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El móvil político domina el tercer día del juicio de extradición de Assange

El carácter político de las imputaciones contra Julian Assange y la motivación política de su solicitud de extradición a Estados Unidos marcan las intervenciones legales en la tercera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal de Woolwich, en el sureste de Londres.

Edward Fitzgerald, abogado del fundador de WikiLeaks, abrió la sesión declarando que la «protección» contra la deportación «por un delito político» es un principio fundamental, histórico e internacional.

«Es un principio fundamental con una aplicación virtualmente universal», expuso ante la magistrada Vanessa Baraitser, que preside el caso en este tribunal de primera instancia.

El letrado agregó que EEUU incorpora dicha protección en todos sus tratados internacionales de extradición «porque no quiere que deporten a sus ciudadanos por ofensas políticas, pero de repente se convierte en otro asunto» cuando se aplica en el sentido inverso.

La cuestión primordial que se está debatiendo este 26 de febrero se centra en una crucial diferencia entre los textos del Tratado bilateral de Extradición y la Ley de Extradición británica, de 2003.

El primero excluye la entrega de un individuo por un delito político o por una motivación política de la solicitud de extradición, pero estas cláusulas no se repiten en la legislación vigente en Reino Unido.

La fiscalía británica, que representa a la administración norteamericana en el proceso, alega que esta omisión fue una decisión deliberada del legislativo del Reino Unido.

Esta posición es, según argumentó Fitzgerald, «una super simplificación».

«La ley simplemente guarda silencio al respecto, pero no establece que nadie puede confiar en la defensa política si se incluye en un tratado», constató Fitzgerald.

Según el letrado, los «cimientos legales» de la entrega de un ciudadano a Estados Unidos «están en el tratado de extradición», firmado por ambos países en 2003 pero ratificado en 2007.

En referencia a Assange, argumentó además que su entrega violaría sus derechos a la libertad y a la seguridad recogidos en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

«Espionaje es un delito puramente político», declaró antes de enumerar una cadena de precedentes judiciales en aval de su posición.

Cuestionado por la jueza en repetidas ocasiones, Fitzgerald explicó que salvo en casos de terrorismo o violencia, nadie «debe ser deportado» por delitos políticos.

El abogado fiscal, James Lewis, tomará la palabra en la sesión dela  tarde de este tercer día de la primera fase del juicio contra el exeditor de la pionera plataforma de filtraciones de documentos oficiales.

Estados Unidos reclama a Assange por un supuesto delito de «conspiración para cometer intrusión informática» y por diecisiete cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.

Las imputaciones están relacionadas con los papeles de las guerras de Irak y Afganistán, el centro de detención de Guantánamo Bay y los cables diplomáticos difundidos por WikiLeaks en cooperación con medios establecidos internacionales, desde el británico The Guardian al español El País, el alemán Der Spielgel o The New York Times.

Es la primera vez que la ley de Espionaje, que data de 1917, se emplea contra un editor o un medio de comunicación, según el entorno de la plataforma de filtraciones.

Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión

Sputnik

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