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Tribunal de La Haya da un nuevo giro al infinito caso Yukos

La Corte de Apelaciones de La Haya obligó este martes a Rusia a pagar 50.000 millones de dólares a los exaccionistas de la petrolera Yukos, a lo que Moscú respondió que seguirá defendiendo sus intereses. Al entrar así en un nuevo ciclo, el caso Yukos, existente desde 2003 y calificado de «inmortal» por algunos medios rusos, continúa más vivo que nunca.

Es la tercera vez que los jueces cambian de opinión: en julio de 2014 la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó que Rusia pagara 50.000 millones de dólares a los exaccionistas de la petrolera (en vez de los 114.000 millones reclamados), pero en abril de 2016 el Tribunal Distrital de la ciudad holandesa emitió un fallo a favor de Rusia al considerar que el arbitraje no tenía competencia en el caso.

Con el último fallo de la Corte de Apelaciones, «la decisión del Tribunal Distrital fue revocada», confirmó a Sputnik el abogado Andréi Kondakov, que representa a Rusia en el proceso.

La reacción del Ministerio de Justicia ruso fue casi inmediata.

«Rusia continuará defendiendo sus intereses legítimos y recurrirá el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones en la Corte Suprema de Países Bajos», de última instancia, aseguró el ministerio en un comunicado.

La Corte de Apelaciones, según argumentó el ente ruso, «ignoró el hecho de que los exaccionistas de Yukos no eran inversores de buena fe», ya que «obtuvieron el control de los activos de la compañía a través de una serie de acciones ilegales, entre ellas colusión y soborno de funcionarios públicos».

El Ministerio de Justicia enfatizó además que esos antiguos propietarios mayoritarios de Yukos –Hulley Enterprises Ltd., Veteran Petroleum Ltd. (ambas registradas en Chipre) y Yukos Universal Ltd. (registrada en la isla británica de Man)– «cometieron evasión fiscal a gran escala, retirada ilícita de activos al extranjero, lavado de dinero y otros delitos».

Los diputados rusos Leonid Slutski y Mijaíl Emeliánov rechazaron la decisión de la Corte de Apelaciones y la tacharon de «politizada».

A su vez, el presidente del Comité de Legislación Constitucional del Senado ruso, Andréi Klishas, destacó en declaraciones a esta agencia que el fallo «contradice el derecho público ruso y no debe ejecutarse en Rusia».

UNA DISPUTA INTERNA PARA RUSIA

Las autoridades rusas han insistido en que las demandas de los exaccionistas de Yukas nunca hubieran debido ser examinadas por un arbitraje internacional, pues se trata de un litigio interno ruso.

El caso se remonta a una revisión fiscal llevada a cabo en 2003, cuando los directivos de la petrolera fueron acusados de elaborar un esquema de evasión fiscal utilizando empresas ficticias registradas en paraísos fiscales.

El 2 de julio de ese año fue detenido el jefe del grupo Menatep (matriz de Hulley Enterprises Ltd. y Yukos Universal Ltd.), Platón Lébedev; y el 25 de octubre, el presidente de Yukos, Mijaíl Jodorkovski. Ambos fueron condenados a cárcel por dos casos penales, pero hoy ya están en libertad: el primero desde enero de 2014 y el segundo, desde diciembre de 2013.

A finales de octubre de 2003 fueron embargadas las acciones simples de Hulley Enterprises Ltd. y Yukos Universal Ltd.

Yukos debía pagar reclamaciones fiscales por un valor superior a los 700.000 millones de rublos (unos 23.200 millones de dólares según el tipo de cambio de aquel entonces).

Debido a la incapacidad de la compañía de saldar las deudas, la Justicia rusa abrió el procedimiento de quiebra, sus activos fueron subastados. La propia empresa fue liquidada en noviembre de 2007.

En las solicitudes presentadas por el Gobierno ruso al Tribunal Distrital de La Haya en enero de 2015, el Ministerio de Finanzas del país subrayó que todos los demandantes en el caso Yukos son nacionales rusos y ninguno hizo inversiones extranjeras en la empresa.

Los documentos resaltaban además que las sentencias arbitrales contradecían dos resoluciones aprobadas por las salas independientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en septiembre de 2011 y en julio de 2014.

El Ministerio de Justicia ruso declaró entonces que las dos salas del TEDH resolvieron unánimemente que Yukos había cometido evasión fiscal a gran escala y que la decisión que obliga a la petrolera a pagar los impuestos que faltaban es legítima, corresponde a las leyes de Rusia y en ningún momento fue política.

LA CARTA DE LA ENERGÍA EN EL NÚCLEO DEL LITIGIO

El principal argumento blandido por los exaccionistas de Yukos que ha influido en las decisiones judiciales adoptadas en el trascurso de la disputa, pese a ser rechazado rotundamente por el Estado ruso, es el Tratado de la Carta de la Energía de 1994, firmado pero no ratificado por Moscú.

En febrero de 2005, cuando Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. y Veteran Petroleum Ltd. –que controlaban conjuntamente un 70,5 por ciento de la petrolera– demandaron a Rusia ante la Corte de Apelaciones de La Haya, basaron su demanda en ese acuerdo internacional que garantiza la protección de los inversores en el caso de nacionalización de los bienes.

Los exaccionistas de Yukos afirmaron que Rusia expropió sus bienes y violó sus derechos como inversores extranjeros lo que, según afirmaron, era una violación al Tratado de la Carta de la Energía.

La Carta establece que las partes tienen tres meses para encontrar una solución negociada a su litigio. Si no lo consiguen, cualquiera de las partes puede remitir el litigio a un tribunal arbitral ‘ad hoc’ (creado para resolver una disputa concreta).

Rusia aceptó aplicar provisionalmente el Tratado en la medida en que no contradijera la Constitución y las leyes nacionales, pero en agosto de 2009 renunció a su ratificación.

El 18 de octubre de 2009 fue el último día de la aplicación provisional del Tratado de la Carta de la Energía. Por lo tanto, Rusia declaró que no está sujeta a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Haya en los casos en que se alude a ese documento.

En noviembre de 2009 el arbitraje de La Haya desestimó la renuncia de Rusia a ratificar el Tratado y la obligó a acatar sus cláusulas, y el 18 de julio de 2014, aceptó parcialmente la demandas de los exaccionistas y resolvió que Rusia debía pagarles 50.000 millones de dólares.

Sin embargo, el 20 de abril de 2016, el Tribunal Distrital de La Haya reconoció que el arbitraje de La Haya no era lo suficientemente competente y señaló que era improcedente implicar a Rusia en semejantes litigios si el país no ratificó el Tratado de la Carta de la Energía. La corte también ordenó entonces pagarle a Moscú los gastos procesales originados por el examen de las demandas.

Este martes, la Corte de Apelaciones refutó los argumentos del Tribunal Distrital, afirmando que «Rusia tenía la obligación de hacer cumplir el Tratado a menos que infringiera la legislación rusa».

«Esta corte considera que no hubo infracciones de la legislación rusa», puntualizaron los jueces.

La larga disputa legal parece lejos de estar acabada.

Sputnik

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