El Gobierno nombra a Dolores Delgado fiscal general del Estado

Tomará posesión de su cargo tan solo un día después de su nombramiento.

Deberá afrontar medio centenar de nombramientos y estudiará si hay causas en las que tenga que abstenerse.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto, firmado por el rey, por el que se designa a la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras recibir el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tras su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso.

Delgado tomará previsiblemente posesión de su cargo este miércoles en el Palacio de Fontalba, sede de la Fiscalía General del Estado, según fuentes del Ministerio Público.

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el nombramiento de Delgado, de quien ha destacado su amplia carrera profesional «colmada de méritos». Fue propuesta para el cargo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Actualmente Delgado es fiscal de la Audiencia Nacional, donde fue adscrita hace tan solo unas semanas, tras dimitir como diputada del PSOE.

Delgado culminó la semana pasada el último de los trámites que exige la Constitución y el Estatuto Fiscal para acceder al cargo, tras comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados donde recibió una fuerte contestación por parte de los grupos parlamentarios del PP, Cs y Vox, que la consideran no idónea para el cargo.

Una elección llena de críticas

Delgado asume la dirección de la Fiscalía después de que su elección haya sido muy cuestionada y criticada por buena parte de los jueces y fiscales y por partidos políticos de la oposición como el PP, Vox o Ciudadano, no solo por el hecho de que salte directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, sino también por las grabaciones que la vinculan al excomisario Villarejo.

En el caso de sus compañeros y de los jueces, las críticas se centran en su pasado reciente como ministra de Justicia y diputada socialista, dado que entienden que su designación es un mensaje negativo sobre la independencia y autonomía de la Fiscalía respecto al Ejecutivo.

También se dividió el Consejo General del Poder Judicial al avalar su idoneidad con doce votos a favor y siete en contra, al entender que su pasado genera una «apariencia de vinculación» con el Ejecutivo que impide garantizar la imagen de imparcialidad.

Con 30 años de trayectoria en la Fiscalía, buena parte de ellos en la Audiencia Nacional, Delgado prometió que, como determina el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se ajustará «siempre al principio de legalidad, de imparcialidad y de transparencia.

Tareas pendientes

Entre las tareas que encontrará sobre la mesa Delgado, estará el nombramiento de medio centenar de cargos en la cúpula fiscal, entre ellos el del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, cuyo cargo venció el pasado mes de diciembre; además de puestos en Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas. Navajas ha estado ejerciendo en funciones tras el cese de la última fiscal general.

Durante su comparecencia en el Congreso la exministra de Justicia contestó a los grupos parlamentarios que cuestionaron su imparcialidad que valorará «caso a caso» si se abstiene en las causas de las que pudo tener anteriormente conocimientos. Para portavoces del PP, Vox, Delgado no debería tomar ningún tipo de decisión en causas como la del ‘procés’, con la que estuvo contacto debido a su anterior responsabilidad política.

Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Sánchez ha prometido revertir esta situación.

RTVE

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