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Sindicatos uruguayos organizan respuesta a paquete de medidas del futuro Gobierno

El movimiento sindical de Uruguay está armando un frente social contra una serie de medidas anunciadas por el Gobierno electo que asumirá el 1 de marzo y que se presentarán al Parlamento bajo la forma de una ley de urgencia, dijo el viernes a Sputnik el presidente de la central unitaria de trabajadores PIT-CNT, Fernando Pereira.

«Tenemos que ganar la batalla por el sentido común; eso supone hablar con los partidos políticos, con las organizaciones sociales y con el feminismo para construir un arco social que permita que en determinado momento, si es necesario, podamos consultarle a la ciudadanía y frenar esta ley que implica retrocesos a los derechos de los trabajadores», dijo Pereira.

La coalición de partidos de centroderecha que apoyan al presidente electo Luis Lacalle Pou presentó el 22 de este mes un proyecto de ley de urgente consideración con 457 artículos que modifican aspectos de seguridad, educación, economía, empresas públicas y relaciones laborales, entre otros.

La propuesta generó rechazo de movimientos sociales y del hasta ahora gobernante Frente Amplio (centroizquierda), que señalan que implica un retroceso en diversas áreas.

Un proyecto de ley de urgente consideración debe ser aprobado en 90 días en el Parlamento; en caso de que las cámaras no completen el proceso en ese lapso, la iniciativa puede resultar sancionada de hecho.

Según Pereira, la central sindical evalúa desde dialogar con el Gobierno para intentar modificar el proyecto hasta realizar movilizaciones e incluso impulsar un plebiscito para derogarlo ya que es una «ley regresiva, que va hacia atrás de los derechos conquistados por los trabajadores y por la población en general».

Para el dirigente sindical existe una «disputa» con el Gobierno electo por el «sentido común» y afirmó que en los próximos meses la dirigencia sindical procurará que la mayor parte de los uruguayos lleguen a apreciar que esta ley recorta derechos de las personas.

Consultado sobre si era posible que el nivel de conflicto social aumentara con la asunción del próximo Gobierno señaló que eso dependerá de las políticas que impulse la administración de Lacalle Pou.

«No elegimos al Gobierno, lo elige la sociedad entera; lo que primó ahora es el relato de un cambio, nosotros le advertimos a la sociedad que ese cambio era negativo y conservador; no toda la oposición es conservadora, pero que buena parte de ella lo era ya que defiende posiciones que no benefician a los trabajadores, esto lo estamos viendo en la práctica misma», expresó.

RAZONES EN CONTRA

Pereira consideró que el proyecto limita el derecho a huelga, lo que significa una «embestida brutal» contra los trabajadores.

«No puede haber ofensa más grande para un sindicato que limitar el derecho a huelga, con lo cual el Gobierno puede entender que hay que eliminar una huelga de transporte porque el trabajador de telecomunicaciones no puede llegar a su lugar de trabajo», agregó.

El dirigente sostuvo que el proyecto niega el derecho a ocupar los lugares de trabajo durante una huelga y da facultades al Poder Ejecutivo que «nunca debería tener».

En el proyecto de ley se afirma que «toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a entrar en los locales de la empresa».

Además, sostiene que el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a la huelga cuando no cumpla con las condiciones establecidas.

Por otro lado, el proyecto plantea la «desmonopolización» de la importación, exportación y refinación de combustibles

Para el cumplimiento de estas actividades, la empresa estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) «podrá constituir una sociedad comercial», que actuará «bajo los mecanismos de contralor regulados» en la ley de sociedades anónimas con participación de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Pereira cree que esta disposición afecta a las empresas públicas, particularmente a las que son la «base del desarrollo del país».

Desmonopolizar actividades de estas empresas (que se dedican a rubros como energía, electricidad, combustibles, etcétera) no genera mejores condiciones para la economía sino todo lo contrario, ya que implica un aumento de las tarifas y un «peor servicio».

Pereira dijo que la ley de urgencia por la velocidad de su tratamiento carece de «calidad democrática», ya que no se consulta con expertos ni con organizaciones sociales.

FUTURAS ACCIONES

Lo primero que la central sindical va a hacer es analizar la ley y mantener un diálogo con el Gobierno para cambiar los aspectos «más regresivos», dijo Pereira.

«En caso de que no prospere, vamos a movilizarnos para que la ley no se vote en el Parlamento; si esto no prospera, todas las medias están arriba de la mesa, incluyendo la consulta popular», expresó.

Pereira opinó que el «ajuste conservador» siempre lo pagan los trabajadores y señaló que la central sindical va a evitar que eso pase.

Puso como ejemplos el plebiscito de 1992, en el que se echó abajo una ley de privatizaciones de empresas públicas que intentó el Gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995).

«Vamos a evitar que eso pase, ¿esto es no aceptar la legitimidad del Gobierno? Claro que no, pero nosotros defendemos a los trabajadores», expresó.

El nuevo Gobierno asumirá el 1 de marzo, tras 15 años de administraciones del Frente Amplio.

Sputnik

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