El Gobierno español cree que la gestión de Madrid en las residencias pudo ser ilegal

El vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, volvió a mostrarse muy crítico este martes con la gestión de las autoridades madrileñas en las residencias de mayores, donde se emitieron órdenes para no derivar a los ancianos a hospitales durante la crisis sanitaria del covid-19, algo que a su modo de ver puede ser incluso constitutivo de delito.

“Es un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales, y de hecho muchas familias de los ancianos ya están emprendiendo acciones legales”, dijo este martes Iglesias.

Según publica el diario El País, a finales de marzo la Comunidad de Madrid –gobernada por el conservador Partido Popular en coalición con los liberales de Ciudadanos– comunicó hasta en cuatro ocasiones a residencias y hospitales unos protocolos de triaje que descartaban la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con covid-19.

Los datos más recientes de la Consejería de Políticas Sociales de Madrid calculan que desde el 8 de marzo hasta 5.986 personas enfermas con covid-19 o síntomas compatibles fallecieron en residencias de ancianos.

Un 88 por cientos de esas muertes se produjo hasta el 17 de abril, el periodo en que los hospitales habrían estado aplicando las restricciones en los triajes.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, niega la existencia de esos protocolos y afirma que los procedimientos referidos eran “borradores” que no llegaron a aplicarse.

Sin embargo, el propio consejero de Políticas Sociales del Gobierno madrileño, Alberto Reyero, reconoció en declaraciones a la radio pública RNE la existencia de protocolos que tuvieron “consecuencias” sobre “la escasa derivación” de estos colectivos a hospitales.

De hecho, el propio Reyero –perteneciente a Ciudadanos– llegó a afirmar en el parlamento regional que excluir a los pacientes en función de su edad o de discapacidades “no es ético y posiblemente no sea legal”

“Se sigue acreditando que hubo una orden para prohibir la atención en los hospitales de ancianos que llegaban de las residencias, evidentemente es grave, y ojo, no lo está diciendo el Gobierno de España, sino el de Ayuso”, insistió este martes Pablo Iglesias.

Estas palabras del vicepresidente del Gobierno agrandan la brecha entre el Palacio de la Moncloa y los dirigentes de Madrid, que ya protagonizaron varios episodios de enfrentamiento durante el desarrollo de la epidemia de covid-19.

Ayuso incluso apuntó en las últimas horas que se encuentra estudiando la posibilidad de adoptar acciones legales contra Iglesias porque, a su modo de ver, el vicepresidente está intentando “politizar el dolor” de las víctimas y “si hay algo que parece criminal son sus declaraciones”.

Sputnik

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