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Diputados demandan a 2 ministros bolivianos por corrupción en compra de gases lacrimógenos

Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia plantearon este viernes un juicio penal contra los ministros de Gobierno y de Defensa por supuesta corrupción en una reciente compra estatal de materiales antidisturbios, en un nuevo escándalo que golpea al Gobierno interino de Jeanine Áñez.

«Hemos presentado esta denuncia por corrupción contra el ministro del terror (Gobierno) Arturo Murillo y su testaferro ministro (de Defensa, Fernando) López, porque le está haciendo su trabajo sucio», dijo a reporteros Franklin Flores, uno de los siete legisladores masistas que firmaron la demanda.

El parlamentario indicó que la demanda fue presentada en la Fiscalía en Materia de Corrupción y busca sanción penal contra ambos ministros por delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

El caso saltó el pasado fin de semana, a partir de una denuncia de prensa que presentó documentos de la compra de gases lacrimógenos realizada en diciembre pasado, menos de un mes después de que se instalara el actual Gobierno transitorio.

Los documentos mostraron que el Gobierno de Bolivia pagó más del doble que los de Venezuela y Ecuador, al mismo proveedor extranjero y otros similares, por iguales productos.

Como agravante, la denuncia del periodista Junior Arias de la red Gigavisión añadió que el proveedor era amigo del jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno y además hijo de un ciudadano estadounidense que hasta 2013 figuraba en registros locales como prófugo de la justicia por un caso de tráfico de armas en 2001.

«Esta denuncia es también un respaldo a la valiente labor periodística del señor Junior Arias y todo el equipo de Gigavisión y todos los periodistas que han estado haciendo seguimiento», dijo el diputado Flores.

Tras una dura reacción inicial del Ministerio de Gobierno y supuestas amenazas de los servicios de seguridad del Estado, Gigavisión dijo el miércoles pasado que dio licencia forzosa a Arias, quien sin embargo reafirmó su denuncia tras un intento gubernamental de justificación del negocio.

La actitud del Gobierno ante la denuncia periodística fue calificada a como atropello a la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información por la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales.

Las asociaciones bolivianas de periodistas y de propietarios de medios no se han pronunciado sobre el caso.

Sputnik

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