El covid-19 en España y la huelga de los inquilinos por los alquileres

Los principales sindicatos de inquilinos en España convocan a partir de este 1 de abril una huelga masiva del pago de alquileres por la crisis del covid-19, que obligó a la parálisis de gran parte la actividad laboral y dejó a cientos de miles de personas sin empleo en marzo.

Por Nora Olivé*

«Nos vemos en la obligación de convocar a una huelga de alquileres a todas las personas afectadas por el coronavirus. Quienes no cobramos, no pagamos. Si la economía productiva se para, la economía rentista también», subscribieron en un manifiesto más de 200 organizaciones de inquilinos bajo la iniciativa Huelga de Alquileres 1 de Abril.

La crisis del covid-19, que mantiene a España en estado de alarma, toca de lleno al tejido productivo, obligado a parar su actividad en el marco de las medidas restrictivas para frenar la propagación del virus, que suma 102.000 afectados y más de 9.000 muertes en cuestión de semanas.

El Gobierno activó una serie de acciones para mitigar el impacto en la situación económica de las familias, entre ellas una moratoria del pago de las hipotecas.

No obstante, no incluyó en un primer momento una iniciativa destinada a proteger a los ciudadanos que viven de alquiler, un 22 por ciento de los españoles según datos de Eurostat.

Esta situación llevó al colectivo de inquilinos a convocar una huelga masiva de impagos en abril, con el objetivo de presionar al Ejecutivo a decretar una suspensión de los alquileres.

«Más de 10.000 personas nos escribieron en las últimas dos semanas diciendo que no podrían pagar el alquiler este 1 de abril. Para darles una respuesta digna, pensamos que la única manera de darle la vuelta a los impagos masivos era convocar una huelga», explica a Sputnik la portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, Sílvia Abadia.

El objetivo de esta iniciativa colectiva es proteger a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad durante la crisis económica derivada de la pandemia, que dejó a 1 millón de personas en situación de desempleo solo en marzo, según los cálculos de los sindicatos.

MEDIDAS INSUFICIENTES PARA LOS INQUILINOS

Ante las exigencias del colectivo de inquilinos, el 31 de marzo el Ejecutivo aprobó una nueva batería de medidas, esta vez dirigidas a los arrendatarios.

El decreto anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye, entre otros, la suspensión de los desahucios, una prórroga de los contratos de alquiler cerca de expirar y microcréditos de financiación sin intereses para que los ciudadanos puedan costear la renta.

Insatisfechos con un anuncio que llegó pocas horas antes del día de pago, los sindicatos decidieron mantener la huelga y exigen al Ejecutivo la suspensión del pago para todos los afectados por la crisis del covid-19.

«Es necesario dejar muy claro que estas medidas son totalmente insuficientes», aseguraron en un comunicado donde reprobaron que las rentas «se sigan cobrando al mismo precio aunque la economía se derrumbe y los ingresos se desplomen».

Una de las medidas más criticadas es la de los microcréditos, que los sindicatos consideran que obligan a las familias a «endeudarse» en favor de los arrendadores, bajo la «excusa» de que estos también dependen de los ingresos del alquiler.

«La línea del Gobierno con las medidas que aprobó es que las personas que no puedan pagar se endeuden. (…) Es una vergüenza hacer pagar a personas que perdieron su actividad productiva y que están ingresando menos o nada», sostiene Abadia en este sentido.

Otra de las cuestiones que indigna a los sindicatos es la definición de «pequeño propietario» por parte del Gobierno, que incluye a personas con menos de diez viviendas en su propiedad.

Se trata de una figura que el Ejecutivo quiere proteger, y que explica las líneas de financiación para inquilinos con el fin de garantizar que pequeños tenedores cuenten con sus ingresos.

«El 85 por ciento de arrendadores son pequeños propietarios y no tenemos que dejar que caigan en la vulnerabilidad. Hay que proteger al arrendador y al arrendatario», dijo en declaraciones recientes a los medios el ministro español José Luis Ábalos.

Desde los sindicatos, no obstante, defienden que la situación de los que viven de rentas es «insostenible» en mitad de una «situación alarmante» como la del coronavirus.

«Es irracional en términos económicos, el Gobierno no está forzando a escoger entre comer o endeudarnos», subrayaron tras el anuncio de medidas del Ejecutivo.

UNA HUELGA SIN AMPARO LEGAL

Pese a la voluntad de los sindicatos de apoyar a los que no puedan hacer frente a los gastos de su vivienda, lo cierto es que no hay un marco jurídico que proteja a los inquilinos que no paguen los importes que les corresponden de futuras consecuencias legales.

De hecho, los impulsores de la huelga pusieron en marcha una caja de resistencia para cubrir el asesoramiento legal a las personas que se unan a esta iniciativa, con más de 20.000 euros recogidos hasta la fecha.

«En principio se arriesgan al desahucio porque están dejando de pagar una deuda que se les puede reclamar, aunque no de inmediato por la emergencia de salud pública en la que estamos», explica a Sputnik la catedrática de derecho civil de la Universidad de Barcelona Esther Arroyo.

Desde los sindicatos creen que los impagos masivos servirán para presionar al Gobierno a alterar la normativa: «Si miles de personas no pagamos bajo la cobertura de la huelga y de un mismo movimiento, nadie podrá hacer nada contra nosotras».

Es una posibilidad en la que coincide la experta: «es un acto simbólico pero al ser tantos les dará fuerza negociadora. Si el Gobierno, ante esta huelga masiva, tomará otras decisiones, está por ver», concluye la catedrática.

*Sputnik

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