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España vuelve a rechazar la extradición a EEUU del exviceministro venezolano Alvarado

La Audiencia Nacional de España ratificó este viernes su decisión de denegar la extradición a Estados Unidos de Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela y expresidente de una filial de la petrolera pública PDVSA, reclamado por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

En un auto emitido este viernes a respuesta de un recurso de la Fiscalía, la Audiencia Nacional ratificó su decisión del pasado mes de diciembre de denegar la extradición «porque los hechos por los que le reclaman las autoridades norteamericanas también están siendo investigados en España».

A este argumento para rechazar la extradición se suma el hecho de que el reclamado tiene nacionalidad española.

Tanto la reclamación estadounidense como la investigación española giran en torno a la existencia de indicios de que Alvarado, en unión con otros directivos de entidades pertenecientes a PDVSA, habría formado un grupo criminal estable ubicado en Estados Unidos, dedicado a obtener sobornos de proveedores de la empresa pública.

Según la Audiencia Nacional, las cantidades de dinero fruto de los sobornos superan los 50 millones de dólares, que posteriormente el grupo se dedicó a blanquear a través de sociedades y cuentas bancarias de Estados Unidos y del extranjero.

Aunque los hechos delictivos investigados se iniciaron en Estados Unidos, posteriormente se desenvolvieron en el extranjero y en concreto en España, donde se sigue una investigación en el juzgado central de instrucción 3 de la Audiencia Nacional.

El recurso de la Fiscalía se posicionaba a favor de la extradición sosteniendo que Alvarado había obtenido la nacionalidad de forma fraudulenta, que no tenía arraigo en España y que Estados Unidos estaba mejor posicionado para el enjuiciamiento de los hechos.

Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional responde que «no puede sostenerse el alegado carácter fraudulento de tal adquisición de la nacionalidad española».

Respecto a la mejor posición de Estados Unidos para el enjuiciamiento de los hechos, la Sala indica que los procedimientos abiertos en ambos países «son una misma dinámica delictiva sujeta a comprobación en uno y otro Estado, sin poder dar preferencia a uno sobre el otro».

Los magistrados concluyen que el procedimiento abierto en España «es un obstáculo insalvable para la extradición» y, en consecuencia, señalan que lo más correcto desde el punto de vista procesal es «que tales hechos sigan investigándose y, en su caso, se juzguen en España».

«Todo ello sin prejuicio de que Estados Unidos pudiera reproducir su solicitud en el supuesto de que todos o algunos de los hechos que atribuye al reclamado quedaran sin juzgar en España», afirman los magistrados.

La decisión del pleno contó con el voto particular de cuatro magistrados que se mostraron favorables a la extradición bajo la premisa de que «los hechos que se investigan en Estados Unidos guardan cierta conexidad con los investigados en España, pero no son idénticos».

Sputnik

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