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Trabajadoras precarias y abuelos abandonados, la realidad de los cuidados en España

«Cuidar a quien nos cuida» ha sido una de las tantas reivindicaciones del movimiento feminista en España. Hoy, cuando el COVID-19 se ha cobrado la vida de más de 13.000 personas, en su mayoría ancianos, se reabre un viejo debate: ¿en manos de quién deben estar los servicios sociales? ¿quién cuida a las cuidadoras?

Por Karen Méndez Loffredo*

Cuidar a los hijos, a los abuelos y a los enfermos de la familia ha sido una tarea que históricamente reposó sobre los hombros de las mujeres del hogar, de fundaciones religiosas o de pequeñas cooperativas de enfermeras.

Pero en países como España, donde el envejecimiento de su población es cada vez mayor, los cuidados se convirtieron en un suculento negocio para algunos empresarios.

«A raíz de la crisis del ladrillo en 2008, las empresas constructoras se dieron cuenta que tenían un gran negocio en el sector de los cuidados. Entonces, esas empresas lo que hicieron fue reinvertir y crear empresas filiales de cuidados, como Clese S.A de Florentino Pérez o Aralia Servicios Sociosanitarios, de Luis Ulibarri» explica Concha Real, portavoz de la Plataforma de auxiliares de asistencia a domicilio.

Concha Real tiene 60 años y 13 de ellos trabajando como auxiliar sociosanitaria para los Servicios de Atención Domiciliaria, un servicio social que se le brinda a todas aquellas personas que por su edad o por alguna discapacidad física o mental requieran apoyo en el hogar.

«Este servicio tan esencial está en manos privadas, externalizado. Como cada vez aumenta más la población anciana, se vio la necesidad de gestionarla y desde la administración pública optaron por entregárselo a las empresas privadas. ¿Qué pasa? que las administraciones públicas establecen un pliego de condiciones y lo sacan a concurso. Las empresas más grandes se presentan, licitan con los precios más bajos y se quedan con los contratos. Lo que ocurre es que la prioridad de estas empresas es lucrarse y no dan garantías de un buen servicio y de mantener en condiciones dignas a las trabajadoras. La administración pública sabe de esta realidad, pero esconde la cabeza debajo del brazo», explica Real.

Las auxiliares sociosanitarias son un colectivo integrado en un 90% por mujeres. Si bien en las publicidades, las empresas que ofrecen estos servicios las presentan como jóvenes, desinteresadas y atractivas, en la realidad son mujeres comunes y corrientes, muchas de ellas pobres, extranjeras y con grandes necesidades.

«Nuestras condiciones de trabajo son sumamente precarias. No tenemos opción de contratos de jornada completa, de unas 35 ó 36 horas a la semana. Lo normal es tener contratos de 25 y 30 horas. Eso, sumado a que los salarios son muy bajos. Por ejemplo, en el Convenio de Ayuda a Domicilio de Madrid se establece que por las 36 horas semanales de trabajo el sueldo mensual es de 898 euros, pero cuando tienes 30 horas lo que cobras son unos 730 euros, con lo cual no llegas a fin de mes».

«Entonces, las compañeras tienen que buscarse otros trabajos y eso les impide tener una conciliación familiar, porque deben trabajar en las mañanas, tardes, noches y fines de semana para poder llegar a fin de mes. Nosotras somos mujeres que estamos sacando adelante a la población más vulnerable, pero no se nos reconoce ni salarial ni socialmente».

Cinturones de transmisión

Las auxiliares sociosanitarias del SAD llevan varios años denunciando las carencias de su sector, pero ahora, en medio de la peor emergencia sanitaria que atraviesa España por el coronavirus, estas mujeres denuncian que son el eslabón más vulnerable.

«Ahora hay muchísima angustia acumulada porque somos doblemente precarias. Si ya lo éramos, ahora es peor porque las empresas no nos están dando los Equipos de Protección Individual. El protocolo de actuación, según la Comunidad de Madrid, habla de ir a cada domicilio con una mascarilla, un par de guantes, una bata desechable y gel para desinfectarnos, pero no es así. La realidad es que muchísimas compañeras de Madrid, y de toda España, muchas veces vamos a los domicilios solo con guantes o con una mascarilla que nos hemos hecho nosotras o que hemos podido comprar de nuestro dinero porque las empresas no nos entregan estos materiales», denuncia Real.

Solo en Madrid existen unas 15.000 auxiliares sociosanitarias. Durante su servicio a domicilio deben bañar y hacer el aseo personal a los pacientes, lavarles, tenderles y doblarles la ropa, hacerles la compra, cocinarles y limpiarles la vivienda, hacer el control de la medicación, de las citas médicas y llevarlos al centros de salud en caso de requerirse.

Todas estas actividades, sin protección y en medio de la peor pandemia del último siglo, las convierte en una población de alto riesgo.

«Nosotras no podemos quedarnos ahora en casa porque, entre otras cosas, el real decreto del estado de alarma establece que somos personal esencial, pero es una contradicción porque no vamos protegidas. Entonces, nos contagiamos, enfermamos a nuestros familiares y contagiamos a las personas más vulnerables, que son las personas mayores o enfermas. En mi centro de trabajo, de 60 trabajadoras quedan activas 28 y de ellas 14 están aisladas por presentar síntomas. En todos los casos, los usuarios han sido ingresados por coronavirus y muchos de ellos fallecieron», indica Real.

Concha Real también denuncia que la situación que viven ellas se repite en las residencias de mayores, donde en el último mes han muerto más de 3.600 ancianos.

«Pasa lo mismo porque son las mismas empresas. Por ejemplo, si tiene que haber un ratio de siete u ocho auxiliares por anciano, hay cuatro. Y ahora, de esas cuatro, probablemente, alguna falte por tener que descansar un día o porque enferma. Cuando da una gastroenteritis en esos centros y los abuelos se ponen malitos, hay que cambiarlos a cada rato. Pero las compañeras no dan abasto. Ahora pasa igual. Como trabajan con menos personal para ahorrar dinero, cuando los abuelitos se ponen mal las auxiliares no dan abasto y las primeras que caen enfermas son ellas. Si además de poco personal, ellas se enferman, las residencias se quedan solas y los abuelos fallecen. Los abuelos están abandonados. Los responsables de todo esto son quienes regentan estas residencias, los dueños, que suelen ser amigos o familiares de quienes gestionan los ayuntamientos o las Comunidades Autónomas, como la de Madrid».

«De esto tenemos que aprender, o volvernos a creer, que lo público tiene que gestionarse desde lo público. La sanidad, la educación, los servicios sociales no pueden estar en manos privadas. Debemos entender que los cuidados hay que ponerlos en el centro porque estamos en un país con una población muy mayor que hay que atender. Si todo lo vamos dando al amigo de turno, se vuelve tan clientelar que todos nos deberemos favores y el más perjudicado será siempre el más vulnerable: desde el abuelito que necesita el cuidado hasta la trabajadora que es invisible», concluye Real.

*Sputnik

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