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Argentina encara por una vez a los más ricos para buscar una salida a la crisis

Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Argentina ha puesto en práctica este axioma universal con una inversión estatal de casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la población más azotada por la pandemia del coronavirus.

Por Ana Delicado Palacios*

Pero gastos inusuales convocan la urgencia de ingresos excepcionales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que el PIB de América Latina en 2020 se desplome 5,3 por ciento, la peor caída de su historia. La estimación para Argentina es aun más sombría, al prever un derrumbe del 6,5 por ciento.

El presidente Alberto Fernández ve con buenos ojos un proyecto que espera recaudar unos 3.000 millones de dólares en base a un aporte que abonarían los más acaudalados. El tributo abarcaría a las 12.000 personas que han declarado bienes por más de 200 millones de pesos (casi 3 millones de dólares), con una alícuota inicial de 2 por ciento que subiría de manera progresiva hasta el 3,5 por ciento. Esas grandes fortunas apenas representan el 0,08 por ciento de la población económicamente activa.

Esta medida que no reduce la actividad económica y que el Congreso debería debatir en los próximos días es justa y racional «porque le pide una contribución pequeña al grupo de personas que tiene técnicamente la menor propensión marginal a consumir», explica la doctora en Economía Noemí Brenta. «Una extracción del Estado no cambia en lo más mínimo su consumo ni su vida. Con esos niveles de fortuna, tienen una proyección de consumo absolutamente cubierta, ellos y varias generaciones para adelante».

SUSTENTO

Más de 8.000 integrantes del ámbito académico, científico y universitario han suscrito un documento en el que piden a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Massa y Cristina Fernández respectivamente, que se discuta cómo afrontar los costos de la «crisis sanitaria, económica y social para que estos no recaigan sobre los hombros de los sectores históricamente más vulnerados».

El 10 por ciento de la población más rica obtiene ingresos 2.215 por ciento más elevados que el 10 por ciento más pobre, según cifras oficiales. El quintil más rico de la población es dueño de la mitad de los ingresos del país, destacan los firmantes de la carta. «Según la revista Forbes, las 50 personas más ricas de Argentina poseen fortunas valuadas en unos 57.340 millones de dólares», añaden.

Argentina cuenta con un interesante precedente. En septiembre de 1930, un golpe militar derrocó al Gobierno nacionalista de Hipólito Yrigoyen. Los conservadores que habían sido desplazados por el radicalismo en 1916 retornaron al poder y establecieron un tributo a las ganancias, llamado entonces impuesto a los réditos, en un momento en que el comercio internacional se había desmoronado y la recaudación había caído a la mitad.

«Esto ocurrió con un Gobierno restaurador y de ultraderecha porque el ajuste fiscal de despedir empleados y detener los gastos del Estado no alcanzó para cubrir el déficit, ante la caída impositiva que ocurrió por la Gran Depresión iniciada en los años 30 a nivel mundial», ilustra Brenta.

Ésta apenas fue una excepción en su historia. Argentina es cautiva de una regresividad fiscal agravada por las artimañas financieras que levantan las grandes fortunas para pagar menos impuestos, como las guaridas fiscales. «No son paraísos», aclara la también docente e investigadora. «Generan infiernos en los países de los que se van aunque queden con sus actividades principales».

Esta inequidad estructural se consagró con la dictadura más sangrienta que tuvo Argentina (1976-1983). El entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, «eliminó el impuesto a la herencia justo cuando él estaba cobrando una de su familia, una de las principales élites terratenientes del país», incide la economista.

Argentina nunca más tuvo ese impuesto. Pero el terrorismo de Estado no quedó satisfecho y avasalló con lo que pudo al instaurar un sistema tributario retrógrado que perdura todavía. Los ingresos de los asalariados, que representaban la mitad del PIB, bajaron en 1976 al 30 por ciento.

«El país se hundió en la deuda y se impuso como sentido común la meritocracia, la injusticia social y la degradación de lo público», enumera Brenta. «Nos descompuso como sociedad, nos llevó al individualismo, eliminó la solidaridad y creó la peor pobreza».

El regresivo impuesto al valor agregado (IVA), que en 1975 tenía una alícuota del 10 por ciento, es hoy es del 21 por ciento. El impuesto a las ganancias grava ingresos que apenas se sitúan por encima de la canasta básica.

Habrá quien ponga el grito en el cielo al oír hablar de otro impuesto en Argentina. Se dice a menudo que el país ya tiene una alta carga tributaria. Brenta lo desmiente. «Es un mito», afirma. «Es un poquito más alta que en otros países de América Latina pero es muy inferior a la de países europeos».

A la espera de un debate de fondo sobre su desfavorable esquema recaudatorio, Argentina sigue atenta las iniciativas similares que empiezan a esbozarse en otros países de la región (Brasil) y de Europa (España e Italia). Alemania, tantas veces puesta de ejemplo, instituyó desde la reunificación un «impuesto complementario de solidaridad» que pagan los de mayores ingresos. Ejemplos, sobran. Voluntad, está por verse.

*Sputnik

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