Precariedad y coronavirus, doble castigo para trabajadores inmigrantes en el Golfo

Millones de trabajadores inmigrantes, que ya sufren de precariedad, temen por su salud y sus empleos ante las medidas adoptadas en los países del Golfo para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Más de 3.400 casos de infecciones y 16 muertos debido a la epidemia han sido declarados en las monarquías árabes del Golfo, frenando la actividad económica de estos países, que emplean a gran cantidad de mano de obra extranjera.

«Hace ocho o diez días que estamos encerrados. No sabemos cuándo esto va a terminar» relata a la AFP un ingeniero paquistaní en Catar, que ha sido puesto en cuarentena.

«El problema fundamental es mantener el acceso a los alimentos» explica este hombre de 27 años, que dice recibir comida del gobierno pero «en pequeña cantidad».

Como él, decenas de miles de extranjeros están confinados en la zona industrial de Doha después de que algunos de ellos contrajeran la enfermedad covid-19.

«Miedo» 

Las fuerzas de seguridad han rodeado la zona, así como equipos médicos, una medida esencial para salvar vidas, según aseguran las autoridades.

Pero las viviendas son exiguas y los trabajadores están amontonados en malas condiciones sanitarias, lo que los pone en peligro, según las organizaciones de derechos humanos.

Para Amnistía internacional estos trabajadores están particularmente expuestos a un riesgo de contaminación en los «campamentos» donde están «atrapados» y donde el distanciamiento social parece ilusorio.

Según la oficina en Doha de la Organización internacional del Trabajo (OIT), algunos patronos han trasferido a sus empleados a habitaciones más espaciosas para evitar la promiscuidad.

Es el caso de un empleado de supermercado esrilanqués que comparte con otros extranjeros una casa que ha sido desinfectada. «Nos obligan a llevar mascarillas y guantes», dice a la AFP el joven, de 23 años.

Un vendedor turco dice haberse autoconfinado por precaución. «Tengo miedo a contaminarme», dice el hombre, de 49 años. Como varios otros trabajadores inmigrantes, no tiene ningún seguro de enfermedad.

Y como las actividades no esenciales han sido interrumpidas, muchos no perciben sus salarios y temen ser despedidos, incluso expulsados, lo que sería una catástrofe para familias que dependen de estos ingresos .

Además de las viviendas «atestadas y a menudo insalubres» estas personas padecen «un derecho laboral que da a los empleadores poderes excesivos y favorece abusos y casos de explotación» denuncia Hiba Zayadin, investigadora en el Golfo de Human Rights Watch (HRW).

«Impacto desastroso» 

En Araba Saudita, donde viven 10 millones de trabajadores extranjeros, algunos se quejan de que sus jefes los incitan a trabajar sin que se les pague las vacaciones, mientras que los trabajadores saudíes sí tienen este derecho.

«Varios obreros del sector privado padecen el cierre de la mayoría de las actividades económicas. Los jefes los obligan a quedarse en sus viviendas, sin ser pagados», indica a la AFP un diplomático basado en Riad.

En Kuwait, que tiene 2,8 millones de trabajadores inmigrados, Um Sabrin, una egipcia, no recibirá ningún pago del salón de belleza, ahora cerrado, donde trabaja. Ella sí está dispuesta a llevar a su jefe ante la justicia, pero muchos otros dudan hacerlo por temor a represalias.

Catar que albergará en 2022 el Mundial de fútbol y lleva a cabo enormes obras públicas, es especialmente escrutado por las organizaciones internacionales y las ONG.

Varios trabajadores inmigrados –que suman más de tres cuartas partes de la población– están empleados en proyectos relacionados con la competición, como la construcción de estadios, que sigue en curso pese a que la mayoría de las actividades no esenciales se ha detenido.

La OIT teme que no se paguen los salarios y que se produzcan despidos en un contexto de fragilidad para las economías del Golfo, golpeadas por el derrumbe de los precios del petróleo.

Para Houtan Homayounpour, director de la OIT en Catar, los despidos masivos, evitados hasta ahora, tendrían un «impacto desastroso».

AFP

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