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¿’Presos políticos’ en Argentina? Un debate que va más allá de la semántica

A pesar de que el Frente de Todos, la alianza que eligió al presidente Alberto Fernández, está unificado en la crítica al abuso de las prisiones preventivas, se tensa la polémica dentro del peronismo sobre la situación procesal de diferentes figuras del kirchnerismo ‘duro’ que fueron detenidas durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Por Francisco Lucotti*

Dos meses después de haber asumido, el Gobierno de Alberto Fernández vive su primera crisis interna alrededor del uso y las implicaciones del término «preso político» para referirse a los casos del exvicepresidente Amado Boudou (2011-2015), el exministro de Planificación Julio de Vido (2003-2015) y los dirigentes sociales Luis d’Elía y la jujeña Milagro Sala.

La polémica incluye la discusión sobre la magnitud de las denuncias de lawfare o guerra judicial y la supuesta persecución política sufrida, la independencia de poderes y la revisión de causas cuestionadas.

La polémica comenzó a partir de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respondiera en una entrevista que para la administración actual no existen este tipo de detenidos sino encarcelamientos arbitrarios y procesos cuestionables, asuntos que la Justicia deberá resolver; una posición que defendieron el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, el nuevo jefe de fiscales, Alberto Lugones, y el propio presidente.

«Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo. Tenemos que ser prudentes porque alguien puede llegar a pensar que nuestro gobierno está deteniendo gente sin causa», se quejó Alberto Fernández en entrevista radial.

Esta diferenciación provocó la reacción de personalidades y sectores del kirchnerismo que han denunciado, como lo hiciera la vicepresidenta Kirchner, persecución judicial durante el mandato de Mauricio Macri, en especial de las figuras que recibieron condenas. La discusión va más allá de la semántica: ¿si se parte de la base de que hubo persecución, todo político preso es preso político?

¿Políticos presos o presos políticos?

Amado Boudou, exvicepresidente de Argentina

Amado Boudou, exvicepresidente de Argentina

«La categoría de ‘preso político’ es una figura jurídica que se comenzó a armar a comienzos del siglo XX. Consistía en detener y privar de su libertad a las personas cuyas conductas se consideraban peligrosas para la subsistencia del modelo ideológico autoritario; no necesariamente eran delincuentes pero podían serlo», explicó a Sputnik Gregorio Badeni, abogado constitucionalista y académico argentino.

Badeni opinó que el lawfare no existe sistemáticamente en democracia como regla general pero que eso «no quita que haya algunos jueces que están dispuestos a colaborar con el Poder Ejecutivo para desatar una suerte de persecución contra los opositores invocando o creando figuras delictivas que en la realidad después se demuestra que no existieron».

Existen cuatro figuras políticas cercanas al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) detenidas durante el Gobierno de Mauricio Macri que son consideradas presos políticos por ellos mismos y sus seguidores.

El exvicepresidente Amado Boudou cumple en el penal de Ezeiza una condena desde 2018 por «cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública» por la venta irregular de la imprenta de moneda Ciccone Calcográfica . En Ezeiza también se encuentra el exdirigente social Luis D’Elía, condenado en 2017 por «atentado a la autoridad agravado», entre otras penas, por la toma de una comisaría en 2004.

Por su parte, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido tiene prisión preventiva desde 2017 por presunto desvío de fondos en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio. En 2018 fue condenado por «administración fraudulenta» y «estrago culposo agravado» en la causa por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas en 2012. Desde diciembre de 2019, con la llegada del nuevo Gobierno, cuenta con prisión domiciliaria.

La líder popular Milagro Sala, de la Organización Barrial Tupac Amaru, fue arrestada en 2016 por la organización de un ‘escrache’ contra el actual gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales y fue condenada a tres años de prisión en suspenso. Cumple prisión domiciliaria desde 2018.

Sala también fue condenada en 2019 a 13 años de prisión, por la justicia jujeña en primera instancia por fraude a la administración pública por un desvío de fondos de $60.000.000 (4 millones de dólares de entonces) que recibieron del Estado varias cooperativas para construir viviendas sociales. Esta condena fue confirmada por el tribunal provincial en 2020.

Alberto Fernández defendió a Sala en 2016, detención que recibiera el repudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Dije que era indebida y que los procesos muchas veces estaban enviciados por sus formas y que eso afectaba a opositores del Gobierno de Macri», dijo el presidente.

Julio de Vido, exministro de Planificación argentino

Julio de Vido, exministro de Planificación argentino.

«Todos discuten y nosotros seguimos presos, sufriendo acoso. Es agobiante lo que estamos viviendo los presos políticos. Mañana va a aparecer otro que va a tirar otro eslogan. Basta, resuélvanlo», demandó Sala en una entrevista radial y aseguró que tiene gran afecto por el presidente.

El canciller Solá, en entrevista radial, dijo que «hay casos de encarcelamiento que no se justifican jurídicamente y que están ligados a figuras que tienen relieve político. Eso no quiere decir que haya presos políticos. Preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable y sacarlo del juego».

«Sé que el Gobierno de Alberto no me metió preso, pero me gustaría mayor celeridad para resolver mi situación. Yo estoy preso por pedido de Macri. El expresidente pidió por todos lados que me metieran preso. Un presidente no debería tener presos políticos de una administración anterior», se quejó en una entrevista De Vido, uno de los exfuncionarios más cuestionados de la gestión kirchnerista.

¿Se justifican las prisiones preventivas para políticos?

Milagro Sala, dirigente social argentina

Milagro Sala, dirigente social argentina.

Hubo dos figuras del oficialismo en ejercicio que se despegaron de la forma de matizar los términos del presidente y su círculo más cercano. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Mujeres, Diversidades y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, quien fuera abogada defensora de Sala, insistieron en que no existe diferencia real entre un preso político y un detenido arbitrariamente.

«Hay políticos presos y se usa la Justicia para ponerlos presos; lo correcto es llamarlos presos políticos. Políticos presos con prisiones preventivas, arrepentidos truchos, hay ‘lawfare’ detrás de eso: usar la Justicia para inventar mentiras, presionar. La persecución judicial es un arma política detestable», dijo Kicillof en una entrevista.

«No veo la figura de presos políticos, pero sí hubo abuso de prisiones preventivas», dijo por su cuenta en entrevista radial el juez Lugones, recientemente nombrado presidente del Consejo de la Magistratura, la jefatura de fiscales nacionales, quien además ordenó que se revisen las sentencias basadas en los testimonios de testigos que podrían haber recibido beneficios a cambio de acusaciones.

La ley justifica la prisión preventiva cuando se sospecha que una persona acusada de haber cometido un delito pueda fugarse, que su libertad pueda ocasionar un peligro para la sociedad o bien que pueda entorpecer la investigación del hecho delictivo, argumento sobre el que se fundamentó la aplicación de esta medida para personalidades del poder político y económico.

«En aquellos casos donde ya hubo condena de primera instancia, hablar de prisión preventiva no tiene ningún sentido porque, en función de la pena aplicable, si esa persona debe ser privada de su libertad es lo que corresponde. En casos donde no hay pruebas suficientes como para decretar el cierre de sumario y someter esa persona a juicio, muchas veces puede ser un exceso», explicó Badeni.

*Sputnik

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