Gobierno interino de Bolivia presiona a cocaleros y al MAS en medio de la pandemia

En medio de la pandemia de covid-19, el Gobierno transitorio de Bolivia endureció este lunes su presión sobre el Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda) de Evo Morales con nuevos juicios por terrorismo y a suspensión de pagos de bonos y venta de combustibles a la región cocalera de Chapare.

«Como Ministerio de Gobierno, se ha procedido a la presentación de una denuncia (contra militantes del MAS) por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y delitos contra la salud pública», anunció en conferencia de prensa el director jurídico de esa cartera, Roberto Barbosa.

Añadió que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentaría también «a título personal» una denuncia contra militantes del MAS que lo habrían amenazado de muerte.

La confrontación política seguía a varias semanas de medidas de emergencia contra el covid-19, en una campaña de salud y seguridad que el Gobierno de Jeanine Áñez aprovechó para criticar la política de salud de la pasada gestión del MAS y una supuesta actitud de sabotaje de este partido a la cuarentena nacional.

POLICÍAS RESISTIDOS

La nueva tensión se activó el jueves pasado, cuando el Gobierno envió sorpresivamente un contingente policial a Chapare, rompiendo un diálogo con alcaldes y sindicatos de productores de coca.

Los policías, que retornaban ese día a la región cocalera de donde fueron expulsados en noviembre de 2019 tras el golpe de Estado contra Morales, no pudieron instalarse en el pueblo chapareño de Shinahota, en incidentes que el ministro Murillo denunció como alentados por sindicatos cocaleros y militantes del MAS.

Los sindicatos negaron participación en los incidentes, tras los cuales los policías se refugiaron en un cuartel militar, y acusaron a Murillo de provocarlos en busca de violencia.

El Gobierno anunció el viernes un juicio por terrorismo contra tres dirigentes del MAS por la expulsión de los policías y dispuso el cierre de los bancos de la región, lo que privaba a sus pobladores de los bonos de alivio por la pandemia, y suspendió además la venta de combustibles.

El fin de semana, Murillo amenazó inclusive con «encapsular» o bloquear totalmente a Chapare, calificando a los cocaleros, a Morales y a los militantes del MAS como «delincuentes» y «enemigos de la vida» por supuestamente no acatar la cuarentena.

A todo esto se sumó el anuncio del nuevo juicio hecho por Barbosa, quien apuntó a «militantes del MAS», aún no identificados, como autores de un mensaje de audio, que presentó a la prensa, en el que se mencionan ideas de resistencia violenta a las acciones gubernamentales en Chapare.

Dirigentes cocaleros replicaron que sin presencia policial, aunque en coordinación con militares, ese sector había impuesto un cumplimiento estricto de la cuarentena en Chapare.

«No podemos entender tanta discriminación, tanto odio, tanto racismo contra la región del trópico (Chapare) de Coochabamba», dijo Rimer Ágreda, presidente del MAS en ese departamento en el que está la región cocalera, a la radio sindical Kausachun Coca.

Afirmó que el Gobierno buscaría «una confrontación a sectores que pueden reaccionar y romper la cuarentena», pero que «los cocaleros no van a caer en ese juego».

El dirigente cocalero Leonardo Loza dijo al mismo medio que «la policía está en la región, lo que falta es coordinar su trabajo», denunciando también que el cierre de los bancos y la suspensión de la venta de combustible causaban «dolo y perjuicios» a la población.

Sputnik

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