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¿Se volvieron de izquierda Merkel, Trump, Macron y Johnson?

Cuando miles de empresas en el mundo enfrentan la bancarrota, hasta los más acérrimos enemigos de la intervención estatal están discutiendo la posibilidad de nacionalizar —total o parcialmente— las empresas en quiebra.

Por Patricia Lee Wynne*

No se trata de gobiernos de izquierda o populistas, sino de los líderes de las principales potencias mundiales: la canciller socialcristiana de Alemania, Ángela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro italiano Giuseppe Conti, el primer ministro británico Boris Johnson y el republicano Donald Trump en EEUU.

La cuestión está planteada ante los masivos planes de rescate de los gobiernos europeos y de EEUU a sus principales empresas y las muy difíciles posibilidades de que estas puedan devolver los préstamos más adelante. Por eso, los gobiernos discuten si quedarse con parte de las acciones de las mismas.

El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, lo dijo con todas las letras: el Estado debe intervenir «con todos los medios a su disposición»: «puede ser capitalización, tomar acciones, y hasta puedo usar el término nacionalización si es necesario».

La misma idea expresó en EEUU, Larry Kudlow, asesor de la Casa Blanca, quien en marzo sugirió que «si damos ayuda, debemos tomar una parte de las acciones».

En Alemania, Lufthansa acaba de cerrar un paquete de ayuda estatal de 9.900 millones de dólares que le daría al Gobierno un control del 20% de la compañía, retrotrayendo la situación a hace más de 20 años, cuando la empresa se privatizó.

Un grupo de prominentes economistas alemanes, como Gabriel Felbermayr del Instituto Kiel para la Economía Mundial y los ex asesores del Gobierno Peter Bofinger y  Beatrice Weder di Mauro,  propusieron como ‘ultima ratio’ que, si no es posible parar la gravedad de la insolvencia corporativa, es necesario «considerar medidas en la cuales el Estado tome una participación en las acciones de las empresas», y agregan que, en el caso de grandes compañías, especialmente de transporte, «tales medidas son inevitables».

En Italia, el Gobierno nacionalizará Alitalia en junio. La empresa  está bajo administración del Estado desde mayo de 2017 pero a partir de junio el Gobierno tendrá el 100% del control.

Norwegian Air completó un acuerdo con su Gobierno para recibir un préstamo a cambio de acciones de la empresa. En Portugal se discute la nacionalización de Tap Air y en Bélgica se discute cuánta parte de las acciones tomará el Estado a cambio de rescatar Brussels Airlines.

En EEUU, United Airlines recibió 5000 millones de dólares del Gobierno para el pago de salarios. Una parte, 3.500 millones será un generoso regalo, pero el resto será un préstamo a devolver en 10 años con una baja tasa de interés, a cambio de lo cual el Gobierno recibirá el derecho a comprar 4.6 millones de acciones al precio de 31.50 dólares y tendrá un plazo de cinco años para que el acuerdo expire.

En el Reino Unido el canciller de la Hacienda, Rishi Sunak, prepara el Proyecto Birch, un ambicioso plan para rescatar a las empresas en crisis, entre ellas, Jaguar Land Rover, Tata Steel, la mayor siderúrgica, e importantes compañías de aviación . Según el diario Financial Times, «Sunak está siendo presionado para considerar un plan más radical de medio término para que el Estado se convierta en propietario parcial de compañías para evitar que colapsen bajo una montaña de deuda».

El valor de los préstamos garantizados por el Estado podría ser superior a 100.000 millones de libras esterlinas y muchas compañías no tendrían condiciones para repagar estas deudas. Para Alistair Darling, ministro del Tesoro durante la crisis de 2008, «tomar acciones sería bueno para los contribuyentes. Si usted presta dinero, por ejemplo a una aerolínea, los contribuyentes tienen derecho a obtener una parte proporcional del éxito después», consigna el diario británico.

Esta discusión va muy avanzada en Europa y EEUU donde la pospandemia  está dejando ver la magnitud de la destrucción económica con un tendal de enormes empresas en quiebra, pero el tema apenas llega a América Latina, donde el pico de la enfermedad todavía no ha llegado a la cima.

En Argentina, la diputada oficialista Fernanda Vallejos, causó revuelo con un tuit en el que se refirió a la ayuda del Estado a las empresas y comentó que «sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías».

El escándalo no se hizo esperar. Dos ministros del Gobierno peronista de Alberto Fernández manifestaron que no sería una mala idea, pero por ahora no existe ningún respaldo oficial a la propuesta. Sin embargo, la sola mención de la palabra nacionalización sirvió para que de inmediato se levantaran voces advirtiendo sobre el peligroso rol intervencionista del Estado.

Las nacionalizaciones, un recurso para salvar a las empresas

Tomar acciones de empresas a cambio de ayuda estatal no es socialista, comunista, populista o anarquista: es lo que están haciendo y han hecho muchas veces a los largo del último siglo los gobiernos más importantes del mundo de todos los colores políticos para rescatar sus economías ante crisis agudas como esta.

Para hablar de historia muy reciente, el primero de marzo de este año el primer ministro británico Boris Johnson nacionalizó la mayoría de las líneas ferroviarias del norte de Inglaterra, la segunda nacionalización ferroviaria en dos años. Recordemos también cómo en 1971 otro gobierno conservador nacionalizó Rolls-Royce.

Suecia nacionalizó los bancos en los años 90 en un modelo que muchos gobiernos elogiaron y copiaron durante la crisis de 2008-2009.

Hace 10 años, Berlín compró 15% del segundo banco prestamista del país, Commerzbank, después de la crisis financiera de 2008-2009.

En EEUU, durante la crisis de 2008, el programa de alivio financiero a las empresas (TARP)  permitió al Estado tomar acciones de numerosas compañías, al punto que la automotriz General Motors fue llamada popularmente «Government Motors», puesto que el Estado tenía 61% de las acciones en 2009, aunque luego fue reduciendo su posición.

Una aproximación histórica

El debate sobre las nacionalizaciones atraviesa la historia de un siglo en el cual el capitalismo estuvo al borde de desaparecer, tras el triunfo de la Revolución Rusa en 1917 y el surgimiento de la Unión Soviética con su economía planificada.

Mientras que el mundo capitalista se hundía en la crisis de 1929, la URSS logró un impresionante desarrollo económico en los años treinta. Por eso, tras la debacle de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa quedó en ruinas y los gobiernos temían que sus pueblos siguieran el ejemplo de la URSS, muchos Estados recurrieron masivamente a las nacionalizaciones como último recurso.

En Francia se nacionalizaron bancos, fábricas, minas de carbón, y en particular la automotriz Renault,  cuyo dueño colaboró con el fascismo. El economista Thomas Picketty señala en su libro El Capital que en 1950 los activos públicos franceses y alemanes equivalían a un 25-30% del patrimonio nacional. En los sectores industriales y financieros, la participación del Estado en Francia rebasó el 50% entre 1950 y 1970.

Esto cambió después, durante las épocas de liberalismo rampante de los años ochenta y noventa, cuando las privatizaciones volvieron a disminuir el peso del Estado en la economía.

¿Un cambio de paradigma?

Que hoy Merkel, Macron, Monti, Johnson, Trump, ninguno de ellos comunista ni siquiera socialista, discutan nacionalizaciones parciales para salvar a las empresas, habla solo de la gravedad mortal de la crisis que el capitalismo está padeciendo, comparable con las dos guerras mundiales o la gran depresión de 1929.

A tal punto, que hoy no solo se discute tomar parte de las acciones a cambio de préstamos de rescate, sino que se habla de la posibilidad de que estas empresas o partes importantes de ellas se mantengan como propiedad del estado a través de fondos soberanos u otras variantes.

«¿Por qué no tomar todos los préstamos, volverlos acciones, crear algún formato especial y manejarlas para el beneficio público?», pregunta Financial Times.

«La diferencia es que no estamos ante un problema en un sector de la economía o en algunas empresas, sino de economías enteras. Dados los llamados a un capitalismo inclusivo, deberíamos repensar la idea de que los gobiernos tengan que vender esas acciones tan rápido como sea posible, como sucedió antes», y pensar en fondos soberanos de riqueza, un «fondo a largo plazo de holdings representativos de una economía en el cual todos los ciudadanos tengan acciones».

El exministro del Tesoro británico, Jim O’Neill, propuso una idea similar: la creación de un fondo estatal para tomar acciones de empresas. El modelo a seguir sería algo así como la Corporación Financiera Industrial y Comercial creada después de la Segunda Guerra Mundial.

No hay que espantarse ni asustarse. La tímida propuesta de tomar parte de las acciones de algunas empresas a cambio de ayuda estatal es apenas un recurso de última instancia para salvarlas.

*Sputnik

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