IU propone una reforma fiscal justa y una renta mínima de 760 euros contra la crisis

Izquierda Unida ha elaborado un plan con las más de 400 medidas que considera necesarias para afrontar la crisis de la COVID-19, entre ellas que la renta mínima se sitúe en el 80 % del salario mínimo -es decir, unos 760 euros-, endurecer las causas del despido o subir impuestos a quienes más tributan.

La dirección colegiada de IU aprobó este lunes el plan denominado «Reconstrucción Horizonte-País» que llevaría, de aplicarse, a una movilización de 155.000 millones de euros, y que pretende ser una aportación «no exclusiva ni limitadora» a cómo afrontar los efectos económicos, sociales y culturales por la pandemia.

La formación que dirige el ministro Alberto Garzón propone subir impuestos a aproximadamente un 3 por ciento de los contribuyentes en lo que entiende una «reforma fiscal justa, equitativa y progresiva para la que hace falta voluntad política».

Incrementar los tipos del IRPF a partir de 120.000 euros anuales de rentas del trabajo, a partir de los 60.000 euros en rendimientos del capital o convertir el impuesto sobre el patrimonio en un impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas son algunas de las ideas de IU.

También plantea que el impuesto de sucesiones y donaciones tenga un mínimo y un máximo estatal, o que el IVA de la electricidad pase del 21 al 10 por ciento.

E incluye una medida concreta que afecta al ministerio que dirige Garzón, el de Consumo: modificar la tributación del impuesto sobre el juego para que sea del 10 por ciento sobre la cantidad bruta para atajar la proliferación de bonos gratuitos y eliminar las ventajas fiscales al sector.

La formación de Garzón, integrada en la coalición de Unidas Podemos, apuesta sin embargo por que el gasto crezca un 20 % en sanidad o un 30 % en educación y que se apliquen medidas sociales que permitan «no dejar a nadie atrás» como el ingreso mínimo vital, en el que ya trabaja el Gobierno aunque aún no ha concretado sus condiciones.

IU elevaría el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros al mes, establecería una duración mínima de los contratos de 12 meses salvo en campañas específicas y endurecería las causas de despido por razones objetivas, ligándolas estrictamente a la viabilidad de la empresa.

Además, apuesta por revalorizar las pensiones mínimas: la de jubilación personal o con cónyuge no a cargo sería equivalente al SMI anual, y con cónyuge a cargo supondría el 110 % del SMI.

La formación de Garzón también propone un «Plan de trabajo garantizado» que, en su primera etapa, alcanzaría a parados de larga duración -un millón de personas- para «realizar trabajos socialmente útiles».

Igualmente, plantea crear una amplia red pública de residencias geriátricas, de centros de día y atención domiciliaria, la gratuidad de los estudios universitarios de grado en esta legislatura o la aprobación de una ley de cuidados y sostenibilidad de la vida.

Además, Izquierda Unida exige que se prohíba la entrega de ayudas estatales relacionadas con la pandemia a compañías que tengan su sede o filiales en paraísos fiscales, en la línea de lo aprobado por Francia, Dinamarca o Polonia, una medida que podía impedir que este tipo de empresas accediesen a los beneficios de los ERTE.

Fuentes de la formación explican que las propuestas son abiertas y buscan abrir el diálogo con los demás sobre qué salidas dar a la crisis, y la manera de aplicarlas -dicen- se verá en el tiempo: o bien mediante iniciativas parlamentarias con Unidas Podemos o a través de propuestas del Gobierno de coalición, previa discusión con los socios.

EFE

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