Mar del Plata e impide a los ciudadanos ir a la playa en pleno mes de enero, viola la ley de seguridad interior y hay que sacarlos de la ruta a balazo limpio.

Y ahí se traba la litis. Es una prueba palmaria de que gris es la teoría pero verde es el árbol de la vida, como decía Goethe que decía Mefistófeles. La letra de la ley dice lo que dice pero a la hora de interpretarla las ideologías mandan. Por lo cual la solución del problema se desplaza desde lo jurídico hacia lo político: hay que definir, previamente, cuál es la ideología que prioriza lo social comunitario por sobre el egoísmo liso y llano y pronunciarse, desde el Estado, por privilegiar lo primero.

Pero la Argentina y la seguridad interior de la Argentina viven en un mundo que, según  el secretario general de la ONU acaba de explicar, es un mundo que confía cada vez menos en las instituciones políticas; dos de cada tres personas viven en países donde crece la desigualdad y cada vez hay más personas que ponen en duda los beneficios de la globalización. Eso acaba de decir Antonio Guterres.

Los pueblos, los pueblos pobres y ninguneados por el sistema capitalista protestarán. No admitirán  -los pueblos no lo han hecho nunca-  resignarse a sufrir sin pelear.

Si ardiera el conurbano y los conurbanos y si la Argentina se desbarrancara por el camino de la violencia callejera ante las mentiras de una clase dirigente que desde hace un siglo viene diciendo que quiere combatir la pobreza mientras ellos desde hace cien años son los privilegiados de la política; y toda vez que los pobres hace ese mismo siglo que siguen siendo pobres, en ese caso, la seguridad interior debería consisitir en impedir que la protesta social violenta ponga en riesgo, precisamente,  los objetivos definidos por la ley de seguridad interior.

Eso diría y haría Berni. Sería su interpretación de la situación de crisis abierta por la protesta social. No llegaría, se supone, a los extremos de Piñera en Chile, que dijo que la rebelión de los estudiantes de secundaria era la prueba de que «estamos en guerra con un enemigo peligrosísimo». Ni a los de Patricia Bullrich, que, como una suerte de Millán de Astray, cada vez que escuchaba ruidos de manifestación callejera, echaba la mano al cinto al grito de terrorismo, terrorismo…!

Y si ese fuera el caso, estaríamos en un problema. Seríamos un gobierno popular que tiene que proteger el orden y la propiedad privada de un caos que estaría poniendo en peligro sólo la propiedad privada de los que tienen propiedad privada digna de tal nombre: los 2000 dueños de toda la tierra fértil, los banqueros, los empresarios concentrados, los supermercadistas, los dueños de los medios de comunicación y los de los laboratorios medicinales. Ese es el bloque burgués que domina en la Argentina y se opone, entre lobys y bambalinas, a cualquier medida que sirva para eliminar la pobreza en la Argentina; y lo hacen con el argumento de que «así no se elimina la pobreza». Hace cien años que dicen lo mismo y hace cien años que no hay gobierno que pueda o quiera ponerles el cascabel en el cogote.

Mientras haya paz social, la tensión Frederic-Berni permanecerá allí, como anomalía y contradicción al interior de un gobierno popular que es todo lo popular que las circunstancias históricas le permiten. En cambio, si hubiera desbalance en el equilibrio inestable de esa contradicción (que sólo la actividad de un pueblo impaciente en modo irrupción disruptiva podría modificar), habría que optar: Frederic o Berni.

Son los problemas que irroga el tener que administrar las demandas políticas de los pueblos en el marco de un sistema institucional pensado no para empoderar a esos pueblos sino para administrar su desesperación de modo tal que esta desesperación no se desborde hacia lo políticamente incorrecto. Y en este instante, me acuerdo de Milagro Sala, de lo que hizo esa mujer en Jujuy. Pero eso es tema de otra nota.

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