Juez argentino investigará si Gobierno anterior pagó con un hotel a un arrepentido

El juez federal argentino Ariel Lijo decidió investigar si el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) pagó con un hotel a Alejandro Vandenbroele, un conocido arrepentido que involucró al ex vicepresidente Amado Boudou (2011-2015) en un caso que investigaba la compra irregular de una empresa que imprimía papel moneda para el Estado.

Lijo «ordenó investigar si el gobierno de Macri le pagó con un hotel al arrepentido Vandenbroele», informaron fuentes judiciales consultadas por esta agencia.

Este magistrado tuvo en primera instancia la investigación preliminar de la causa que comenzó a investigar al vicepresidente del Gobierno de la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) durante su segundo mandato, y por la que finalmente fue condenado.

Boudou, que era ministro de Economía cuando se produjo la compra de la empresa Ciccone Calcográfica, fue condenado en agosto de 2018 a la pena de cinco años y 10 meses de cárcel por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, aunque un tribunal posterior rebajó en casi tres meses la condena al tener en cuenta el tiempo que había pasado en prisión preventiva.

Vandenbroele, cuyo testimonio fue clave en el juicio, recibió la pena de dos años de reclusión.

El juez retomó ahora el caso tras una investigación periodística del portal El Destape que publicó en un artículo titulado «El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou».

En esa publicación, el portal aportaba documentación que acreditaba que el arrepentido había solicitado al programa de protección de testigos 1.500.000 pesos (23.809 dólares al cambio actual) para un emprendimiento productivo y que había recibido parte del dinero solicitado.

Según la investigación, el arrepentido Vandebroele habría solicitado ese dinero para un desarrollo turístico identificado como Posada La Masía en la provincia de Mendoza (centro-oeste).

El operador asignado al expediente de Vandebroele, Carlos Daniel Linsalata, solicitaba en un escrito al director nacional del programa de protección de testigos el 24 de agosto de 2018, días después de que fuera condenado Boudou, que otorgara el monto solicitado por el arrepentido “para dar cumplimiento al proyecto laboral que le brinde al protegido la posibilidad de una relocalización definitiva y auto sustentarse”.

En añadido, el operador destacaba a continuación que el día 7 de agosto había sido condenado “a prisión con cumplimiento efectivo por más de cinco años el ex vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”.

Atento a esta información, el magistrado decidió enviar el caso a sorteo para que un juez retome la pesquisa, la cual recayó en el juzgado federal 11, que estaba a cargo del juez Claudio Bonadio, fallecido esta semana.

El Gobierno anterior del expresidente Macri sancionó y promulgó en 2016 una ley que incorporaba la figura del arrepentido al Código Penal y que habilita a que el imputado o procesado obtenga beneficios procesales, que en ningún caso pasan por la extinción de la pena, a cambio de datos precisos y de utilidad sobre los máximos responsables de la comisión de un delito de corrupción o de asociación ilícita. (Sputnik

Sputnik

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